El
Parlamento de Cataluña ha emplazado al Gobierno central a transferir las
competencias sobre el MIR y el resto de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) a la Generalitat. La moción aprobada este jueves apela a la necesidad de que sea la administración autonómica la que planifique las necesidades de especialistas, así como la gestión de los residentes y la acreditación de centros y unidades docentes.
El texto llevado a la Cámara catalana por ERC está dirigido a “
adaptar el sistema de salud al contexto actual”, de forma que se avance hacia la ampliación de la cartera de servicios y se aborden "las nuevas necesidades de la ciudadanía".
Entre las enmiendas aceptadas por ERC se encuentra una de la CUP orientada a “instar al Estado español a
transferir las competencias de Formación Sanitaria Especializada a la Generalitat. “Esto permitirá planificar las necesidades de especialistas, la gestión de los residentes que se formen en Cataluña, la acreditación de centros y unidades docentes y se respectiva evaluación”, recoge el texto.
El objetivo, continúa, es el de poder
“planificar” las plantillas sanitarias atendiendo a las “necesidades demográficas actuales, la demanda asistencial real y el incremento de plantillas estructurales necesarias” en un contexto de
escasez de especialistas y la previsión de una
oleada de jubilaciones.
La transferencia de la Formación Sanitaria Especializada constituye una vieja reivindicación del nacionalismo catalán, aunque el
Ejecutivo central ha rechazado explorar esta vía. “Como todas las peticiones que llegan, se debe
estudiar su viabilidad”, deslizaron a
Redacción Médica fuentes del Ministerio de Sanidad el pasado marzo.
Armonización laboral y salarial de la sanidad catalana
La moción aprobada este jueves en la Cámara catalana recoge también otras inquietudes, como la de mejorar las condiciones
“laborales y salariales de todo el personal sanitario” incidencia especialmente en las categorías profesionales menos retribuidas, como la de las
comadronas o los
técnicos de Enfermería.
En este sentido, llaman a “avanzar en la armonización laboral y salarial del sistema público de Salud”, lo que implica presentar en el último trimestre de 2023 un
informe de “seguimiento y evaluación de las mejoras y avances ejecutados”.
Asimismo, el Parlament ha reclamado que se proporcionen “facilidades” para que médicos de Familia y pediatras ejerzan en el
ámbito rural. A este respecto, se han propuesto medidas como el desarrollo de la carrera profesional en las zonas de difícil cobertura.
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