Gobierno y oposición siguen trabajando en la forma de encajar en la futura
Ley Orgánica del Sistema Universitario medidas que agilicen y simplifiquen la
homologación de títulos extranjeros, incluidos los del ámbito médico. En la batería de
enmiendas registrada por los partidos en el Congreso se evidencian, no obstante, las diferencias sobre el modelo, especialmente sobre los aspectos que atañen a las competencias de autonomías y de los propios centros.
En torno a esta problemática gira una de las enmiendas presentadas por el
Partido Popular, que advierte, en una enmienda de totalidad, de que la ausencia de un marco común en las acreditaciones “genera
problemas de equidad y de homologación”, entre otros. De forma paralela, los populares reclaman en una enmienda de adición que se desarrolle “un procedimiento de urgencia” para el bloqueo de expedientes de equivalencia que cuente con el “auxilio” de la Aneca y de las propias universidades.
Las principales reivindicaciones en este apartado las suscriben formaciones autonómicas. Es el caso del PNV, que propone en una de sus enmiendas variar el artículo 10 de la Ley de forma que la coordinación del proceso de
homologación y el reconocimiento de títulos oficiales sea
competencia de las propias comunidades.
En esta línea, EH Bildu reclama la transferencia de “las competencias de expedición, homologación y convalidación” de títulos universitarios a las
comunidades vasca y navarra “en función de lo estipulado” en sus respectivos estatutos autonómicos. “Sería una ampliación de la transferencia ya realizada en enseñanza no universitaria”, apunta.
Desde el grupo plural,
Ferran Bel y Sergi Miquel (grupo parlamentario catalán) reclaman que los centros acreditados institucionalmente “sean autónomos para elaborar el informe de verificación de acuerdo con los procedimientos acreditados por las agencias de calidad”.
En otra enmienda, los dirigentes catalanes inciden en que la
Aneca y las agencias autonómicas de calidad deberán “participar en la gestión de los procedimientos de homologación y reconocimiento de equivalencias a títulos universitarios españoles y de correspondencia de nivel académico”.
Reconocimiento automático del título
Pero no son estas las únicas demandas de los partidos de cara a la Ley de Universidades. En otra enmienda,
Joan Baldoví (Compromís) aboga por que los grados y másteres universitarios expedidos en territorios “con los que existan acuerdos de reciprocidad” serán equivalentes a todos los efectos “a aquellos expedidos por universidades españolas”.
“España es uno de los pocos países del Espacio Superior de Educación Europeo que no aplica un reconocimiento inmediato de la titulación. El
reconocimiento automático del título se da también en países punteros en investigación como los
Estados Unidos, China o el Reino Unido”, defiende el dirigente de Compromís.
En la misma línea, Ciudadanos aboga por que los títulos de doctorado expedidos por universidades extranjeras del
Espacio Europeo de Educación Superior, Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Nueva Zelanda, el Reino Unido, la República de Corea “y de todos aquellos Estados con los que España celebre tratados internacionales con este fin” serán equivalentes.
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