El Congreso maniobra por una cotización "justa" a investigadores sanitarios

El Grupo Mixto ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) ante el Congreso de los diputados para modificar la manera en la que están reguladas las cotizaciones de aquellas personas que disponen de una beca de investigación. En concreto, lo que solicita este grupo ante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se centra en un cambio respecto a la orden que regula la suscripción de convenio especial con la Seguridad Social para el cómputo de la cotización de los períodos de prácticas formativas y académicas externas.

Dentro del ámbito de la salud, esta propuesta tiene una relevancia crucial. Instituciones como la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (Sebbm) y la Sociedad Española de Neurociencia (SENC) han expresado su descontento con la orden actual. Según argumenta esta PNL, los motivos se centran en que la regulación vigente no proporciona “una solución justa” para quienes han realizado investigaciones en salud bajo becas de investigación.

Cotización de investigadores con becas

La orden a la que hacen referencia, tal y como detalla el documento, permite suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para el cómputo de la cotización de los períodos de prácticas formativas y académicas externas realizados antes de su entrada en vigor. Sin embargo, las asociaciones científicas, disconformes con ella, han instado al Ministerio de Seguridad Social a que revise y modifique la misma.

La base de esta problemática radica en la falta de reconocimiento laboral y de cotización durante períodos de formación e investigación predoctoral. Antes de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el personal investigador no recibía los beneficios laborales y sociales correspondientes, lo que incluía el acceso a la seguridad social. Aunque el Real Decreto Ley 2/2023 permitió suscribir convenios especiales para regularizar períodos anteriores al 2011, la medida resultó insuficiente para resolver el problema por completo “pues es habitual encontrar períodos sin cotización de hasta 16 años en las personas becarias y que afectan a la edad de acceso a la jubilación y a la pensión” tal y como argumenta la PNL.

Esta propuesta de modificación busca abordar esta situación desde una perspectiva “justa” y equitativa. Por ello, solicita al Gobierno que escuche “las demandas de las asociaciones científicas y las personas afectadas”, incorporando sus alegaciones y propuestas en la regulación del convenio especial. Como ejemplo, solicitan que solo se cubra “la cuota de cotización que corresponde a la persona trabajadora y que se contemple un mecanismo para que se reconozca todo el tiempo trabajado con bolsas de investigación anterior a la entrada en vigor de la Ley de Ciencia de 2011, sin el límite de los 5 años”. 

Investigación en el Sistema Nacional de Salud

Esta polémica ya había sido expuesta por los investigadores del Sistema Nacional de Salud. En concreto, María Morán, presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), presentó su descontento con las modificaciones realizadas en el convenio que regula la cotización. “Agradecemos los cambios realizados en la orden que regula la cotización retroactiva de los becarios de investigación, pero no estamos contentos”, sentenciaba ante Redacción Médica.

En líneas generales, la opinión de Morán coincide con las peticiones expuestas en esta PNL. Según reclamaba,  para que el convenio sea realmente justo, es necesario que los trabajadores no se hagan cargo “del importe que debería haber cotizado el empleador,” por lo que se defiende instaurar una bonificación para hacerse cargo de estos costes.

“Además, se sigue manteniendo el límite de 5 años para cotizar, cuando hay gente que ha trabajado con becas más tiempo y tendrá lagunas sin cotizar”, añadía. Para ella, el escenario ideal, que considera “totalmente posible”, pasa porque la Administración reconozca que la investigación “es un trabajo de valor, una inversión, y ni mucho menos un gasto”.

“La actual visión que se tiene ahora del sector subyace muchas veces en las políticas que se realizan en consecuencia”, señalaba Morán. Por este motivo, considera que al tratarse un gasto, las autoridades “van recortando y se dan presupuestos bajos para ejecutar proyectos”.