El
Ministerio de Sanidad, Bienestar Social y Consumo deja en manos del análisis de la
Unión Europea el uso, o no, de
impresoras 3D en la atención hospitalaria pública. Así lo ha ratificado el
Gobierno de Pedro Sánchez este lunes en una
respuesta registrada dentro del Congreso de los Diputados en la que el organismo no se lanza a postularse a favor o en contra de estas prácticas.
La cartera que dirige
María Luisa Carcedo señala este tipo de instrumentos tecnológicos sanitarios como “un avance importante” aunque no da su visto bueno definitivo al plantearse los
condicionantes a la hora de la fabricación.
La EMA está estudiando la adaptación de los requisitos legales de las impresoras 3D a la legislación actual
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Para los de Carcedo, aunque las
impresoras 3D permitan la obtención de formulaciones y productos que pueden adaptarse mejor a las características y necesidades de los pacientes, es una práctica que choca con los interrogantes que plantea la industria por sus
“condiciones especiales”.
Aplicación uniforme en todos los Estados miembros
“En el campo de los medicamentos, estos avances se consideran en la actualidad en el seno de la
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dentro del Grupo de Innovación (Innovation Taskforce) y en el campo de los productos sanitarios, dentro de la
Comisión Europea en el Grupo de Tecnologías Nuevas y Emergentes (New & Emerging Technology in Medical Devices)”, añade desde el Ministerio asegurando que es en esos foros en los que
se estudia la adaptación de los requisitos a la legislación actual.
Asegura que, actualmente, se está trabajando por “consensuar criterios” comunes para su a
plicación uniforme en los Estados miembros y garantizar que se preservan las garantías de seguridad, eficacia y calidad exigibles a medicamentos y productos sanitarios. “Estas acciones son determinantes para el impulso de la fabricación aditiva en el
sector sanitario con plenas garantías y en un marco de seguridad jurídica”, finalizan.
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