El Gobierno ha evitado pronunciarse a favor de las reclamaciones de médicos y enfermeros para acometer una reforma en el modelo de
clasificación profesional de la sanidad que cambie la denominación de sus actuales figuras hacia el
A+ y el
A1, respectivamente. En plena pugna sindical para negociar esta transformación y después de que algunas comunidades autónomas ya hayan recogido el guante en sus respectivos servicios de salud, desde el Ejecutivo se han aferrado a la actual normativa sobre los grupos que viene contemplada en el
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Fuentes gubernamentales han defendido en una respuesta parlamentaria remitida al
Congreso de los Diputados que la organización de las categorías viene estipulada en esta ley, en la que se marca como criterio para instalarse en los grupos A1 y A2 contar con un título de
grado universitario. Es el lugar donde actualmente figuran médicos y enfermeros. Sin embargo, han defendido que la posición en cada subgrupo está condicionada por dos motivos:
“El nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y las características de las pruebas de acceso”.
Estos argumentos han llegado como contraposición a la consulta realizada por el grupo del
Partido Popular, que presentó dos preguntas en la Cámara Baja con el objetivo de conocer si el Gobierno estaba dispuesto a tomar en consideración las propuestas de los sindicatos tanto para el ascenso de Enfermería hasta el nivel A1 como para la creación de
la nueva figura del A+ para Medicina. “
¿Se tiene previsto atender esta solicitud?”, habían consultado desde la oposición.
El texto, firmado por la portavoz parlamentaria de los populares,
Cuca Gamarra, se había hecho eco de las informaciones que publicó
Redacción Médica el pasado 27 de octubre sobre la apuesta de
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para crear la nueva categoría médica y mantener así una separación entre profesiones debido a sus responsabilidades. “Si suben unos, tendrán que subir a otros”, defendió entonces su presidente,
Tomás Toranzo.
Las negociaciones para la clasificación en sanidad
La posibilidad de cambiar la estructura del cuerpo de empelados públicos en la sanidad ya ha llegado además a la mesa de negociación con los agentes sociales. Los sindicatos que negocian la segunda
reforma del Estatuto Marco se han fijado este proyecto como una de las líneas clave en las conversaciones con el Ministerio de Sanidad. Formaciones como
Comisiones Obreras defienden desde hace años la necesidad de
adaptar la clasificación en sanidad al número de créditos ECTS de cada formación, lo que encajaría con el modelo del A+. Mientras el calendario marcado para la negociación apura ya sus últimas semanas.
Mientras tanto, la iniciativa también ha ido ganando apoyos entre las autonomías. Según ha podido saber este periódico,
varias comunidades ven con buenos ojos los cambios propuestos tanto para médicos como para enfermeros.
Castilla-La Mancha es uno de los territorios que lidera esta iniciativa con el objetivo de hacer
“justicia” con la clasificación de la Enfermería pero, al mismo tiempo, mantener en un grupo diferenciado a la Medicina, cuya cualificación universitaria es mayor.
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