Dicho y hecho. El
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha editado un documento marco que fija las bases para ampliar el grado de participación profesional y ciudadana en la estructuración y la gestión de la Administración. Era uno de los principales objetivos del departamento no sólo para esta legislatura, sino de cara a un horizonte más amplio, tal y como anunció el titular de la cartera,
José Luis Escrivá, en la
Comisión de Función Pública del Senado en la que compareció para detallar las líneas básicas de su proyecto ministerial. Entre otros aspectos, esa apuesta por la transparencia implicaba otorgar más autonomía a los
gestores sanitarios del ente público, reorganizar los
recursos humanos y simplificar los procesos de las Ofertas Públicas de Empleo (
OPE).
Bajo el título
Consenso por una Administración Abierta, el documento marco, que estará en consulta pública hasta el 30 de abril, constituye, según se indica en su introducción, una “hoja de ruta para la transformación establecida de forma participativa con todos los sectores interesados a través de una
metodología innovadora”. Dividida en seis principios -institucionalización, participación, innovación, transparencia, evaluación y alineación-, fija un cronograma de aquí a 2026 que distingue cuatro fases a completar en 2024 -preparación, ideación, participación y prototipado-, para pasar en 2025 a la etapa de “despliegue de los proyectos con arreglo a la planificación” y en 2026 a la de evaluación externa ex post.
En el texto se subraya la intención de
eliminar la tasa de reposición, tal y como ya anunció Escrivá, para “partir de la cartera de servicios propia de una democracia avanzada en un estado de bienestar madura y diseñar las plantillas en el marco de los escenarios
presupuestarios plurianuales fijados por la
Unión Europea”.
En este sentido, y en consonancia con lo manifestado por el ministro en la reciente Comisión de Función Pública, se indica que “la microgestión y el control ex ante” han de dejarse atrás para “dar paso a un
modelo de autonomía" para los gestores de cara a que estos "puedan
optimizar el capital humano de las organizaciones”.
Precisamente la “
planificación estratégica de recursos humanos” cuenta con un papel protagónico en esta iniciativa de reformas en la Función Pública. No en vano, se considera que, si se alinea con la planificación presupuestaria y los planes de actuación de ministerios, organismos y entidades públicas, se erige en “palanca de transformación” que “anticipa, aprovecha y lidera los cambios que supone para las funciones, los puestos de trabajo y la
organización de los servicios públicos” y, además, “permite una gestión por competencias de recursos humanos”.
Al respecto, también se indica, de acuerdo a lo avanzado por Escrivá en su momento, que la
organización administrativa ha de estructurarse “en funciones, procesos y tareas que ordenen los flujos de trabajo y los recursos humanos y tecnológicos disponibles” para ser capaz de “afrontar los futuros desafíos”.
Tomando todo ello como base, con el documento marco desde Transformación Digital y Función Pública se pretende, entre otras cosas, “contribuir a la mejora de la prestación de los servicios públicos y de las condiciones de trabajo mediante el
diálogo social, la consulta regular sobre el bienestar y compromiso del personal empleado público, así como la disponibilidad de datos y estudios para observar la evolución del
empleo público en su conjunto”.
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