Homologación de títulos y gestión MIR, cesiones de Sánchez al nacionalismo

Los acuerdos del PSOE con Junts per Cat, PNV y Coalición Canaria (CC) anunciados este jueves -el primero- y este viernes -los dos siguientes- han terminado por despejar de forma definitiva el camino hacia la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en una última semana frenética. Antes de ello llegaron los pactos con otras dos fuerzas nacionalistas, a saber, el otro partido independentista catalán con representación en el Congreso de los Diputados, ERC, y los gallegos del BNG. Más allá de la propia investidura, sobre la mesa se habían puesto reivindicaciones históricas respecto a competencias en materia de sanidad en esas cuatro regiones: Cataluña, País Vasco, Galicia y las Islas Canarias. Y aunque el debate en torno a la futura ley de amnistía y otros aspectos vinculados al procés han marcado las últimas negociaciones, los acuerdos finales recogen algunos aspectos vitales en clave sanitaria.

La transferencia de las competencias de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) a Cataluña era una de las reclamaciones más repetidas en los últimos años por los partidos catalanistas. Y pese a que esa medida no aparece de forma expresa en ninguno de los sendos acuerdos firmados con cada una de las dos fuerzas independentistas, en el documento de investidura sellado entre Junts y el PSOE, los socialistas se comprometen a defender “el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006", regulado en la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, y en cuyo artículo 162 se recogen aspectos vinculados a sanidad, salud pública, ordenación farmacéutica y productos farmacéuticos.

En concreto, se establece que la Generalitat asumirá la competencia exclusiva “sobre la organización y el funcionamiento interno, la evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimiento sanitarios”. También se le concede al Gobierno catalán la ordenación farmacéutica.

Por último, se reconoce la competencia compartida en varios puntos: la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de “las prestaciones y los servicios sanitarios, sociosanitarios y de salud mental de carácter público” y de las “medidas y las actuaciones destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos”, además de la planificación de los recursos sanitarios públicos y la gestión de la FSE.

Galicia abre la puerta a la transferencia del MIR

Algo parecido ocurre con el acuerdo suscrito entre el PSOE y el BNG el pasado lunes, un documento entre cuyos 22 puntos se incluye “la activación de la totalidad de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Galicia”. Fuentes de la fuerza nacionalista gallega explicaron a Redacción Médica que el hecho de que no se mencione de forma expresa la cesión de la FSE responde a que el parlamento regional lo descartó en su momento. Sin embargo, la futura convocatoria de elecciones en Galicia conlleva la posibilidad de que cambie el panorama político en la Cámara autonómica, lo cual abre la puerta a que sí se haga efectivo ese traspaso en la gestión del MIR, el EIR y el resto de especialidades.

Cabe resaltar que uno de los primeros de los 'síes' que se aseguraron los de Sánchez fue el de EH Bildu, que, en su programa electoral no contemplaba la cesión de la FSE al País Vasco, como sí hicieron otros partidos regionalistas.

Más competencias en investigación y universidades

El acuerdo de investidura entre PSOE y ERC es más ‘tibio’ en lo que a políticas de sanidad se refiere. Aunque se logró pactar la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de investigación científica y técnica, tal y como también se recoge en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el documento no va más allá en cuanto a otras medidas de carácter sanitario. Y ello a pesar de que, tal y como avanzó este medio a primeros de octubre, uno de los asuntos capitales de negociación que habían puesto sobre la mesa los de Oriol Junqueras era asegurar "el bienestar de la población", aspecto en el que se enmarcaban el ampliamente aludido "déficit fiscal" y los traspasos de competencias pendientes, entre las que, como se ha indicado, también se halla la gestión de la FSE.

Otro aspecto recogido en el documento es la aplicación del artículo 172 del Estatut, que abarca el ámbito de las universidades, en cuyo desglose se recogen, entre otras medidas, la cesión a la Generalitat de la coordinación de los procedimientos de acceso a las universidades, lo cual afectará a los estudiantes que pretendan matricularse en Medicina, Enfermería y otros grados de la rama sanitaria.

En el pacto entre PNV y PSOE, los de Andoni Ortuzar también se han asegurado este viernes la transferencia de "las competencias pendientes" al País Vasco en un plazo "improrrogable" de dos años. No obstante, se da prioridad a la cesión en tres meses de aspectos como la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros, entre los que se hallan especialidades sanitarias como Medicina, Enfermería, Nutrición y Fisioterapia.

Solución al sobrecoste de la insularidad canaria

En el último de los pactos de investidura firmados por el PSOE, CC ha logrado incluir una de las principales exigencias que los de Fernando Clavijo ya trasladaron a este medio el pasado verano: "la valoración del sobrecoste sanitario vinculado a la insularidad y la lejanía, propio del único territorio
ultraperiférico que tiene España". Además de ello, los socialistas se han comprometido a reforzar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) las "partidas destinadas a la atención a la salud mental en Canarias".

El pacto con el partido regionalista canario también fija un plazo de dos años para trazar "un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera de servicios públicos básicos", entre los que se incluye la sanidad, la educación y los servicios sociales y de dependencia", con absoluta separación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que ya garantiza, de por sí, que las "limitaciones estructurales permanentes" fruto de "la lejanía y la insularidad" de la región canaria se compensan "a través de políticas específicas y suficientes".