Igualdad idea un perímetro de seguridad para evitar escraches antiaborto

El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, estudia la posibilidad de establecer perímetros de seguridad en el entorno de clínicas que practican abortos para evitar concentraciones y actos de hostigamiento hacia las mujeres que acuden a esos centros y sus propios trabajadores sanitarios. Lo ha dicho Ana Redondo al responder a una pregunta en el Congreso de la diputada de Bildu Isabel Pozueta, que ha reclamado medidas para asegurar “el derecho al acceso libre, seguro, confidencial y digno” a clínicas habilitadas para la interrupción voluntaria del embarazo. El anuncio de Redondo coincide con una de las propuestas de Sumar en la Proposición de Ley registrada la semana pasada para mejorar la protección frente a escraches antiabortistas.

Según Redondo, no cabe dudar del “compromiso” del Gobierno “con la dignidad de las mujeres y con sus derechos”: “Hemos defendido históricamente, defendemos y defenderemos la libertad y la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de legalidad, de equidad y de seguridad en todo el territorio”. La ministra de Igualdad ha recordando que se sigue trabajando para blindar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución. La Comisión Permanente del Consejo de Estado aprobó recientemente su dictamen sobre la propuesta de reforma del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, aunque el informe, que no es vinculante, aún ha recibir el visto bueno del pleno del órgano consultivo del Gobierno.

El Ejecutivo, de acuerdo a Redondo, también está centrado en garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos, “la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción”. La actual ley del aborto -con la reforma impulsada en 2023 por la exministra de Igualdad Irene Montero- da preferencia al acceso “efectivo y oportuno” a la interrupción voluntaria del embarazo en los servicios públicos, pero también da la opción a que, “excepcionalmente”, se reconozca el derecho a acudir a cualquier centro acreditado cuando “la administración pública sanitaria no pudiera facilitar en tiempo la prestación”.

Mientras siga existiendo esa posibilidad, el Gobierno no descarta fijar zonas de seguridad en torno a los centros sanitarios en los que se practican abortos. La idea, según la ministra, es “evitar la ubicación de entidades y asociaciones antiabortistas que lo único que pretenden es coaccionar, hostigar y limitar el derecho de las mujeres”. El artículo 172 quater del Código Penal ya establece un castigo de entre tres meses un año de cárcel a quien acose a una mujer para “obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo” mediante “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”.

Pero, de acuerdo a Pozueta, ese artículo “no garantiza la seguridad” en tanto en cuanto se siguen produciendo concentraciones de este tipo. “Le proponemos que tomen medidas de manera urgente, comenzando por establecer esos perímetros de protección a los centros sanitarios”, ha reclamado a Redondo.

La propuesta de Sumar para proteger el derecho al aborto

En su Proposición de Ley, Sumar plantea una definición más concreta de los actos intimidatorios reflejados en el Código Penal después de que “recientes resoluciones judiciales” hayan “interpretado de forma restrictiva” el artículo 172 quater, “excluyendo de su ámbito de aplicación determinadas concentraciones, rezos colectivos o actos de presencia continuada en las inmediaciones de las clínicas cuando estos se presentan como ‘protestas pacíficas’ o como ejercicio de la libertad ideológica y religiosa”.

Por eso el partido propone que se reconozcan como medidas de presión las “concentraciones, manifestaciones, actos de presencia organizada o espontáneas, vigilias, expresiones colectivas o individuales, o cualquier otra conducta de análoga naturaleza”, independientemente de que su motivación sea “ideológica, religiosa o moral”. También quiere que se prohíban esos escraches a menos de 200 metros de las clínicas dedicadas a la interrupción voluntaria del embarazo.

Aunque ahora Redondo ha abrazado esta última medida, no ha aportado ningún detalle sobre cómo piensa hacerla efectiva. “Somos una amplia mayoría política y social la que defendemos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Ni un paso atrás frente a quienes quieren limitar y cercenar la libertad de las mujeres. Seguimos ampliando y garantizando los derechos con nuevas medidas y con el blindaje del aborto en la Constitución del 78”, se ha limitado a reiterar.