El Ministerio de Sanidad descarta la creación de un
registro nacional de sanitarios objetores de conciencia en materia de eutanasia
a través de Colegios profesionales. El área que dirige Carolina Darias indica que la responsabilidad única de este tipo de listas recae sobre las comunidades autónomas, que son las que “aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir”.
Así lo explica el el Gobierno
en una respuesta parlamentaria dirigida a Vox, que interpeló al Gobierno acerca de si existen previsiones “acerca de promover un registro de objetores
que aúne a los profesionales de la sanidad pública y privada”.
A este respecto, el Ejecutivo incide en que “son las administraciones sanitarias de las comunidades y ciudades autónomas las que deben crear un Registro de profesionales sanitarios” objetores de conciencia, cuyo objetivo, añade, “es facilitar la información a la administración para
garantizar la correcta gestión de esta prestación de ayuda a morir”.
En este sentido, incide en que “no está previsto promover la interoperabilidad de dicho registro a nivel nacional a través de las organizaciones profesionales sanitarias”, como pueden ser los
Consejos Generales de Colegios de Médicos o Enfermeros.
Objetar con libertad
En la misma nota, Sanidad recuerda que el
“Manual de buenas prácticas en eutanasia” recoge que “el profesional sanitario
siempre puede objetar con libertad” y que tiene “derecho a ser informado sobre la naturaleza y funcionamiento del registro de su comunidad autónoma”. “En especial, del uso de sus datos personales”, señala.
“Por último, se informa que no podrá discriminarse a ningún profesional sanitario que haya declarado su condición de objetor de conciencia ni se podrán plantear exigencias,
imponer consecuencias negativas ni generar ninguna clase de incentivos que busquen el desistimiento o la revocación de la objeción”, concluye.
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