El
PSOE ha registrado una Proposición No de Ley (
PNL) en el Congreso con la que busca ‘enmendar’ las “trabas de facto” para ejercer el
derecho al aborto que no solucionó la ley ad hoc de su propio Gobierno. El Congreso dio luz verde a la nueva normativa sobre
salud sexual y reproductiva en febrero de 2023, previo impulso del
Ministerio de Igualdad, cuando era titular del departamento
Irene Montero. En la propuesta socialista se lamenta que, aunque la ley obliga a las comunidades autónomas a contar con un
registro de objetores de conciencia, la mayoría de las regiones no lo cumplen, “de modo que el meritado derecho a la objeción de conciencia obstaculiza o conculca el derecho a la interrupción del embarazo”.
La
ley del aborto de Montero dicta que “los poderes públicos” han de garantizar “el acceso público, universal y gratuito a los servicios y programas de salud sexual y salud reproductiva”, sin que ello menoscabe el
derecho a la objeción de conciencia, para lo cual se exige a las comunidades autónomas que cuenten con registros en este sentido. Sin embargo, tal y como confirmaron fuentes de Igualdad en su momento a
Redacción Médica, ello
no asegura que se puedan practicar abortos en los hospitales públicos.
“Si, excepcionalmente, la administración pública sanitaria no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las
autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”, reza el artículo 19.5 de la ley.
"Garantía de igualdad en el acceso" al aborto
Es este uno de los aspectos que más se critican en la
PNL del PSOE sobre interrupción del embarazo: “Todo ello se traduce en viajes a diferentes provincias o comunidades autónomas para poder realizarse la intervención por parte de las mujeres que lo desean, cuando no tener que acudir a
servicios privados para poder ejercer su derecho con la celeridad y con la dignidad que una situación así requiere”.
En el texto, firmado por las diputadas socialistas
Andrea Fernández,
Maribel García y
Montse Domínguez, se lamenta que el acceso a ese derecho esté supeditado a la elaboración de esos censos en tanto en cuanto “se ofrece la posibilidad de objetar en distintos grados y según preferencias, de modo que puede elegirse declinar en función del método elegido”. Algo que, para el PSOE, “en muchas ocasiones colisiona” con el artículo 4 de la ley, que es el que establece la “garantía de igualdad en el acceso y
equidad territorial”.
Por ello, los socialistas instan al Gobierno no sólo “a continuar desarrollando políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de género, con especial atención a la protección y defensa de los derechos sexuales y reproductivos”, sino también a “coordinar e impulsar”, en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las iniciativas necesarias para “velar” por el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres “en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad” para que, así, “el derecho a la objeción de conciencia no suponga, veladamente, una obstrucción al derecho a la salud sexual y reproductiva”.
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