La Constitución cumple años con la batalla por blindar la sanidad universal

Que solo se haya modificado en tres ocasiones y con correcciones esencialmente técnicas da buena muestra de la rigidez de la Constitución española, aunque no han faltado quienes, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, han defendido abiertamente la necesidad de actualizarla. También en el plano sanitario. Hay ejemplos muy recientes, como esa propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de blindar la legitimidad del aborto otorgándole “el máximo rango jurídico posible”. No existe consenso político acerca de si la Carta Magna merece una reforma que consagre a la salud “como un derecho fundamental”, pero sí sobre que el futuro de la sanidad pende, más que nunca, de las decisiones que se adopten en gobiernos y Cortes Generales.

Cabe recordar que el derecho a la salud está recogido en el artículo 43 del título primero de la Constitución, que este 6 de diciembre celebra su Día Nacional. En el mismo se incide en que compete a los poderes públicos “organizar y tutelar” la sanidad “a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios sanitarios”. La Ley, concluye, marcará “los derechos y deberes de todos al respecto”.

"Nuestro sistema sanitario se merece una reforma que lo consagre como derecho fundamental y no como principo rector"

El debate entre quienes defienden una actualización en clave sanitaria de la Constitución española se focaliza especialmente sobre la necesidad de “consagrar” la salud como un derecho fundamental expreso, no como un principio rector. Es decir, que trascienda su actual estatus, que lo limita a ser una ‘guía’ que requiere del debido desarrollo por parte de las administraciones y el propio Gobierno central.

¿Una sanidad “universal” en la Carta Magna?

A juicio de Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, la Carta Magna “merece” esa revisión para que el apartado relativo a la salud “incorpore elementos relacionados con la atención y la cobertura sanitaria universal”. No obstante, concede que “el futuro del sistema sanitario no se juega en la Constitución”. “Aunque pudiera ser un elemento de mayor protección, juega en una sección cotidiana y en la legislación que marca el conjunto de las prácticas del sistema”, apunta a Redacción Médica.

Hacia el blindaje de la universalidad del SNS dirigen también el foco desde el grupo de Sumar en el Congreso. Su portavoz sanitaria, Alda Recas, incide en que más allá de la conveniencia o no de retocar la Carta Magna, el reto es trabajar “para que la protección de la salud sea una realidad en todo el territorio” con el “desarrollo normativo necesario” y “aportando por la capacidad del Estado” en la materia.

“En su momento fue valiente y significativo la apuesta de incluir la protección de la salud en la Constitución y es la responsabilidad de todos y todas desarrollar ese principio rector en todas las políticas y todas las normas”, destaca.

El PSOE ya promovió en el pasado reciente avanzar hacia la reconcepción de la sanidad en la Constitución como derecho fundamental, de forma que el SNS fuese “público, universal, gratuito y de calidad”. No obstante, la propuesta quedó orillada y nunca llegó a haber una propuesta en firme. Los socialistas destacan los avances en el acorazado sanitario de la Constitución, como demuestra, apuntan, su impulso a la inclusión de la alusión al aborto. Se trata, subrayan, de un nuevo paso hacia un SNS "público, universal y gratuito".

El ‘reto’ de financiar adecuadamente la sanidad

La realidad es que existe cierto consenso en torno a la idea de que la Constitución es lo suficientemente férrea como para hacer frente a los retos que supone la sanidad, independientemente de que finalmente se encaje el derecho al aborto o incluso a la eutanasia. Aunque para el Partido Popular, el verdadero desafío no es otro que “garantizar los servicios públicos de calidad y en igualdad para todos los españoles”. En palabras de Carmen Funez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, ello implica garantizar “los recursos económicos y humanos suficientes ante el previsible aumento de la población y su también previsible envejecimiento”.

"La Constitución Española de 1978 no solo es que ‘aguante’ estos retos, sino es que es garantía de poder afrontarlos en condiciones de igualdado"

“La Constitución Española de 1978 no solo es que ‘aguante’ estos retos, sino es que es garantía de poder afrontarlos en condiciones de igualdad -defiende-. Todo esto queda meridianamente claro, por ejemplo, en el artículo 14, donde se garantiza la igualdad de todos los españoles; en el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud y responsabiliza a los poderes públicos de ofrecer las medidas, prestaciones y servicios necesarios; o en el artículo 158, que obliga a que, desde los Presupuestos Generales del Estado, se presten los servicios públicos fundamentales en todo el territorio”.

La propia Funez concluye que la Carta Magna “garantiza” los retos de futuro del SNS. “Quien no es capaz de responder es el Gobierno de Sánchez, que está más pendiente de confrontar y de polemizar, que de proveer unos servicios públicos de calidad a través de unos Presupuestos Generales del Estado”.