El proyecto de blindaje constitucional al aborto sortea el veto de PP y Vox

El Congreso ha rechazado este jueves las dos enmiendas a la totalidad, una del PP y otra de Vox, registradas contra la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto en la Carta Magna impulsada por el Gobierno. Ninguno de los dos partidos (los únicos que han votado a favor de las enmiendas, además de UPN) proponía textos alternativos, sólo la devolución del proyecto al Ejecutivo. Mientras que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que la reforma viene a reforzar la “autonomía” de las mujeres sobre su cuerpo y “la capacidad de vivir en igualdad sin imposiciones ni tutelas”, tanto PP como Vox han negado la utilidad de la propuesta y han acusado al Gobierno de acudir al procedimiento no agravado de modificación por mero “oportunismo” político, lo cual, a juicio de ambos grupos, supone un “fraude constitucional”.

Para entender los términos en los que se ha producido el debate hay que retrotraerse a los orígenes de la Constitución. En 1978 hubo una intensa disputa en torno a la redacción del artículo 15, que está dedicado al derecho a la vida y se incluye en la sección primera, capítulo segundo, título primero de la Constitución, que recoge los derechos fundamentales. La modificación de cualquier artículo de ese apartado tiene que superar, sí o sí, el mecanismo agravado de reforma constitucional, recogido en el artículo 168 y que exige el voto favorable de dos tercios de las Cámaras Baja y Alta, la convocatoria de elecciones generales, la reedición del apoyo previo de las Cortes y el amparo ciudadano por referéndum. La otra herramienta de reforma, en el artículo 167, es más sencilla, pero obliga a contar con el apoyo de tres quintos del Congreso y del Senado.

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está ligada a la interpretación del artículo 15. En 1985, Alianza Popular interpuso un recurso de constitucionalidad contra la Ley del Aborto aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González, que despenalizó la IVE en tres supuestos. En 2010, el PP hizo lo mismo contra la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva, también fruto de un Ejecutivo del PSOE, el de José Luis Rodríguez Zapatero. En los dos casos se denunció una supuesta vulneración del derecho a la vida del feto, y en los dos casos el Tribunal Constitucional concluyó, en esencia, lo mismo: el feto no es titular de ese derecho, pero, aun así, el Estado tiene la obligación de protegerlo y, al mismo tiempo, de velar por los derechos de la madre.

Fruto de la "lucha del movimiento feminista"

El proyecto del Gobierno que se ha debatido este jueves en el Congreso (que parte de una proposición registrada por Sumar en febrero de 2025) se basa en un cambio conceptual para esquivar la vía agravada de reforma constitucional: el derecho al aborto como derecho a la mujer para decidir sobre su cuerpo, no como derecho a la vida del feto. En la iniciativa se plantea ampliar el artículo 43 añadiendo un cuarto epígrafe que rece: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

Durante su discurso en el hemiciclo, Redondo ha defendido esta reforma como un fruto de la “lucha del movimiento feminista”, de “la perseverancia” de mujeres que “abrieron camino cuando no había caminos”, de quienes los “consolidaron” cuando “eran frágiles” y de quienes “los defienden” frente a los intentos de “retroceso”. “Estamos defendiendo un pilar esencial de nuestra democracia: la libertad de las mujeres para desarrollar plenamente su proyecto de vida”, ha dicho.

Redondo ha señalado que la “libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad” ya está “plenamente integrada” en el ordenamiento jurídico y reconocido por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Lo que se pretende con la reforma impulsada por el Gobierno, ha apuntado, es que ese derecho esté “plenamente garantizado”.

Según ha recordado, en 2024 casi el 80 por ciento de las IVE se hicieron en clínicas privadas, pese a que el marco legal vigente (la ley de salud sexual y reproductiva con su reforma de 2023) establece que los abortos han de practicarse, de forma preferente, en la sanidad pública. Además, hay “diferencias territoriales muy sustantivas”, con Andalucía y Madrid a la cola de IVE practicadas en el sistema público: menos del 1 por ciento del total.

“La reforma que se propone es imprescindible para garantizar la libertad de interrupción voluntaria del embarazo de manera real y efectiva en todo el territorio y con los medios y prestaciones necesarios para garantizarlo”, ha subrayado. La ministra ha reconocido la labor de las clínicas privadas, que “no sólo han acompañado, sino que han ayudado a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos”, pero ha matizado que ese trabajo “tiene que ser complementario a los servicios de la sanidad pública”.

La dirigente también ha recordado que la propuesta del Ejecutivo ha contado con el apoyo de una “amplia mayoría” del Consejo de Estado, que, en su informe ad hoc, no vio “obstáculos jurídicos” para la reforma. Si se quiere reducir el índice de abortos, ha concluido, la clave no está en tumbar el proyecto, sino en apostar por más educación afectivo-sexual y más prevención.

