Tras su intento fallido por tumbar las cuentas en su primer debate parlamentario, el
Partido Popular ha registrado ahora una batería de enmiendas parciales al anteproyecto de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. El plan particular que ha presentado el primer partido de la oposición pasa por reordenar las inversiones del área sanitaria para
recolocar hasta 120 millones de euros de las cuentas públicas. El objetivo es dotar de más músculo económico a asuntos que considera clave para la sanidad como la formación
MIR, el acceso a la
innovación terapéutica o la
Atención Primaria en las áreas más despobladas. Algo que compensarían con una detracción de fondos de otros sectores como la cooperación al desarrollo o las universidades.
Una de las grandes novedades en su hoja de ruta es su voluntad de inyectar hasta
25 millones de euros para mejorar la
“formación y capacitación” de los médicos durante su periodo de residencia, con el objetivo de atender a las solicitudes de las autonomías y de los organismos colegiales. Este dinero saldría de la partida que el Gobierno ha previsto para que el
Ministerio de Universidades pueda sacar adelante
1.000 plazas más para el grado de Medicina en el próximo curso académico y que ahora quedaría reducida a la mitad si fructiferase la enmienda.
Otra de las apuestas del Partido Popular consiste en incrementar hasta en
15 millones las transferencias a las comunidades para que puedan poner en marcha un plan para reducir la
demora en el acceso a innovaciones terapéuticas así como recortar las listas de espera para pruebas diagnósticas, consultas o intervenciones quirúrgicas en los respectivos servicios de salud. El grupo ha puesto el foco especialmente en patologías como las
cardiopatías, el cáncer, las neurodegenerativas y las
enfermedades raras. Esta nueva partida saldría de la inversión prevista en los gastos corrientes del capítulo de prestaciones sanitarias y farmacia.
Entre las mayores movilizaciones de fondos de su propuesta alternativa de los Presupuestos, la formación que preside
Alberto Núñez Feijóo también ha ideado un despliegue adicional de
30 millones como parte del
Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, que sufrió un ligero recorte de 3 millones con el nuevo proyecto del Gobierno
. Su enmienda persigue que la nueva partida permita activar “medidas con las que dar solución a las carencias existentes de Atención Primaria, especialmente en e
l ámbito rural y en las zonas con riesgo de despoblación”. En este caso, los fondos procederían de los gastos corrientes dirigidos a la cooperación para el desarrollo.
Integración de Consumo en el Ministerio de Sanidad
Son algunas de las reformas que reclama un PP que ya
enmendó a la totalidad los Presupuestos de 2023 y que solicita ahora devolver al Gobierno todas las cuentas sanitarias. Denuncia, en este sentido, que el próximo año el apartado vinculado a la salud apenas engloba el 1,5 por ciento del total de los PGE, una cuantía inferior a la que se contemplaba para este ejercicio y que demuestra, a juicio de los populares, que la sanidad
“no es un ámbito prioritario para el Gobierno”: "Los PGE no solucionan los problemas reales, vigentes y críticos", advierten.
“Esta negativa realidad se concreta especialmente en áreas como, por plantear una muestra destacada, la
Atención Primaria, para la que se reservan
173 millones de euros para el desarrollo del marco estratégico en 2023 frente a los 176 millones del año 2022 y frente a los 1.088,76 millones que se prometieron para el primer nivel asistencial en 2021”, denuncia la formación liderada por
Alberto Núñez Feijóo.
"La sanidad no es un ámbito prioritario para el Gobierno, los PGE no solucionan los problemas reales del SNS"
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En cualquier caso, también han registrado una batería de enmiendas de menor escala orientadas a la reordenación de partidas como las referentes al
Fondo de Equidad y Cohesión (solicitan 15 millones ‘extra’), el desarrollo de la historia clínica digital “única, interoperable y compartida (cinco millones), el impulso de una estrategia para el covid persistente (cinco millones) y el Plan Nacional de Drogas (un millón).
De forma paralela, el PP aboga por la
“supresión del Ministerio de Consumo” para integrar esta cartera en el de Sanidad. Una medida que los populares justifican ante la necesidad de “reducir gastos improductivos” en la administración.
Nueva especialidad de Urgencias y Emergencias
Finalmente, los conservadores han insistido a través de sus enmiendas en la creación de una
nueva especialidad de Urgencias y Emergencias como título oficial en Ciencias de la Salud, siguiendo con el modelo ya establecido para Medicina Legal y Forense o Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. En este sentido, insta al Ejecutivo a desarrollar esta nueva especialidad en un plazo de seis meses.
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