El
Grupo Popular en el Senado comienza el curso político anual en la Cámara Alta presentando una moción en la que se insta al Gobierno, a través del
Ministerio de Sanidad, a implementar una serie de medidas “necesarias” para mejorar la atención neurológica, la prevención y el tratamiento de casos de
ictus en Ceuta y Melilla. Entre otras cosas, propone poner en marcha un plan específico de “asistencia inmediata” para ambas ciudades autónomas que esté coordinado por Atención Primaria, los servicios de Emergencias y las unidades hospitalarias especializadas.
Según expone en el
PP en su moción, los casos de
ictus han experimentado un “alarmante aumento” en los últimos años, hasta el punto de que la patología se ha convertido en “una de las principales preocupaciones de salud pública en muchos países, incluido España”. Precisamente en España, cada año se diagnostican entre 110.000 y 120.000 nuevos casos de ictus, según la
Sociedad Española de Neurología (SEN).
Además, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (
INE), alrededor de 24.000 personas fallecieron en 2022 a causa de esta patología, mientras que más de 34.000 sufren algún tipo de
discapacidad derivada del ictus. Por otro lado, se estima que cerca de 400.000 personas en España, según el Grupo Popular, viven con las secuelas de haber padecido un accidente cerebrovascular.
En el caso de
Ceuta y Melilla, aproximadamente 400 personas al año sufren este tipo de accidente cerebrovascular, "lo que plantea un desafío adicional en cuanto a la disponibilidad y calidad de los recursos sanitarios”, aseguran desde el PP. En las dos ciudades autónomas, de acuerdo al partido, la situación es “aún más crítica” que en el resto de España.
“La falta de especialistas y de recursos coloca a melillenses y ceutíes en una situación de absoluta desigualdad con respecto al resto de españoles, a ello hay que añadir que ambas ciudades se enfrentan a un
aislamiento geográfico que hace que en el traslado de pacientes se pierda un tiempo precioso, que en muchos casos puede ser determinante en el resultado final del paciente”, dice la
moción del PP sobre el ictus.
Según el grupo, ni Melilla ni Ceuta cuentan con el número suficiente de
neurólogos en sus plantillas para hacer frente “a la demanda creciente de atención relacionada con el ictus y otras
patologías neurológicas”: “En términos de especialistas por habitante, ambas ciudades están por debajo de la media estatal, lo que agrava aún más la situación”, afirma el partido, ante lo cual considera “urgente implementar una serie de medidas que refuercen la especialidad de Neurología en Melilla y Ceuta”.
Medidas para mejorar la atención a casos de ictus
Entre las “acciones prioritarias” propuestas por el Grupo Popular destaca la elaboración de “un plan que coordine recursos humanos y actuación en cada fase de la patología, contratación de más neurólogos y especialistas necesarios para abordar el ictus de forma multidisciplinar, la mejora de los tiempos de consulta y la creación de programas de prevención y
diagnóstico temprano”.
En esa línea, se indica que es “absolutamente necesaria” la implantación de un protocolo de
actuación prehospitalaria “basado en el reconocimiento precoz de los signos y síntomas de ictus” para “priorizar el traslado y los cuidados del paciente con el fin de proporcionar un tratamiento cuanto antes que mejore el pronóstico y disminuya las secuelas”. También se plantea proporcionar un “tratamiento de rehabilitación integral” a las personas que hayan sufrido un accidente cerebrovascular para “minimizar las secuelas físicas y emocionales” y, así, “mejorar su calidad de vida”.
“La
neurorehabilitación debe involucrar una coordinación estrecha entre neurólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y logopedas, entre otros profesionales. Cada uno de estos especialistas tiene un papel esencial en la recuperación del paciente, trabajando de manera conjunta para tratar tanto las alteraciones motoras como las cognitivas, emocionales y sociales que puedan derivarse del ictus. La implementación de un enfoque multidisciplinar en el tratamiento no solo mejora la eficacia de la rehabilitación, sino que también garantiza una atención integral que favorece una recuperación más completa y funcional”, sostienen desde el PP.
En cuanto al
coste económico de las medidas, el grupo no ofrece cifras “al no disponer de los datos o herramientas necesarios” para hacer la estimación. Por ello, delega en el Ministerio de Sanidad esa responsabilidad.
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