El Congreso maniobra ante la ley de ratios enfermeros sin memoria económica

Tras más de dos años de bloqueo y 83 prórrogas, la Ley de Seguridad del Paciente podrá continuar con su tramitación. Este martes la mesa del Congreso de los Diputados terminó el periodo de presentación de enmiendas abriendo así la norma a un periodo complejo por la falta de concreción económica que acarrea mientras exige la contratación de más personal para elevar los ratios enfermeros.

Y es que según han confirmado fuentes parlamentarias a Redacción Médica, por el momento la ley no cuenta con una memoria económica. Además, los grupos admiten que, más allá de que no están presupuestadas las exigencias de la norma, esta además genera injerencias en las competencias autonómicas y en la propia labor gestora del directivo de la salud sobre los centros o áreas sanitarias.

A priori, el objetivo de esta ley es evitar riesgos, complicaciones y efectos adversos para los pacientes. Para ello, busca establecer unos ratios de enfermeras por paciente que palien déficit actual de profesionales, así como abordar la problemática de la sustitución de enfermeras cuando estas se jubilan.

Elvira Velasco, portavoz sanitaria del PP en el Congreso, explica que, aunque el desbloqueo es un paso, “ahora es cuando empieza el trabajo”. “Hay que constituir una ponencia y buscar el máximo consenso con todos los grupos”, comenta. Así, advierte que los trabajos que realicen ahora mismo de manera interna son esenciales, pues, haciendo referencia a la falta de memoria económica, asegura que “de nada sirve legislar que se deben incorporar más enfermeras si no se sabe cómo hacerlo”.

Una ley adaptable a cada situación

La representante del PP hace hincapié en que la nueva ley tiene que ser adaptable a la situación y no quedar “en una foto fija”. Por ejemplo, comenta que “hay que tener en cuenta la situación de cada comunidad autónoma” a la hora de aplicar esta norma a cada territorio. “Tiene que ser una ley en la que todos tengan cabida. Se puede proponer una cosa, pero después, si no das recursos y lo adaptas, cada comunidad autónoma va a tener que ver cómo aplicarlo a su situación”, desarrolla Velasco.

Además, habla sobre adaptar el modelo según se hable de una enfermera con unas funciones y otras. “No es lo mismo una enfermera de cuidados intensivos, que una de medicina interna o una enfocada a cirugías. Son casos diferentes y hay cosas que se pueden limar, hay que dejar todo en la ley muy bien especificado”, añade la portavoz sanitaria.

"Es improcedente que la ratio se establezca mediante una disposición legislativa general"

Josune Gorospe, portavoz sanitaria de PNV en el Congreso, apunta hacia la necesidad de adaptar la ratio a cada región, teniendo en cuenta sus peculiaridades. De esta manera, piden “criterios generales que faciliten a los gestores de las instituciones sanitarias la dotación de personal con parámetros de calidad asistencial”.

Por otro lado, indican que les parece “improcedente” que la ratio se establezca “mediante una disposición legislativa general adoptada por el Estado”, puesto que la ampliación de personas tiene unos costes “asumidos por los presupuestos a aprobar y gestionar por las comunidades autónomas”.

Impacto de la ley en el sector privado

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos explican a este periódico que apoyan la “toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular”, aunque tiran el balón al campo de PP y PSOE y aseguran que ellos, que gobiernan en las comunidades autónomas, “son los que tienen que contratar más personal”.

Dentro de las peculiaridades de la ley, destacan la necesidad de abordar cómo esta puede afectar al sector privado. Así, aseguran que es “irresponsable exigir a las empresas” los mismos criterios que a las administraciones. “En nuestras enmiendas hemos asegurado que el sector privado cuenta con esa flexibilidad, y esperamos que el resto de los grupos lo apoyen”, indican.

Fin del bloqueo en la coalición de Gobierno

Las negociaciones en el seno de la coalición del Gobierno han resultado clave para avanzar en la tramitación de la Ley de Seguridad del Paciente, después de más de dos años paralizada en el Congreso. Fuentes de Unidas Podemos se han atribuido buena parte de este resultado después de haber "insistido" al grupo socialista para que se decantara a favor. "Los portavoces del partido han estado presionando y pidiendo en repetidas ruedas de prensa su desbloqueo", han afirmado a este periódico. 

Aunque desde la formación morada no han aclarado las particularidades que la falta de una memoria económica en el proyecto normativo, sí que han valorado positivamente el contenido de la norma que llegó a la Cámara Baja como una iniciativa popular. "Frente a la demolición calculada de la sanidad en Madrid o Andalucía, este Gobierno debe apostar por reforzar la sanidad pública y proteger a los profesionales", han subrayado.