El PSOE carga contra la política ambiental de la
Comisión Europea, a la que acusa de plegarse a la ultraderecha después de que, en diciembre, decidiera
no revisar la Directiva sobre Tratamiento de Aguas Residuales por su impacto en la
industria farmacéutica. Es algo que reclamaba -y sigue reclamando- el sector porque, según denuncia, las cargas administrativas y financieras derivadas del marco legal vigente comprometen el acceso a medicamentos y a la competitividad global. “Nosotros estaríamos abiertos, al menos, a una evaluación de impacto acorde con la realidad, y eso aún no se ha hecho”, lamenta en declaraciones a
Redacción Médica el eurodiputado socialista Nicolás González. El también miembro de la Comisión de Salud Pública dice estar de acuerdo en
revisar la Directiva “de forma puntual” en lo referente a la contaminación de aguas por fármacos, siempre y cuando se lleve a cabo previamente “una evaluación de impacto real”.
“
Parece que la Comisión Europea más a la derecha de la historia europea no tiene claro cómo caminar. Todo es dar marcha atrás en el Pacto Verde Europeo sin evaluaciones, tratando de apaciguar a los ultras que se comen a la derecha tradicional, y a eso nos oponemos porque va contra el propio espíritu de la
Unión Europea”, indica González. El socialista advierte de la “gran controversia” que hay entre las evaluaciones previas elaboradas por la Comisión y las que ha hecho la industria.
Discrepancias entre el sector pharma y la Comisión
Una de las peticiones más reiteradas por el sector farmacéutico es la
revisión de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que, básicamente, obliga a las empresas a financiar la gestión de los residuos de sus productos al final de su vida útil. Para apoyar su decisión de no incluir la reforma de la Directiva en su paquete ómnibus ambiental, Bruselas se remitió a un informe que, entre otras cosas, concluía que el impacto previsto de la RAP en la sostenibilidad del sector farmacéutico sería mínimo.
Sin embargo, desde
Farmaindustria trasladaron a este medio sus quejas sobre dicho estudio, que, según fuentes de la patronal innovadora, “presenta
importantes debilidades como la falta de transparencia”. Farmaindustria también criticó que no se hubiera consultado a los sectores afectados por la Directiva y que
no se hubiese evaluado el impacto concreto del marco legal en el sector farmacéutico ni en los medicamentos de uso humano. En la misma línea, González insiste en criticar las formas de la Comisión Europea: “No se trata de meter en un ómnibus una reforma sin antes evaluar el impacto que esta medida tiene”.
Dos medidas del PP en beneficio de la pharma
El
grupo del Partido Popular en el parlamento europeo tampoco comparte la exclusión de la Directiva sobre Aguas Residuales del paquete ómnibus, tal y como trasladaron fuentes de la organización a este medio en diciembre.
Para tratar de reconducir la situación,
los populares basan su estrategia en dos vías de actuación. En primer lugar, se plantea
solicitar que los gastos de filtración de aguas para eliminar las sustancias químicas acumuladas los asuman todas las industrias que están involucradas, no sólo la farmacéutica. En segundo, el PPE pidió a la Comisión que se repitiera el estudio sobre las moléculas de los vertidos y su origen para que se suspenda la aplicación de la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales.
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