El PSOE tensa la relación con sus socios por la gestión de bajas con mutuas

A pesar de que este miércoles Moncloa ha acogido la escenificación del pacto sobre jubilación y pensiones entre el Gobierno, las patronales y los sindicatos ya anunciado el último día de julio, lo cierto es que la reforma aún no tiene asegurado un apoyo mayoritario en el Congreso para hacerse efectiva. El Rubicón del Ejecutivo se halla ahora en convencer a, al menos, cuatro de sus socios de investidura. Podemos, BNG, ERC y Bildu ya han manifestado públicamente su intención de votar en contra de un acuerdo que, además de introducir nuevos criterios para la jubilación anticipada y la parcial, contempla que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social puedan gestionar casos de Incapacidad Temporal (IT) por causas traumatológicas enquistadas en el tiempo. Una medida que CCOO y UGT defienden porque, según indican, no resta peso a la sanidad pública.

Desde CCOO recuerdan que las colaboraciones del Estado y las mutuas están contempladas en la Ley General de Seguridad Social. Además, el V Acuerdo Estatal de negociación Colectiva también incluye a estas entidades como recurso para 'adelantar' determinadas pruebas diagnosticas y procedimientos terapéuticos para personas con patologías musculoesqueléticas de causa traumatológica.

“Resulta evidente que muchas de las IT causadas por patologías traumatológicas se acortarán, lo cual es positivo, sobre todo, para la persona trabajadora por su propia salud y bienestar”, explica a Redacción Médica Jesús Jordan, responsable de Empleo de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO).

En ese sentido, Jordán destaca que, en cualquier caso, aunque se rumoreó con que las altas podían asumirlas las propias mutuas, esa posibilidad ha quedado “completamente excluida” y “sigue siendo responsabilidad del sistema público”. Es, de hecho, lo que los sindicatos demandaban en primavera para poder seguir avanzando en las negociaciones del diálogo social antes de pactar otros aspectos relativos a la jubilación parcial y al retiro anticipado.

Además, Jordán aclara que la derivación a una mutua "siempre estará sujeta a la voluntad y el consentimiento de los ciudadanos". El responsable sindical también resalta que el acuerdo firmado este miércoles incluye una comisión de seguimiento “para velar por el cumplimiento del pacto en sus términos oportunos”.

BNG, Bildu y Podemos: rechazo a la "privatización"

Pese a ello, el diputado del BNG, Néstor Rego, ya ha calificado como "gravísimo" el hecho de que pueda trasladarse la gestión de IT traumatológico a las mutuas. "El Gobierno va a contribuir la descapitalizar a sanidad pública para la sanidad privada”, ha criticado.

En el caso de Podemos, en ningún momento ha ocultado sus reticencias para con la ampliación de la colaboración entre el Estado y las mutuas. De hecho, en abril registró una Proposición de Ley para acabar con la “privatización funcional” de la sanidad pública que, de acuerdo al partido, hoy posibilita la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En esa propuesta, los de Ione Belarra incluyeron una disposición adicional en la que se establece que la atención sanitaria al personal de nuevo ingreso incluido en Muface, Isfas y Mugeju, las tres mutualidades administrativas, “será prestada directamente por los Servicios Públicos de Salud del SNS, sin que pueda ser facilitada por concierto con otras entidades o establecimientos privados”. Es a esa postura a la que ahora se remiten fuentes del partido, que indican a Redacción Médica que no respaldará “medidas que contribuyan a la privatización de la sanidad”.

Antes, en marzo, Bildu registró en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) para impedir que se traspasen funciones básicas del sistema público de salud a las mutuas patronales. Este miércoles, su portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Iñaki de Ruiz de Pinedo, ha afirmado que el acuerdo "no representa a la mayoría sindical vasca": El diálogo social estatal solo representa a una minoría en País Vasco".

"Estamos muy preocupados por la expansión de las mutuas patronales en el funcionamiento de la Seguridad Social y en el sistema público de la salud. Va a crear un circuito de la atención sanitaria para algunos problemas de salud diferente para la población trabajadora y para el resto. Si tenemos en cuenta las prácticas de la actualidad, es muy cuestionable que se vaya a mejorar la atención. Aunque muchas personas piensen que su atención va a verse mejorada, lo único que va a mejorar son los beneficios de este sector, a la experiencia nos remitimos", ha manifestado el responsable vasco.

UGT: el alta y la baja son "facultad del médico de cabecera"

Para el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el rechazo al pacto responde a un ejercicio de "cinismo": "El acuerdo deja claro que el alta y la baja es facultad del médico de cabecera". El líder sindical ha defendido el uso de las mutuas, "no privadas, sino públicas", que "tienen una maquinaria de primer nivel tecnológicamente", para "poder aliviar las listas de esperas de la sanidad". Según ha dicho, quienes "se rasgan las vestiduras" por ello son "los mismos" en cuyas comunidades autónomas "los conciertos con entidades privadas con ánimo lucro son una constante y permanente".

Sumar: silencio del socio de Gobierno

Queda aún por conocer el posicionamiento de Sumar, que será clave. En febrero, aún en plena negociación del acuerdo de pensiones en la Mesa de Diálogo Social, fuentes del grupo plurinacional trasladaron a este medio su preferencia por que la gestión de las IT las asuma siempre la sanidad pública “para que no se generen inequidades en el acceso a diagnósticos y tratamientos”.

Es más, las mismas fuentes consideraban que agilizar la gestión de bajas temporales a través de las mutuas no era sino “un parche para sustituir a la Atención Primaria”. En esa línea, desde el partido siempre se ha insistido en que la desburocratización del primer nivel asistencial ha de pasar por la autojustificación de bajas de tres días planteada en enero por la ministra de Sanidad, Mónica García, una posibilidad que, sin embargo, aún no se ha implantado en el SNS. Tampoco hay que olvidar que en Sumar siempre se han posicionado a favor de una extinción progresiva del modelo mutualista de Muface.

En cualquier caso, este periódico no ha obtenido valoración alguna de la fuerza de Yolanda Díaz en torno al acuerdo de jubilación y pensiones. Un silencio sugerente en tanto en cuanto el año político se halla en una fase clave, con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso a la vuelta de la esquina.