El camino para que los
pacientes electrodependientes pasen a ser considerados como
consumidores vulnerables severos a la crisis energética está cada vez más cerca. La
Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha acordado este jueves por unanimidad solicitar al Gobierno este cambio normativo para que puedan beneficiarse de prestaciones como el
bono social, debido al fuerte impacto que tiene en sus tratamientos los vaivenes del mercado.
Este posicionamiento es el resultado de una Proposición No de Ley (PNL) planteada por el grupo de
Esquerra Republicana (ERC) que ha sido secundada por los
34 diputados con representación en la Comisión. El texto concede al Ejecutivo un plazo de un mes para llevar a cabo las “reformas necesarias” en la
Ley del Sector Eléctrico del 2013 para facilitar este cambio de paradigma.
El portavoz republicano en la Comisión de Sanidad,
Xavier Eritja, ha explicado que en este grupo de pacientes encajan enfermos que están recibiendo en sus hogares alguna
terapia renal sustitutiva, diálisis o diferentes tratamientos relacionados con
ataques cerebrovasculares, accidentes viales, EPOC, diabetes, hipertensión o enfermedades neuromusculares. “Son tratamientos de soporte vital y suponen una clara ventaja de su calidad de vida. En algunas ocasiones, son
decisiones de vida o muerte”, ha apostillado.
El parlamentario ha cifrado el incremento de los gastos de este tipo de enfermos en cerca de
600 euros anuales debido a la
inflación de precios de la luz que arrastra España desde mediados de 2021. Mientras que ha puesto como ejemplo la Ley de Electrodependientes que ya aprobó el
Gobierno de Argentina en 2017 para compensarles. “Ha habido experiencias legislativas en ese sentido”, ha subrayado.
En el debate parlamentario, el grupo republicano ha decidido aceptar una
enmienda transaccional presentada por Vox con el objetivo de perfeccionar el texto. La finalidad era la creación de un
registro general de todos estos pacientes en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para tener en cuenta otras variables adicionales como el
consumo individual de cada uno de sus tratamientos. “Creemos que es una enmienda en positivo y que construye”, ha subrayado su portavoz, Juan Luis Steegmann.
La iniciativa ha contado con el apoyo también de los partidos que integran el Gobierno que será el encargado en último término de llevarlo a cabo. El diputado socialista
Agustín Zamarrón ha dado el visto bueno aunque ha puesto en valor el actual modelo de beneficiarios del bono social eléctrico ya que incorpora otros factores como el
índice de la renta o el grado de discapacidad y dependencia. “Estimamos que es un modo más exacto en la valoración que la presente PNL”, ha apuntado.
En la misma línea, se ha manifestado la portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Sanidad,
Rosa Medel, que ha echado de menos en la proposición de ERC alguna medica para reflejar también el impacto del
copago farmacéutico en este perfil de pacientes. “Está claro que la PNL plantea un problema real que hay que abordar, pero
no a todo el mundo por igual”, ha agregado.
También ha contado la propuesta con el visto bueno del grupo 'popular' que ha aprovechado su intervención para criticar las decisiones en materia energética del Gobierno de coalición en un momento marcado por la guerra de Ucrania. “
Los españoles están viviendo un año terrible como consecuencia de unas políticas que están perjudicando a las familias”, ha apostillado
Teresa Angulo.
El Congreso descarta cambios en medicamentos renales
La Comisión de Sanidad no se ha mostrado tan coordinada a la hora de votar otras proposiciones como la iniciativa del grupo 'popular' para incorporar a la
Cartera Básica Común del Sistema Nacional de Salud (SNS) tratamientos combinados de terapias dirigidas e inmunoterapias para el
cáncer renal, así como el establecimiento de los recursos necesarios para garantizar su financiación o nuevos programas de investigación.
El texto, defendido por
Elvira Velasco, ha sido rechazado por 15 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones, después de las críticas que han manifestado los dos partidos de la oposición. Ambos se han aferrado a las cifras sobre
financiación de medicamentos oncológicos en España y han acusado al PP de querer
generar “desconfianza” entre la población.
Tampoco ha salido adelante la PNL presentada por
Vox con el objetivo de facilitar nuevos protocolos en el
"tratamiento de los restos de un feto abortado" en los centros de salud o reformar el Registro Civil para que se puedan inscribir con plenos efectos jurídicos. Su propuesta se ha saldado con 14 votos a favor y
20 en contra en la cámara.
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