La Agencia de Salud Pública cae en el Congreso por el no 'sorpresa' del PP

El proyecto se ha topado también con la negativa de Junts, que se suma a la de Vox

Mónica García, ministra de Sanidad.

20 mar 2025. 12.30H
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Sorpresa mayúscula en el Congreso de los Diputados. El proyecto de Ley para la creación de la  Agencia Estatal de Salud Pública ha sido rechazado en el pleno de este jueves por 167 votos a favor y 176 en contra (y dos abstenciones). El centro, llamado a reforzar la capacidad de vigilancia de España ante amenazas sanitarias y a mejorar la coordinación entre comunidades autónomas y que llevaba 14 años ‘en el cajón’ de la Cámara, frena en seco su tramitación tras el ‘no’ de última hora del Partido Popular y Junts per Catalunya, que se suma al de Vox. Un desenlace que se produce tras un debate bronco en el que los grupos que sustentan al Gobierno y la oposición se han cruzado acusaciones y reproches por la gestión de la pandemia y el alcance competencial de la norma. 

El debate sobre la conveniencia de este centro nacional de Salud Pública, que llevaba más de 14 años ‘en el cajón’ del Congreso, se intensificó tras la pandemia del Covid-19, que expuso las debilidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) para contener este tipo de amenazas. El proyecto de Ley que ha llegado este jueves al pleno dictaba, en este sentido, que la experiencia acumulada durante la crisis “desató la conveniencia de crear estructuras organizativas y operativas ágiles, autónomas y eficaces, capaces de hacer frente a los nuevos riesgos que pudiesen surgir en el futuro”. El Ministerio de Sanidad tendría ahora una ventana de seis meses para configurar el estatuto de la Agencia.

El resultado de la votación que ha tenido lugar este jueves en el Congreso contrasta con la que se produjo hace apenas una semana, en la Comisión de Sanidad de la Cámara, que aprobó el dictamen para la creación de la Agencia aunque rechazó el grueso de las enmiendas inicialmente presentadas, incluida la reserva estratégica propuesta por el Partido Popular.

Pocos, o muy pocos, esperaban el desenlace de esta votación. Ni siquiera la ministra de Sanidad, Mónica García, quien desde la tribuna celebraba que España daba hoy “un paso histórico”. “La salud pública es un poco menos invisible”, apostillaba la mandataria progresista tras afirmar que esta Agencia constituye “una agencia pendiente” de la política española desde que hace casi tres lustros se aprobara la Ley de salud pública. “Vamos a construir un sistema de prevención capaz de anticiparse a los desafíos del siglo XXI -ha apuntado-. A pesar de la fealdad del momento, de lo que hemos vivido aquí, debería ser un día de júbilo”.

La ministra se refería de esta forma a la bronquedad del debate que ha tenido lugar en el Hemiciclo, donde la oposición al Ejecutivo ha denunciado las posibles carencias de una Agencia que llega “sin financiación” (como la Ley ELA), y sin “garantía de independencia”. Son palabras de la diputada popular Mar Vázquez, que ha acusado al Gobierno de tejer “una cortina de humo” para enmascarar “vergüenzas” como el ‘caso Koldo’ y la supuesta compraventa irregular de material sanitario durante la pandemia del covid. “Mientras los profesionales de salud luchaban con mascarillas defectuosas, otra gente se forraba con contratos escandalosos”, ha incidido la dirigente del PP, quien ha sugerido que su grupo trataría de “mejorar el texto en el Senado”, donde tiene mayoría.

Agencia de Salud Pública y competencias autonómicas


Buena parte del debate ha vuelto a girar en torno a la necesidad de blindar las competencias de las comunidades autónomas, cuestión que ha sido objeto de las enmiendas transaccionales presentadas por los grupos nacionalistas y soberanistas de la Cámara.

En este sentido, el proyecto de Ley zanja que la Agencia, ente adscrito al Ministerio de Sanidad, “ejercerá sus funciones en concurrencia con las de las demás administraciones y organismos competentes en materia de salud pública, con los que actuará colaborativamente y conforme a la legislación que sea de aplicación en cada caso, estableciendo los oportunos cauces de relación y cooperación bilateral y multilateral para el ejercicio de las mismas”.

Lo cierto es que Maribel Vaquero, del PNV, ha puesto en valor las enmiendas que su grupo había acordado con Junts per Catalunya. “Ha requerido su tiempo, aunar diferentes sensibilidades políticas y una visión compartida de lo que son las competencias de las comunidades autónomas”, ha destacado.

Más previsible era el voto en contra de Vox. Su portavoz en la Comisión de Sanidad, David García, ha vuelto a denunciar la incapacidad que tendría la Agencia Estatal de Salud Pública para maniobrar en un país con 17 administraciones autonómicas “No servirá de nada”. También ha recriminado al Ejecutivo su actuación durante la pandemia: “Nos encerraron ilegalmente por un comité de expertos que no existía; los únicos que salieron más fuetes fueron ustedes y su corruptela”, ha manifestado.

Fernando Simón, ¿director de la Agencia de Salud Pública?


Si hubiera derecho a la intervención por alusiones, bien podría haberlo pedido el epidemiólogo Fernando Simón, presente en la sesión del Congreso, cuya actuación durante la pandemia del coronavirus ha sido objeto de alabanzas por parte de PSOE y Sumar y de reproches desde las bancadas de la oposición. Hay quienes, desde la tribuna, han deslizado la posibilidad de que sea el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias el máximo responsable de la Agencia de Salud Pública, aunque lo cierto es que este cargo aún no está decidido, pues habría que convocar un concurso público.

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