El nuevo Gobierno no abandona la demanda de jubilación anticipada en el SNS

La demanda de la jubilación anticipada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) es una cuestión pendiente para este Gobierno. En este sentido, ha publicado una nueva respuesta parlamentaria ante una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular en relación con este asunto que, según indican, conlleva una planificación a largo plazo y cuyo desarrollo se encuentra “en suspenso” porque, con motivo del adelanto de las elecciones, el Ejecutivo se encontraba en funciones hasta la pasada investidura.

En el documento, desde el Gobierno argumentan que la jubilación anticipada de los profesionales sanitarios está sujeta a una planificación que debe tener en cuenta las necesidades a largo plazo de estos trabajadores y que requiere “años de anticipación en previsión de las vacantes que se podrían generar”.

En este sentido, no se especifican los avances en esta cuestión y alegan que “el análisis de las medidas necesarias para adaptar el marco regulador” del régimen jurídico y “el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social” se encuentra en estos momentos “en suspenso al haberse hallado el Gobierno en funciones”, ya que por este motivo no ha sido posible “completar los trabajos para la aprobación de los cambios oportunos”

No obstante, en la respuesta informan que la adaptación normativa “incidirá en la tramitación de las peticiones de las profesiones sanitarias actualmente en curso” y que lo hará de acuerdo con las disposiciones de transitoriedad que se establezcan y “sin mermar los derechos que amparan a los profesionales en relación con dicho procedimiento”.

Este debate se está abordando a través de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en la que también intervienen representantes de las comunidades autónomas.

Impaciencia por parte de los colectivos de profesionales

El pasado mes de octubre el propio Gobierno ya dejaba entreabierta la puerta a seguir avanzando hacia la jubilación anticipada en el sector sanitario y justificaban también la falta de avances atendiendo a que el Ejecutivo se encontraba “maniatado” a la hora de actuar, ya que, al estar en funciones, no disponía de capacidad real para atender las demandas de médicos y enfermeros.

La impaciencia de los sindicatos sanitarios en torno a esta demanda está creciendo, ya que se trata de una cuestión que llevan reclamando durante mucho tiempo. Por ese motivo, en los últimos meses han redoblado su presión sobre el Gobierno central para que revise los coeficientes reductores aplicables a la jubilación anticipada.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también aleja las posibilidades de que las demandas de los sindicatos y colectivos sanitarios puedan atenderse en el corto plazo. A pesar de ello, desde este ministerio aseguran que este asunto se ha abordado en las mesas de negociación durante los últimos meses, pero que se desconoce cuándo se podrá llegar a un acuerdo.

Fuentes de este ministerio avanzaron también a principios de año que, en caso de que esta vía se llegase a implantar en la sanidad, no se haría de forma “global”, sino que se dirigiría a los puestos más “peligrosos” o “penosos”. Junto a esto, desde el Ejecutivo central defienden los acuerdos del Pacto de Toledo que, en su punto 12, establece que la jubilación anticipada “deberá reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y, voluntariamente, opten por acogerse a ella”.