El calendario de la
reforma de las pensiones continúa según lo previsto gracias a la aprobación definitiva del Senado. El 'sí' de la Cámara Alta permite al ministerio de José Luis Escrivá cumplir con el plazo estipulado y poner en vigor los cambios
a partir del 1 de enero de 2022.
Esta primera parte de la reforma traerá dos modificaciones significativas. La primera será una
subida del 2,5 por ciento en las pensiones del año que viene una vez se vinculen las prestaciones a la subida del IPC. En términos monetarios, el cambio supondrá una s
ubida media de 50 euros en las jubilaciones percibidas por los profesionales sanitarios al mes. En el caso de los médicos, este aumento se traducirá en 67 euros más al mes, elevando la pensión a 2.775 euros brutos mensuales, y 936 euros adicionales en la nómina anual.
El segundo gran cambio tendrá que ver con los
coeficientes reductores que se aplicarán a aquellos que quieran prejubilarse. Para los médicos, el
recorte a partir de 2024 pasará del 16 al al 21 por ciento cuanto
se anticipe en dos años la jubilación y unas pérdidas cercanas a los 600 euros en 2032, aunque se reducirá la penalización en otros tramos. Las ventajas, aún así, serán para aquellas carreras de
cotización más largas, dejando fuera a la mayor parte de los facultativos.
Los
coeficientes pasarán a ser mensuales para dar más flexibilidad a los futuros pensionistas y se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora. Existe, sin embargo, una forma para que los sanitarios puedan percibir la pensión íntegra y es ser
declarados profesión de riesgo. De esta forma se aplicaría en el colectivo el artículo 2016, exonerándoles de sufrir penalizaciones en caso de retiro anticipado.
Aquellos profesionales que decidan aplazar el momento de jubilarse podrán elegir entre incentivos sobre su cuantía mensual, un
pago único de 12.000 euros o un mecanismo que aúne ambas opciones.
Mecanismo de equidad intergeneracional
Con esta Ley, se modifica el texto refundido de la L
ey General de la Seguridad Social y se recogen las principales recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020, que también se integran en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Plan Escrivá superaba su primer escollo en el Congreso hace 20 días, tras tumbar las últimas enmiendas de los partidos. Días antes, el Ministerio de Seguridad Social llega a un acuerdo in extremis con las organizaciones sindicales, y sin el apoyo de la parte empresarial, para incorporar, vía enmienda el último punto pendiente de la norma: el
mecanismo de equidad intergeneracional que elevará las cotizaciones un 0,6 por ciento a partir de 2023 y durante 10 años.
Este aumento se repartirá entre la empresa (0,5 por ciento) y el trabajador (0,1 por ciento) con la misma distribución que en las cotizaciones sociales y actuará como "válvula de seguridad" del sistema a partir de 2033. En el caso de que no se diera una
desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.
En el caso de que a partir de 2033 se apreciara en los
Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
Si la disposición de activos del Fondo de Reserva no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo, de acuerdo con sus recomendaciones, una propuesta que, de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos.