Los partidos del Congreso de los Diputados han escenificado este jueves su desacuerdo en torno al
“plan Iceta” para reducir la temporalidad en la administración, que acecha especialmente a las áreas de la sanidad y la educación. En este sentido, y pese que se ha tumbado por sus “contradicciones técnicas y jurídicas” una
enmienda a la totalidad presentada por la CUP, la mayor parte de los grupos ha reivindicado la necesidad de realizar aportaciones al decreto ley del Gobierno y acordar en “común” una solución al problema.
El rechazo de la Cámara Baja ha dejado sin efecto la enmienda a la totalidad que ha presentado en el pleno
Mireia Vehí, integrada en el Grupo Mixto, que ha recordado que la alta temporalidad en la administración española ha sido objeto de reproches por parte de las instituciones europeas. El “Icetazo”, como ha definido el plan del Gobierno para reducir la interinidad, es bajo su punto de vista
“peor que la enfermedad”, pues “lo que pone sobre la mesa son despidos”.
En este sentido, ha propuesto al Congreso un proyecto alternativo similar al que se debate en Parlamento catalán y que propone la evolución a trabajadores fijos de aquellos que hayan
permanecido más de tres años en situación de interinidad.
"El Gobierno ha sido valiente; otros se escondieron"
No obstante, el grueso de la Cámara Baja ha tumbado una medida que algunos partidos han catalogado de “panfletillo” y de
"chapuza". “Estas dos hojas no pueden ser un texto alternativo a un proyecto de ley. No es serio”, ha denunciado
Eduardo Ruiz, de Vox, quien ha incidido en que “no todos los interinos” sufren abuso, “pero los que sí lo padecen, deben estar visibilizados”.
En la misma línea,
José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos) ha incidido en que la propuesta de los independentistas catalanes no evita que el problema se reproduzca en el futuro, mientras que
Juan Manuel Constenla (PP) ha subrayado la “falta de rigor jurídico de la misma”.
Es populista, simplista”, ha defendido.
Ninguno de estos partidos, en cualquier caso, ha dado su visto bueno al plan inicial del Gobierno, que entre otras medidas propone
indemnizaciones de 33 días al año en casos de abuso de temporalidad. Vox ha defendido abiertamente la inconstitucionalidad de la misma, mientras que PP y Cs han incidido en la necesidad de acercar posturas mediante enmiendas parciales.
Desde la tribuna socialista,
José Luis Aceves ha defendido su propuesta, y ha advertido de que la temporalidad en la administración “no viene de ahora”. “El Gobierno ha tenido que acometer decisiones del pasado y ha sido valiente. Otros se escondieron y no tomaron decisiones”, ha afirmado.
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