La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado ha debatido este martes la moción presentada por el Grupo Parlamentario Plural (GPPLU) para impulsar la creación del
Grado Universitario en Imagen Médica y Radioterapia, con el objetivo de
actualizar la formación profesional a estándares europeos y mejorar la seguridad clínica. La propuesta ha contado con un amplio consenso de todos los grupos parlamentarios, que han coincidido en la necesidad de
modernizar la capacitación de los técnicos y garantizar la calidad asistencial. Sin embargo, la medida al final no ha salido adelante.
El PSOE ha presentado una enmienda formal para ajustar la iniciativa al
marco de autonomía universitaria y al proceso de verificación de títulos, pero tanto el grupo proponente como el resto de portavoces han apoyado la actualización de la formación. Otros grupos parlamentarios, como el de Izquierda Confederal (GPIC), el Grupo Vasco (GPV) y el Grupo Plural, también han destacado la relevancia del grado para la
movilidad internacional de los profesionales, la seguridad radiológica y la excelencia en la atención a los pacientes, evidenciando un consenso casi unánime sobre la urgencia de implementar este nuevo título universitario.
Pero, en la votación final, la moción ha sido rechazada con
17 votos en contra y 13 a favor, reflejando que varios grupos parlamentarios han priorizado respetar la autonomía universitaria y los trámites administrativos previos para la creación de nuevos títulos oficiales.
Una cuestión de seguridad
El PSOE ha presentado una enmienda formal, defendida por Eva María Redondo Gamero, del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), para adecuar la propuesta al marco de
autonomía universitaria: "La creación de una titulación universitaria oficial no se realiza a instancias del Gobierno, sino de las universidades solicitantes. Hemos propuesto esta enmienda que tan solo modifica el sentido del primer punto de la moción, estableciendo que l
as universidades inicien de forma inmediata los trámites necesarios".
El senador Joan Baptista Bagué Roura (GPPLU) ha defendido
la urgencia de la medida: "España sigue siendo de los pocos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los que
no se reconoce este grado" Así, ha añadido que la actualización no solo es profesional, sino de seguridad: "El
uso de radiaciones ionizantes en Medicina representa más del 90 por ciento de la exposición humana a este tipo de riesgo, por lo que el factor de capacitación de los profesionales representa
una aplicación que debe ser integral, rigurosa y universitaria".
Adaptarse a los avances científicos
Otros portavoces han coincidido en la relevancia del grado. Es el caso de Fabián Chinea Correa (GPIC) ha afirmado que no se trata solo "de mejorar simplemente la formación, sino de
garantizar estándares de calidad, reforzar la seguridad radiológica y responder a la creciente complejidad de los procedimientos clínicos". Por su parte, Luis Jesús Uribe-Etxebarria Apalategui (GPV) ha añadido que su grupo parlamentario está de acuerdo en la necesidad de crear un grado universitario en Imagen Médica y Radioterapia "porque existe un amplísimo consenso en considerar que el marco académico actual impide
adaptarse a los avances científicos".
Otras Intervenciones críticas como la de José Manuel Aranda Laza, del Grupo Parlamentario Popular (GPP), han señalado
aspectos normativos y técnicos de la formación actual, pero no se han opuesto a la necesidad de regularizar la titulación: "Probablemente convenga hacer un análisis acerca del
profesorado médico especialista en ese grado de formación profesional. La moción carece de coste económico".
Pese al rechazo, el debate ha evidenciado un amplio
consenso político y profesional sobre la necesidad de actualizar la formación en Imagen Médica y Radioterapia, aunque las vías legales y administrativas para implementarlo
aún están en desarrollo.
Reforzar la sede electrónica para homologaciones y títulos
Otro de las mociones debatidas en la Comisión ha sido la del
funcionamiento estable y seguro de la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en todos los procedimientos de homologación y equivalencia de títulos extranjeros presentada por el Grupo Parlamentario Popular. La iniciativa ha hecho hincapié en la gravedad de la incidencia técnica sufrida por el portal el pasado 3 de febrero, que obligó a su cierre parcial y suspendió temporalmente la
tramitación de expedientes, convocatorias de ayudas y otros procedimientos académicos.
En la votación, la moción ha sido aprobada con
20 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención, reflejando el respaldo mayoritario del Senado a la necesidad de reforzar la
ciberseguridad, la transparencia y la eficiencia administrativa en los procesos de homologación de títulos extranjeros.
Melania Mur Sangrá (GPP) ha defendido la moción asegurando que "la interrupción del servicio no solo ha supuesto la paralización de gestiones, sino que ha contribuido a
agravar las demoras en un sistema que ya presenta cargas elevadas de solicitudes y a generar incertidumbre entre los usuarios afectados". "Es imprescindible garantizar de forma inmediata el pleno funcionamiento estable y seguro de la sede electrónica del Ministerio", ha añadido, apuntando que que se
requiere un informe exhaustivo sobre el incidente, medidas para evitar perjuicios derivados de la suspensión del servicio, el refuerzo de la ciberseguridad y un plan estructural de modernización del sistema de homologaciones.
Por otro lado, Mario Zubiaga Garate, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB), ha defendido las enmiendas de su grupo: "
Exigimos transparencia en el seguimiento de expedientes y que se materialice el traspaso del servicio de homologación y equivalencia de títulos". Así, ha indicado que "
un servicio descentralizado permitiría solventar los actuales bloqueos administrativos". Zubiaga ha alertado, además, sobre los riesgos de sesgos en la homologación de profesionales extranjeros: "Qué pérdida de talento estamos dispuestos a aceptar cuando
profesionales de calidad pueden quedar fuera y no pueden trabajar en este país?". Por su parte, Mur ha señalado que rechazarán sus enmiendas: "Agradecemos las propuestas del señor Zubiaga, pero no las vamos a aceptar".
Acelerar el proceso de homologación
Desde el Grupo Parlamentario Vasco, Uribe-Etxebarria Apalategui ha subrayado la urgencia de actuar ante los retrasos: "El proceso de homologación establece
un plazo máximo de seis meses, pero la realidad es que muchos solicitantes esperan años. Es urgente abordar una profunda
modificación del decreto de homologaciones o su sustitución por uno nuevo".
"La aceleración del proceso de homologación es necesaria para que profesionales cualificados
puedan incorporarse al mercado laboral. Esto es especialmente crítico en sectores como la Medicina y la Ingeniería", ha continuado Chinea Correa. En la misma línea, Garate ha insistido en la
importancia de transparencia y en el impacto de la gestión actual: "El sustento básico de la moción refleja problemas que se arrastran desde hace mucho tiempo. Hay dimensiones de
migración cualificada y pérdida de talento que debemos atender".
Finalmente, Redondo Gamero (GPS) ha defendido la labor del Ministerio y ha rebajado la alarma: "El incidente
fue limitado a días concretos y el acceso externo se reabrió el 25 de febrero. Se resolvieron expedientes de forma récord, con 40.200 homologaciones en 2024 frente a 10.100 en 2020. No se justifica la alarma que plantea el PP". Mur, aún así, ha replicado: "El cierre parcial del portal ha
afectado a la confianza institucional, la seguridad jurídica y la imagen internacional".
Con esta votación, la Comisión ha aprobado la moción, subrayando la necesidad de
reforzar los sistemas digitales del Ministerio, garantizar la transparencia y asegurar la rápida tramitación de homologaciones para
evitar perjuicios a estudiantes y profesionales extranjeros.
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