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El copago farmacéutico atisba su debate en el Congreso entre silencios
En el Gobierno reconocen contactos con los grupos parlamentarios para convalidar la reforma, pero sin respuestas claras
Pleno del Congreso.
20 may 2026. 15.00H
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POR MANU IBÁÑEZ
La reforma del copago farmacéutico aprobada por el Consejo de Ministros lleva en vigor casi una semana, desde el día 14, pero todavía no está claro que haya llegado para quedarse. Al quedar formalizada como Real Decreto-ley, requiere del visto bueno del Congreso para ser convalidada de forma definitiva (o derogada, en el caso de no obtener apoyos para una mayoría simple), y aunque ya se han producido los primeros contactos entre los partidos del Gobierno y el resto de grupos parlamentarios, las voces consultadas por Redacción Médica reconocen que el tema está aún demasiado verde. Desde PP, Vox y Junts, los huesos más duros de roer para el Ejecutivo, ni siquiera se atreven aún a hacer una primera valoración de la medida impulsada por el Ministerio de Sanidad, que, cabe recordarlo, amplía de tres a seis los tramos de aportación a la prestación farmacéutica ambulatoria según la renta anual para hacerla más progresiva y, por ende, evitar que las limitaciones económicas impidan o dificulten el acceso a medicamentos.
En todo caso, aún queda margen de negociación en los pasillos de la Cámara Baja. El Real Decreto-ley tendrá que ser sometido a debate en pleno, como muy tarde, la segunda semana de junio, es decir, 30 días naturales después de su promulgación. Como toda norma que parte del Ministerio de Sanidad (aunque en este caso también está implicado Hacienda), Sumar es el grupo que ha tomado la iniciativa en las conversaciones con el resto de partidos. Fuentes del socio de Gobierno del PSOE explican a este periódico que se está hablando “con todos”, pero que la reforma del copago aún no es prioritaria en las agendas de los grupos parlamentarios. Desde Sumar también deslizan que, si PP, Vox y Junts planean no apoyar el Real Decreto-ley para derogarlo, lo tendrán difícil para armar un discurso convincente que justifique su voto negativo.
En el Gobierno decidieron modificar el modelo de copago farmacéutico después del intento fallido de Sanidad de incorporarlo en la futura Ley de los Medicamentos. Las fuentes oficiales no lo reconocen, pero lo cierto es que, teniendo en cuenta que aún no ha comenzado la tramitación parlamentaria del proyecto legislativo (aún tiene que aprobarse en segunda vuelta en el Consejo de Ministros), optar por la vía del Real Decreto-ley facilita, hasta cierto punto, su aplicación efectiva.
Más allá del mecanismo legal usado para ello, el Ejecutivo consideraba “necesario” adaptar el modelo actual de copago para “corregir situaciones de desigualdad detectadas en determinados colectivos”, especialmente en pacientes con rentas bajas y medias que, aunque no están incluidos en los supuestos de exención, asumen “una carga económica elevada” por tratamientos prolongados o de alta necesidad terapéutica. Según los análisis elaborados por el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica, esa circunstancia ponía en riesgo la adherencia terapéutica por motivos económicos.
La reforma aprobada en el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) implementa un sistema de copago más progresivo sin incrementar la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes colectivos, según defiende el Gobierno. En cuanto a las personas activas y sus beneficiarios, los porcentajes de aportación plasmados en el Real Decreto-ley son los siguientes: en las rentas anuales inferiores a 9.000 euros, 40 por ciento de copago con límite mensual de 8,23 euros; entre 9.000 y 17.999 euros, 40 por ciento con tope mensual de 18,52 euros; entre 18.000 y 34.599 euros, 45 por ciento con límite mensual de 61,75 euros; entre 35.000 y 59.999 euros, 45 por ciento de copago sin tope mensual; entre 60.000 a 99.999 euros, 50 por ciento de copago sin tope mensual; y en las rentas superiores a los 100.000 euros, el copago se eleva al 60 por ciento sin límite mensual.
