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El PP busca blindar los apoyos de la privada para la formación de Medicina
Los de Feijóo registran una enmienda a la totalidad a la Proposición de Ley para la reforma del sistema universitario
Ester Muñoz, diputada del Partido Popular.
19 feb 2026. 12.55H
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Fue en octubre cuando el Consejo de Ministros aprobó la proposición de ley orgánica del Partido Socialista para modificar la ley por la que se rige actualmente el sistema universitario. El objetivo de la norma era claro: asegurar la igualdad de condiciones y la calidad en las prácticas universitarias externas. Para ello, ponía coto a las instituciones privadas y demandaba “reforzar la exigencia de calidad y mejorar los mecanismos de supervisión y control”.
La propuesta no fue bien recibida por los dirigentes del Partido Popular, que ya han registrado una enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados. Así, su argumentario se asienta sobre la situación concreta de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, afirmando que no pueden perder oferta en un contexto de escasez médica nacional.
Los de Núñez Feijóo defienden que el texto socialista no tiene en cuenta “ni la realidad diversa del sistema universitario español ni las dificultades estructurales que afrontan muchas universidades”. Aseguran que, en algunos territorios, la escasez de empresas y entidades receptoras limita de forma objetiva la disponibilidad de plazas de prácticas, lo que obliga a las universidades a articular fórmulas de colaboración que, en muchos casos, requieren apoyo financiero o logístico por parte de las propias instituciones académicas.
En el caso de las titulaciones de Ciencias de la Salud, esto cobra especial relevancia. Para ellos, “la firma de convenios con hospitales y centros sanitarios es imprescindible para la formación clínica del alumnado”. A su juicio, la prohibición absoluta de cualquier tipo de aportación económica o material vinculada a estas prácticas puede poner en riesgo la continuidad de acuerdos ya existentes, dificultar la suscripción de nuevos y reducir la oferta de plazas, en un contexto nacional marcado por la escasez de profesionales médicos.
Por tanto, en un momento en el que consideran urgente reforzar la formación universitaria, desde el PP abogan por mantener el principio de gratuidad e igualdad en el acceso a las prácticas curriculares, pero sin imponer restricciones que comprometan la viabilidad de los convenios, especialmente en aquellos territorios o sectores donde la colaboración público-privada resulta esencial.
Entre las propuestas del Partido Popular se encuentra la flexibilización de las prácticas curriculares, con el objetivo de adaptarlas a la realidad del tejido productivo en determinados territorios. Por otra parte, insta a prohibir cualquier discriminación derivada de pagos o donaciones, pero permite que los convenios contemplen aportaciones destinadas a cubrir costes materiales, logísticos o de aseguramiento, siempre que no sean un requisito para aceptar al alumnado.
Además, plantea que el Ministerio de Ciencia habilite partidas presupuestarias para evitar desigualdades en zonas con escasez de empresas y proteger los convenios esenciales en facultades de Medicina y Ciencias de la Salud. La enmienda incluye también la derogación del artículo sobre creación y reconocimiento de universidades del Real Decreto 905/2025, al considerar que invade competencias reservadas a la ley y que sus criterios carecen de consenso y respaldo técnico suficiente.
Por último, propone articular tres tipos de entornos específicos destinados a proyectos de I+D+i. En primer lugar, los espacios controlados de pruebas, orientados al aprendizaje regulatorio y al desarrollo de proyectos piloto de startups bajo protocolos de confidencialidad. También los bancos de pruebas, concebidos para el desarrollo y escalado de productos sobre infraestructuras físicas o digitales, sin necesidad de flexibilizar la normativa. Por último, los denominados laboratorios vivientes, entendidos como bancos de pruebas abiertos a la participación de la ciudadanía y de las comunidades de uso, con el fin de incorporar la experiencia real en los procesos de innovación.
La propuesta no fue bien recibida por los dirigentes del Partido Popular, que ya han registrado una enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados. Así, su argumentario se asienta sobre la situación concreta de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, afirmando que no pueden perder oferta en un contexto de escasez médica nacional.
La Medicina, base de la crítica del PP a la ley de universidades
Los de Núñez Feijóo defienden que el texto socialista no tiene en cuenta “ni la realidad diversa del sistema universitario español ni las dificultades estructurales que afrontan muchas universidades”. Aseguran que, en algunos territorios, la escasez de empresas y entidades receptoras limita de forma objetiva la disponibilidad de plazas de prácticas, lo que obliga a las universidades a articular fórmulas de colaboración que, en muchos casos, requieren apoyo financiero o logístico por parte de las propias instituciones académicas.
En el caso de las titulaciones de Ciencias de la Salud, esto cobra especial relevancia. Para ellos, “la firma de convenios con hospitales y centros sanitarios es imprescindible para la formación clínica del alumnado”. A su juicio, la prohibición absoluta de cualquier tipo de aportación económica o material vinculada a estas prácticas puede poner en riesgo la continuidad de acuerdos ya existentes, dificultar la suscripción de nuevos y reducir la oferta de plazas, en un contexto nacional marcado por la escasez de profesionales médicos.
Por tanto, en un momento en el que consideran urgente reforzar la formación universitaria, desde el PP abogan por mantener el principio de gratuidad e igualdad en el acceso a las prácticas curriculares, pero sin imponer restricciones que comprometan la viabilidad de los convenios, especialmente en aquellos territorios o sectores donde la colaboración público-privada resulta esencial.
La propuesta del PP sobre la ley de universidades
Entre las propuestas del Partido Popular se encuentra la flexibilización de las prácticas curriculares, con el objetivo de adaptarlas a la realidad del tejido productivo en determinados territorios. Por otra parte, insta a prohibir cualquier discriminación derivada de pagos o donaciones, pero permite que los convenios contemplen aportaciones destinadas a cubrir costes materiales, logísticos o de aseguramiento, siempre que no sean un requisito para aceptar al alumnado.
Además, plantea que el Ministerio de Ciencia habilite partidas presupuestarias para evitar desigualdades en zonas con escasez de empresas y proteger los convenios esenciales en facultades de Medicina y Ciencias de la Salud. La enmienda incluye también la derogación del artículo sobre creación y reconocimiento de universidades del Real Decreto 905/2025, al considerar que invade competencias reservadas a la ley y que sus criterios carecen de consenso y respaldo técnico suficiente.
Por último, propone articular tres tipos de entornos específicos destinados a proyectos de I+D+i. En primer lugar, los espacios controlados de pruebas, orientados al aprendizaje regulatorio y al desarrollo de proyectos piloto de startups bajo protocolos de confidencialidad. También los bancos de pruebas, concebidos para el desarrollo y escalado de productos sobre infraestructuras físicas o digitales, sin necesidad de flexibilizar la normativa. Por último, los denominados laboratorios vivientes, entendidos como bancos de pruebas abiertos a la participación de la ciudadanía y de las comunidades de uso, con el fin de incorporar la experiencia real en los procesos de innovación.
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