El registro de objetores del aborto supera su primera prueba parlamentaria

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha respaldado el anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, después de haber incorporado varias enmiendas de los socios habituales del Gobierno. El resultado de la votación permitirá que el texto normativo, que recuperará el derecho libre al aborto para las mujeres mayores de 16 años o que facilitará la creación de un registro estatal con los médicos objetores de conciencia, continúe con su trámite parlamentario. Ahora deberá debatirse de forma definitiva en el pleno de la Cámara Baja para garantizar su entrada en vigor.

El Informe de la Ponencia con las últimas modificaciones acordadas por la coalición ha salido adelante con 22 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención. Únicamente los grupos del Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han opuesto a la ley. Mientras que el resto de formaciones han validado el texto del Gobierno, aunque han anticipado que buscarán nuevas modificaciones con la próxima tramitación en el pleno.

Los grupos han validado un anteproyecto que había incorporado hasta una veintena de enmiendas diferentes de los grupos. Una de las que han entrado a última hora es el artículo que ha propuesto EH Bildu para evitar una “discriminación” entre los médicos que no se declaren objetores para evitar que se dediquen en exclusiva a la práctica del aborto. Los servicios de salud deberán activar medidas organizativas para impedir este fenómeno.

“Es una buena ley y reconocemos que quedan aspectos en el tintero que podrían haberse hecho”, ha apuntado en la Comisión la diputada de EH Bildu, Isabel Pozueta. La parlamentaria ha celebrado además que también se hayan aceptado sus propuestas para reducir la estigmatización de los pacientes con VIH.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) también ha logrado que salgan adelante algunas de sus propuestas, fundamentalmente dirigidas a garantizar que se reconozca las competencias en materia sanitaria y educativa de las comunidades autónomas. Sin embargo, no ha conseguido apoyos para que el registro de objetores sea una herramienta voluntaria para los servicios de salud. “No entendemos por qué no ha sido aceptada y el Gobierno ha mostrado reticencias”, ha lamentado su portavoz, Joseba Agirretxea.

El informe de la ponencia también ha sido respaldado por formaciones como Esquerra Republicana o Junts, que han pedido más recursos económicos para que las comunidades autónomas puedan poner en marcha algunos de los contenidos de la ley como la gratuidad de los métodos anticonceptivos.

Por su parte, el Partido Popular y Vox han mostrado su mayor oposición al anteproyecto con críticas porque el Gobierno haya eliminado el periodo de reflexión de tres días para las mujeres en el acceso al aborto o por haber optado por el mecanismo de urgencia para tramitar la ley. “No podemos pasar por alto que el Ministerio de Sanidad no ha puesto objeción a esta exigencia y es igualmente responsable”, ha apostillado la diputada del PP, María del Carmen González.

La violencia obstétrica y la gestación subrogada

A pesar de este primer visto bueno de los grupos, el anteproyecto todavía tiene que superar una nueva votación en el Congreso de los Diputados, donde la coalición necesitará una amplia mayoría. Las formaciones disponen de un plazo para fijar sus enmiendas. Sus intervenciones anticipan que buena parte del debate pasará por dos aspectos clave de la ley: la violencia obstétrica y la gestación subrogada.

Buena parte de los socios del Gobierno han insistido en que es necesario actualizar la definición de la violencia obstétrica para que sea más precisa. Mientras que formaciones como Partido Nacionalista Vasco (PNV), Ciudadanos o Junts consideran que la gestación por sustitución no debería tener cabida en este marco normativo, sino que se debería exponer en un debate independiente.