El
PDeCAT ha enmendado a la totalidad la
Ley de Equidad, Universidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud al considerar que afianza la “recentralización” de las competencias sanitarias e “invade competencias” de las autonomías.
La formación catalana se convierte en la primera en presentar una enmienda de totalidad contra el proyecto del Gobierno, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de junio. En palabras de
Carolina Darias, ministra de Sanidad, la norma está enfocada a “
blindar la sanidad pública” y evitar una
“deriva” hacia la gestión indirecta del SNS.
"Esta ley elimina los copagos sanitarios, avanza en equidad y amplía derechos a personas reagrupadas y españoles residentes en el exterior", apuntó.
No obstante, el PDeCAT ha concluido que este proyecto de ley entraña riesgos para el
modelo sanitario catalán. A través de un comunicado, el partido soberanista denuncia una presunta “recentralización e invasión de competencias autonómicas” en materia sanitaria, que bajo su punto de vista quedan “vaciadas”.
"Concertar no es privatizar", denuncia el PDeCAT
“El PDeCAT va incluso más allá y subraya que esta ley supone una involución clara del esquema competencial que recoge la
Constitución en materia de sanidad”, añade este partido, que argumenta que Cataluña dispone de una
red mixta de provisión de servicios de salud desde hace más de un siglo “y en la concertación representa más del 65 por ciento”.
“Concertar no es privatizar”, reitera el PDeCAT. Al respecto, apunta que si este proyecto termina aprobándose “se estaría
limitando a la ciudadanía el acceso gratuito, con la tarjeta sanitaria, a una red de
centros sanitarios de proximidad y excelencia que hace más de un siglo que forman parte de la sanidad pública”.
El partido soberanista rechaza de esta forma las palabras de la titular de Sanidad, quien durante la presentación de este proyecto de ley aseveró que la norma "
respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas".
En concreto, apeló a que la Ley de Equidad planea que la excepcionalidad de las
"externalizaciones" de los servicios que decidan las comunidades autónomas tengan que ser aprobadas previamente por el Consejo Interterritorial de Salud, donde está representado el Gobierno y todas las comunidades.
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