El Congreso aprobará y enviará este miércoles al Senado la proposición de ley que crea un fondo para compensar a
víctimas del amianto por daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición "en ámbito laboral, doméstico o ambiental".
Según el texto resultante de la ponencia, el fondo prevé compensaciones tanto a trabajadores, con
enfermedad profesional reconocida por esta exposición, como a otras personas que la hayan sufrido en otros entornos, y que el amianto sea
"causa principal o coadyudante" de su enfermedad. También las personas herederas que dependieran económicamente de la víctima.
Se trata de una norma que tiene su origen en el Parlamento vasco y, para sacar adelante en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (desde la que se remitirá directamente al Senado) el PSOE y Unidas Podemos contarán previsiblemente con el aval de
ERC, PNV y EH Bildu, además de
Compromís y la CUP.
La nueva ley no define las compensaciones, que deberán fijarse reglamentariamente, pero sí concreta su financiación a través de las transferencias anuales en los
Presupuestos Generales del Estado, las cantidades que se obtengan a través de las reclamaciones judiciales, y las aportaciones por sanciones por incumplimientos de salud laboral derivadas del amianto.
¿Cómo afectará a las mutuas el fondo para el amianto?
Finalmente, el fondo no supondrá un recargo de
cotizaciones o las aportaciones de las mutuas, tal y como proponía la Cámara Vasca, pero ampliará los posibles beneficiarios, ya que en un primer momento el PSOE quería limitarlo a personas que tuvieran una incapacidad permanente de, al menos, un 33 por ciento sin derecho a ninguna pensión o prestación.
El texto legislativo prevé que en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social formulará una propuesta de resolución, indicando la evaluación establecida sobre la enfermedad, las lesiones, su causa, discapacidad que se reconoce y compensación que corresponde.
En caso de que el solicitante acepte la propuesta, el fondo de compensación canalizará todas las acciones y derechos que correspondan a los beneficiarios y, en caso contrario, se podrá
presentar recurso administrativo.
La puesta en marcha del fondo tendrá que esperar a la aprobación de su desarrollo reglamentario, que además de definir las compensaciones también determinará
quién es responsable de valorar, diagnosticar y determinar las causas de la enfermedad. Para su aprobación, el Congreso ha fijado un plazo de tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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