El PP pide incrementar la dotación para formación continuada de sanitarios

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley relativa a la formación continuada de los profesionales sanitarios y su sostenibilidad económica para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo. Con ella, pretenden que se aumente el presupuesto para poder llevar a cabo este aprendizaje.

Según se recoge en el documento prsentado a la Mesa del Congreso de los Diputados, y al que ha tenido acceso Redacción Médica, instan al gobierno a "incrementar sustancialmente la dotación presupuestaria destinada a la formación continuada pública de los profesionales sanitarios, en colaboración con las comunidades autónomas". 

"Es preciso tener en cuenta que la obsolescencia de conocimientos y de técnicas pueden tener consecuencias negativas para los pacientes a su cargo e incluso, en determiandos casos, dar lugar a la exigencia de responsabilidades por mala praxis", señalan.

"La obsolescencia de conocimientos y de técnicas pueden tener consecuencias negativas para los pacientes a su cargo"

E indican que "las actividades de formación continuada  generan inevitables gastos, a cuya financiación es preciso hacer frente". 

También instan a modificar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias para "establecer un marco regulartorio que, en sintonía con la normativa comunitaria, garantice y dé certidumbre y seguridad jurídica a las actividades de formación continuada basadas en acuerdos de colaboración de sostenibilidad económica entre las entidades representativas de los profesionales sanitarios y las empresas, entes e instituciones del sector sanitario, dotados de plena transparencia y respetuosos con la independencia de dichos proffesionales.". 

Además, piden "establecer garantías para las actividades de investigacion y difusión científica".  "La formación continuada y su sostenibilidad económica deben ser apoyadas desde un marco regulatorio transparente y garante de la independencia de los profesionales; un marco regulatorio que excluya 'tutelas' políticas o burocráticas, impropias de un país democrático, y rechace políticas públicas radiacles, basadas en prejuicios y prohibiciones, incompatibles con el deseable éxito del Plan de Recursos Humanos, propuesto por el Grupo Parlamentario Popular e incluido en el Dictamen de la Comisión no Permanente de Reconstrucción Social y Económica", señalan.