El sector de asistencia domiciliaria también pelea la jubilación anticipada

El reto demográfico ha transformado las necesidades del sistema social. El aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y, en consecuencia, el incremento de la pluripatología han disparado la demanda de ayudas a la dependencia. En Cataluña, el número de beneficiarios de la atención a personas en situación de dependencia ha pasado de 200.000 en 2008 a superar el millón y medio en la actualidad. En este contexto, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se ha consolidado como una pieza clave para garantizar el derecho a envejecer o permanecer en el entorno habitual con dignidad. Sin embargo, sus profesionales se enfrentan a una complicada situación laboral.

En este sentido, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para impulsar la “dignificación laboral” de estos trabajadores, mediante la consolidación de la jubilación anticipada por razón de actividad y la creación de coeficientes reductores en la edad de jubilación, en atención a la elevada penosidad, el desgaste físico y psicológico y los riesgos biomecánicos del sector.

¿Cuál es la situación de las trabajadoras del SAD?

En el escrito presentado en el Congreso de los Diputados, los republicanos denuncian que la parcialidad involuntaria afecta al 63,1 por ciento de la plantilla del SAD, el doble que la media nacional, lo que convierte a muchas de estas profesionales en trabajadoras pobres, incapaces de cubrir sus necesidades básicas con un solo salario.

Además, señalan que estudios recientes reflejan un importante deterioro de la salud laboral: el 44,2 por ciento de las trabajadoras percibe su estado de salud como malo y el 64,8  sufre niveles severos de burnout o agotamiento emocional. Esta situación se ve agravada por una gestión prácticamente inexistente de los riesgos laborales en el 90  por ciento  de los domicilios, bajo el pretexto de la inviolabilidad del hogar. Como consecuencia, se registra una prevalencia del 54,7 por ciento de enfermedades musculoesqueléticas crónicas. El 78  por ciento de las trabajadoras reconoce recurrir a antiinflamatorios y analgésicos para poder desempeñar su labor.

Ante este escenario, la formación subraya que “es imprescindible el reconocimiento inmediato de las enfermedades musculoesqueléticas como contingencias profesionales y el establecimiento de coeficientes reductores en la edad de jubilación”. “Anticipar la jubilación es una cuestión de justicia social y de seguridad laboral, tanto para la trabajadora como para el usuario”, sentencia.

Qué propone ERC para reestructurar la Atención a la Dependencia

El objetivo de ERC es claro: la transformación estructural, la dignificación laboral y la gestión pública directa del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Por ello, los de Rufián instan al Gobierno  a impulsar las reformas legislativas necesarias para priorizar y facilitar la reinternalización del servicio por parte de las entidades locales, garantizando que sea prestado directamente por las administraciones públicas.

En el ámbito laboral y sanitario, ERC propone el reconocimiento inmediato de las enfermedades musculoesqueléticas y psíquicas derivadas del SAD como contingencias profesionales, al menos para estos grupos profesionales. Asimismo, plantea establecer la jubilación anticipada por razón de actividad mediante la creación de coeficientes reductores en la edad de jubilación, atendiendo a la elevada penosidad, el desgaste físico y psicológico y los riesgos biomecánicos del sector. La formación también reclama mecanismos que permitan la actuación efectiva de la prevención de riesgos laborales y de la Inspección de Trabajo en los domicilios de los usuarios, sin vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

En la misma línea,propone garantizar que la adaptación técnica de los hogares, como grúas, camas articuladas o ayudas de movilidad sea una condición obligatoria previa al inicio del servicio en casos de gran dependencia, con cargo a la administración o a la empresa prestadora. En el plano organizativo, ERC plantea impulsar la transformación de los contratos parciales en contratos a tiempo completo. Además, propone la implementación de protocolos obligatorios de actuación inmediata frente al acoso sexual y la violencia física o verbal. También reclama el desarrollo de campañas de sensibilización pública sobre el valor social de los cuidados para erradicar el trato degradante y las actitudes machistas y xenófobas. Por último, plantea aumentar la dotación presupuestaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con el fin de que las mejoras laborales y técnicas se traduzcan en una atención de mayor calidad.

En este contexto, la inclusión de estos trabajadores en el ámbito del empleo público y la reivindicación de la jubilación anticipada se enmarca en la acción sindical del sector. En el ámbito sanitario, el reclamo de la jubilación anticipada es una demanda histórica, impulsada por los sindicatos en distintos foros de negociación y que ha sido uno de los puntos más polémicos en las conversaciones sobre el Estatuto Marco. No obstante, la decisión final sigue en manos del Ministerio de Seguridad Social. 

Por el momento, el departamento de Sanidad se abre a reforzar la coordinación entre servicios de salud para garantizar una aplicación homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud. Este planteamiento se enmarca en el Real Decreto 402/2025, en vigor desde mayo, que regula el reconocimiento de actividades penosas, peligrosas o insalubres mediante criterios objetivos, prevé la revisión periódica de los coeficientes reductores y establece su actualización cada diez años en función de la evolución de las condiciones laborales. En el caso del personal sanitario, el reconocimiento deberá ser solicitado por las organizaciones empresariales y sindicales ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.