En el caso de los pensionistas, los tramos de aportación también se han revisado incorporando uno nuevo intermedio. Para las rentas anuales de menos de 18.000 euros, la aportación queda en el 10 por ciento con un tope al mes de 8,23 euros; de 18.000 a 59.599 euros, el copago es del 10 por ciento con límite mensual de 13,37 euros; entre 60.000 y 99.999 euros, un 10 por ciento de aportación con 18,52 euros de tope al mes; y en las rentas de más de 100.000 euros, el copago es del 60 por ciento de copago con límite mensual de 61,75 euros. El impacto presupuestario estimado de estas medidas será de 265,63 millones de euros, de acuerdo a los cálculos del Ejecutivo.
En todo caso, aún queda margen de negociación en los pasillos de la Cámara Baja. El Real Decreto-ley tendrá que ser sometido a debate en pleno, como muy tarde, la segunda semana de junio, es decir, 30 días naturales después de su promulgación. Como toda norma que parte del Ministerio de Sanidad (aunque en este caso también está implicado Hacienda), Sumar es el grupo que ha tomado la iniciativa en las conversaciones con el resto de partidos. Fuentes del socio de Gobierno del PSOE explican a este periódico que se está hablando “con todos”, pero que la reforma del copago aún no es prioritaria en las agendas de los grupos parlamentarios. Desde Sumar también deslizan que, si PP, Vox y Junts planean no apoyar el Real Decreto-ley para derogarlo, lo tendrán difícil para armar un discurso convincente que justifique su voto negativo.
En el Gobierno decidieron modificar el modelo de copago farmacéutico después del intento fallido de Sanidad de incorporarlo en la futura Ley de los Medicamentos. Las fuentes oficiales no lo reconocen, pero lo cierto es que, teniendo en cuenta que aún no ha comenzado la tramitación parlamentaria del proyecto legislativo (aún tiene que aprobarse en segunda vuelta en el Consejo de Ministros), optar por la vía del Real Decreto-ley facilita, hasta cierto punto, su aplicación efectiva.
Así es la reforma del copago farmacéutico aprobada por el Gobierno
Más allá del mecanismo legal usado para ello, el Ejecutivo consideraba “necesario” adaptar el modelo actual de copago para “corregir situaciones de desigualdad detectadas en determinados colectivos”, especialmente en pacientes con rentas bajas y medias que, aunque no están incluidos en los supuestos de exención, asumen “una carga económica elevada” por tratamientos prolongados o de alta necesidad terapéutica. Según los análisis elaborados por el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica, esa circunstancia ponía en riesgo la adherencia terapéutica por motivos económicos.
La reforma aprobada en el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) implementa un sistema de copago más progresivo sin incrementar la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes colectivos, según defiende el Gobierno. En cuanto a las personas activas y sus beneficiarios, los porcentajes de aportación plasmados en el Real Decreto-ley son los siguientes: en las rentas anuales inferiores a 9.000 euros, 40 por ciento de copago con límite mensual de 8,23 euros; entre 9.000 y 17.999 euros, 40 por ciento con tope mensual de 18,52 euros; entre 18.000 y 34.599 euros, 45 por ciento con límite mensual de 61,75 euros; entre 35.000 y 59.999 euros, 45 por ciento de copago sin tope mensual; entre 60.000 a 99.999 euros, 50 por ciento de copago sin tope mensual; y en las rentas superiores a los 100.000 euros, el copago se eleva al 60 por ciento sin límite mensual.
En el caso de los pensionistas, los tramos de aportación también se han revisado incorporando uno nuevo intermedio. Para las rentas anuales de menos de 18.000 euros, la aportación queda en el 10 por ciento con un tope al mes de 8,23 euros; de 18.000 a 59.599 euros, el copago es del 10 por ciento con límite mensual de 13,37 euros; entre 60.000 y 99.999 euros, un 10 por ciento de aportación con 18,52 euros de tope al mes; y en las rentas de más de 100.000 euros, el copago es del 60 por ciento de copago con límite mensual de 61,75 euros. El impacto presupuestario estimado de estas medidas será de 265,63 millones de euros, de acuerdo a los cálculos del Ejecutivo.
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