Junts insiste en vetar la Ley de Gestión Pública: "Hay cambios estéticos"

Los cambios introducidos en el proyecto de Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud respecto a su versión anterior, el anteproyecto, no han seducido a la bancada de Junts en el Congreso. Redacción Médica avanzó en marzo la intención de los nacionalistas catalanes de registrar una enmienda a la totalidad cuando el texto, cuya tramitación parlamentaria aún no había comenzado, llegara a las Cortes. El partido veía amenazado el modelo de conciertos sanitarios que abunda en Cataluña, la comunidad autónoma que más dinero destina a este tipo de externalizaciones bajo el argumento de que el Estado infrafinancia la sanidad pública. Previa negociación con la Generalitat catalana, el Ministerio de Sanidad incluyó varios matices en el anteproyecto, especificando, entre otras cosas, que la ley, de entrar en vigor, no afectará a los conciertos ya vigentes, tal y como publicó en primicia este periódico. Sin embargo, fuentes de Junts consultadas por este medio aseguran que ese movimiento es insuficiente y que los últimos cambios que contiene el texto aprobado por el Consejo de Ministros a mediados de mayo son “estéticos”. “Estamos preparando ya enmienda a la totalidad”, subrayan.

Los votos de los de Carles Puigdemont siguen siendo fundamentales para avalar o tumbar cualquier iniciativa legislativa en el Congreso, más allá de que aprobar cualquier ley se antoje ahora quimérico. Si al Gobierno ya le estaba resultando complicado aunar apoyos suficientes en la Cámara Baja, los últimos movimientos judiciales que han salpicado directamente al PSOE, con la investigación al expresidente Zapatero en relación al rescate de Plus Ultra y el registro en Ferraz por el caso de la fontanera Leire Díez, han hecho que algunos socios de investidura tomen distancia con el Gobierno, incluso pidiendo la convocatoria de elecciones anticipadas, como es el caso de un PNV cada vez más crítico con el Ejecutivo. No obstante, los nacionalistas vascos rehúsan hacer aún valoraciones sobre el proyecto de Ley de Gestión Pública. Fuentes del grupo parlamentario explican a Redacción Médica que, por el alto volumen de proyectos legislativos procedentes de Sanidad que hay ahora mismo en el Congreso, ni siquiera se han sentado todavía a estudiar el texto.

Las claves del proyecto "inaceptables" para Junts

Aunque Mónica García se apresuró desde el primer momento a aclarar que la futura ley no afectaría al modelo catalán de conciertos, en Junts no tardaron en contradecir esa versión una vez el anteproyecto de ley se publicó, en febrero, para ser sometido a audiencia pública. Consultadas por este periódico allá por marzo, voces de peso de la fuerza independentista tenían marcadas en rojo varias claves de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) para condenar la propuesta, sobre todo la siguiente: “Se clarifica y organiza en una única sede normativa la relación de los modelos de gestión indirecta, que deberán estar debidamente motivados y ser sometidos a un procedimiento de evaluación previa”. Junts interpretaba ese fragmento como un viraje hacia la centralización o hacia la pérdida de competencias de las comunidades autónomas, lo cual consideraban “inaceptable”. “Se carga el modelo. El Estatut de Autonomía dice claramente que la parte de planificación y organización es de la Generalitat”, subrayaban estas fuentes.

Por entonces, en el anteproyecto se indicaba que la ley no afectaría a los expedientes de “conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas de colaboración” para prestar servicios sanitarios que se hubieran iniciado antes de su entrada en vigor. Sin embargo, en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros se añadió que la norma tampoco se aplicará a los conciertos y concesiones ya en ejecución. Además, se establece que tanto la documentación justificativa que se remita a los órganos que tendrán que evaluar las propuestas de concesión como los informes que tendrán que redactar estos deberán respetar el marco de “la normativa autonómica de desarrollo”. Pero en Junts son tajantes al respecto: “Los cambios son estéticos”. El otro partido nacionalista catalán en el Congreso, ERC, dice estar aún analizando el texto y que, “como siempre”, pondrá “especial atención al respeto de las competencias”.

Vox ataca a la "criminalización" de la colaboración público-privada

Sin aclarar si, como Junts, también registrarán enmienda a la totalidad o no, en Vox rechazan de plano el proyecto. Fuentes del partido lo califican como “otra de las leyes ideológicas promulgadas por Mónica García” que, según los de Santiago Abascal, “tiene como objeto la criminalización de la colaboración público‑privada”. “Desde Vox la consideraríamos profundamente dañina para la libertad, la eficiencia y la sostenibilidad real del sistema”, remarcan.

Para el grupo parlamentario ultraconservador, el hecho de que se quiera relegar la gestión indirecta de los servicios sanitarios a algo “excepcional”, “supone una apuesta por un único modelo, con rasgos comunistoides, que intenta invisibilizar y anular hospitales y servicios que actualmente están externalizados y que funcionan mejor que los gestionados por las diversas administraciones públicas”. A su juicio, el hecho de convertir en “sospechosa” cualquier colaboración con empresas privadas “desincentiva la inversión, la innovación tecnológica y la competencia que podrían mejorar resultados y reducir costes”.

En Vox siempre han defendido la necesidad de descentralizar del sistema sanitario, pero ahora critican que en el proyecto de ley se refuercen “la burocracia y el intervencionismo” con “comités, memorias justificativas, informes públicos y nuevos indicadores comunes que condicionan cómo organizan sus servicios las comunidades autónomas”. Por otro lado, lamentan que se priorice a entidades “sin ánimo de lucro” en la contratación sanitaria “frente a empresas competitivas” por “prejuicio ideológico”.

“Se impone una visión estatista que ignora la libertad de elección del paciente, niega la evidencia de que distintos modelos pueden coexistir y funcionar, y blinda un monopolio público que ya hoy es incapaz de garantizar listas de espera razonables y atención oportuna. Desde Vox volvemos a repetir: la gestión pública no garantiza una buena gestión, más tratándose del Gobierno sociocomunista. Defendemos menos dogma estatal y más libertad, competencia y responsabilidad en la sanidad”, concluyen.

Son más laxos en el PP. El principal partido de la oposición prefiere no pronunciarse todavía respecto al proyecto de ley al entender que Mónica García quiere usarlo como baza electoral de Más Madrid de cara a las próximas elecciones autonómicas. “No vamos a participar en sus actos de campaña”, trasladan fuentes de la formación.