La
Mesa del Congreso ha admitido a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) dirigida a acabar con el
copago farmacéutico de los pensionistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(Muface). Esta vía alternativa parlamentaria reabrirá de nuevo el debate en la Cámara Baja, después de que a finales del 2021 ya se tramitase una proposición de ley impulsada por
Vox en este mismo sentido.
El nuevo texto persigue que los grupos se posicionen sobre la
“igualdad real y efectiva” en el nivel de aportación económica para poder acceder a los fármacos ambulatorios, de manera que se pueda equiparar la situación de los pensionistas de la
Seguridad Social y de aquellos que están adscritos a Muface, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) o la Mutualidad General Judicial (Mugeju)
que tienen que hacer un
mayor desembolso para poder obtener su medicación en la farmacia ambulatoria.
La Mesa del Congreso ha validado esta alternativa para la que se necesita la presentación de al menos
500.000 firmas, que ha cordinado la asesora jurídica
Marisol Camacho. La decisión ya
se ha comunicado a la Comisión Promotora, la Junta Electoral Central y el Senado para que la tramiten, tal y como ha quedado plasmado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales del 11 de marzo.
Policía y Guardia Civil llevan el copago al Congreso
Detrás de esta iniciativa se encuentran la
Asociación de Jubilados de la Policía Nacional (Ajpne) y los
Retirados Asociados de la Guardia Civil (Ragce) que desde hace meses han tratado de sumar fuerzas para reducir el copago farmacéutico por receta médica, que estiman en un
30% del dinero dedicado a sus fármacos. También quieren acabar con los límites mensuales de aportación que afectan tanto a
funcionarios civiles como de las
Fuerzas Armadas.
Ambas instituciones ya presentaron
una IPL que en el Congreso a finales del 2020 para tratar de acabar con esta brecha entre unos tipos de prestaciones y las otras. Aunque no han logrado que la iniciativa se materialice. Las dos organizaciones policiales han dejado la puerta abierta a acudir al Tribunal Constitucional o incluso al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si finalmente el Congreso rechaza la equiparación de las pensiones.
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