El Gobierno se ha posicionado a favor de dar poderes a las comunidades para que gestionen los servicios de salud con
las empresas de la privada. En pleno debate sobre los límites de
los conciertos que se fijarán con la nueva
Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión impulsada por el Ministerio de Sanidad, el Ejecutivo ha dado un espaldarazo estas fórmulas de colaboración, aunque ha delegado la
decisión final en las autonomías.
Fuentes del Ejecutivo han apuntado en una respuesta parlamentaria registrada en el
Congreso de los Diputados que los servicios de salud de cada región con los
“competentes en la gestión de la asistencia sanitaria en su territorio”, lo que les da libertad también para fijar su modelo de gestión con las compañías del sector privado.
“Son los que establecen la colaboración que consideran oportuna con la sanidad privada”, han subrayado.
La contestación se ha producido ante una pregunta registrada por escrito del
Partido Popular, que se había hecho eco de las críticas de la
Alianza de la Sanidad Privada Española por la falta de “conjunción” entre el sector público y las aseguradoras para dar solución a las
carencias que presenta el Sistema Nacional de Salud (SNS). “¿Tiene previsto el Gobierno atender la solicitud?”, reza la consulta firmada por la portavoz del grupo, Cuca Gamarra, y otros 12 diputados.
La organización que preside
Carlos Rus ya planteó en un acto público en el mes de septiembre los problemas que atravesaba el sector privado sanitario ante el crecimiento de pacientes que han experimentado, lo que ha provocado que también se haya
“saturado”. Por eso, reclamaban una mayor colaboración con las administraciones.
“Se debe dar la conjunción de los sectores, del ámbito privado y las aseguradoras porque aquí no reparamos lunas, aquí atendemos al paciente”, manifestó entonces.
El bloqueo de la Ley de Equidad
La postura reflejada por el Gobierno llega en un momento de división en el seno de coalición con motivo de la
Ley de Equidad que precisamente aborda como uno de sus temas centrales los
conciertos con la sanidad privada. A pesar de que el Consejo de Ministros aprobó la norma hace más de medio año, la falta de acuerdo entre el
Partido Socialista y Unidas Podemos ha condicionado su tramitación parlamentaria en plena fase de presentación de enmiendas.
La formación morada manifestó desde el primer momento sus
críticas contra la ley que había elaborado el equipo de la ministra de Sanidad,
Carolina Darias. A su juicio, no contaba con los elementos suficientes para acabar con el modelo de colaboración fijado durante el Gobierno de
José María Aznar. Por eso, han propuesto modificaciones como
limitar las los conciertos privados a un año de duración o vetar la contratación de médicos de la administración pública en las empresas del sector privado.
A falta de que las conversaciones internas puedan provocar un cambio en las posturas, el socio minoritario del Gobierno sigue instalado en el ‘no’ a la nueva ley. Aunque desde el grupo socialista se han mostrado
confiados en que la norma pueda “salir adelante” esta legislatura.
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