PP y Vox acusan al Gobierno de "oportunismo político"

Las enmiendas de devolución de PP y Vox se amparaban, en buena parte, en los seis votos discrepantes del Consejo de Estado al proyecto frente a los 19 favorables. “La reforma es desacertada, un error político y jurídico, no viene a fortalecer el pacto del 78, su única finalidad es ser un instrumento para la supervivencia política del señor Sánchez y de su Gobierno”, ha lamentado la popular Silvia Franco.

Según la diputada, la propuesta del Ejecutivo “no blinda nada” porque no se busca reformar ningún artículo incluido en el apartado que recoge los derechos fundamentales. Sí forma parte de esa sección (cabe insistir en ello) el artículo 15, “que es donde la jurisprudencia constitucional ha anclado este debate”, ha recordado Franco. La popular ha asegurado que el proyecto no viene del consenso con los grupos parlamentarios y que “desnaturaliza” el instrumento de reforma al desplazar “de manera artificial” el derecho a la IVE del artículo 15 al 43, y todo “por conveniencia”, para esquivar el procedimiento agravado de reforma.

“Son responsables de cometer un fraude autoconfirmado de la Constitución. Están creando un trampantojo jurídico de consecuencias imprevisibles”, ha advertido. Franco ha apuntado, además, que “la dimensión sanitaria” de las IVE “no está en riesgo”: “Los poderes públicos ya tienen la obligación de garantizarlas. Y si hubiera algún desajuste, la solución no es esta reforma constitucional que no aporta nada”.

En la misma línea, Joaquín Robles, de Vox, ha acusado al Gobierno de actuar desde la “demagogia” y el “oportunismo”. El diputado conservador ha definido la propuesta de reforma constitucional como una “chapuza”. “Tratan de restringir la futura posibilidad de que se legisle en un sentido ético, moral y político distinto, y de paso poner una espada de Damocles en los médicos, a quienes su conciencia moral les impele a no realizar este tipo de prácticas”, ha manifestado.

Para Robles, la intención del Ejecutivo “no es blindar derechos”, sino “promover un debate artificioso en el que el PSOE y sus aliados pretenden obtener un puñado de votos”. De ahí, ha dicho, que la reforme se haya tramitado “con toda la celeridad del mundo”. “Es una vergüenza”, ha concluido. PP y Vox no han sido los únicos grupos que han denunciado el “oportunismo” del Gobierno. PNV y Junts también han sido críticos al respecto. En el caso de los nacionalistas vascos, su portavoz, Maribel Vaquero, ha augurado también que la reforma está “aguada” y que “no tiene visos de prosperar”, a pesar de lo cual su grupo ha votado en contra de las dos enmiendas a la totalidad.

La defensa jurídica de Sumar

Desde Sumar siempre han defendido que su propuesta inicial para blindar el derecho al aborto en la Constitución, luego asumida en parte por su socio de Gobierno, era perfectamente válida. “Un derecho, como en este caso el del aborto, se puede relacionar con muchos otros. Depende de la voluntad política del legislador imbricarlo más con uno que con otro para darle un contendido o un alcance determinado, pero, en ningún momento, introducir el aborto en el artículo 43 lo desvincula del derecho a la vida”, trasladaron fuentes jurídicas del partido a Redacción Médica en octubre.

Es lo que ha venido a señalar su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, este jueves en el Congreso. La diputada progresista ha acusado al PP de reducir el debate a “una discusión técnica” que “no se sostiene”. Según ha dicho, la “arquitectura constitucional” del derecho al aborto, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, se basa en tres artículos de la Carta Magna: el 10, sobre la dignidad; el 15, sobre la integridad física; y el 43, sobre la protección de la salud.

“En nuestro sistema, la protección de un derecho no depende únicamente de su ubicación formal, sino de su contenido material y de su vinculación con estos valores superiores”, ha destacado. Por eso, ha añadido, incorporar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Ley Fundamental “es constitucionalmente válido y jurídicamente coherente”.

Por último, ha subrayado que, si la propuesta ha llegado a las Cortes, ha sido gracias a la insistencia de su grupo pese a las evasivas iniciales del PSOE: “Hace dos años los planteamos y se nos dijo que no era el momento, y no fue la derecha quien lo dijo”. También ha afeado tanto a PP como a Vox que hayan acudido para defender sus enmiendas al “falso marco de colisión permanente del derecho a la vida”. “La historia del derecho al aborto es la historia de la emancipación de las mujeres. Es una pieza central del reconocimiento de la dignidad, de la integridad física y moral y la autonomía de las mujeres”, ha sentenciado.

Tras superar el filtro de las enmiendas a la totalidad, el proyecto de reforma constitucional continuará tramitándose en base al habitual procedimiento parlamentario. Se abrirá ahora el plazo para presentar enmiendas al articulado, que se debatirán en la Comisión de Igualdad antes de que el texto, con los distintos matices pactados, vuelva al hemiciclo.