La
Comisión Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado una Proposición No de Ley (
PNL) del
Grupo Socialista, en texto transaccionado junto a
Sumar, enfocada a reforzar la normativa ya vigente para que sean los facultativos de cualquier nivel asistencial que hagan el reconocimiento médico a los pacientes, y no sólo los de
Atención Primaria, los que gestionen
bajas médicas por incapacidad temporal (IT) en casos de enfermedad común o accidente no laboral, algo que no vendría sino a agilizar los trámites.
El texto aprobado este martes, defendido por la enfermera socialista
Carmen Castilla, ha salido adelante con 18 a favor y 19 abstenciones, también insta al Gobierno a armonizar entre comunidades autónomas la
tramitación de bajas médicas y a implicar en ello a “otros especialistas médicos” de los servicios públicos de salud.
Con ello se busca fortalecer lo que ya regula el
Real Decreto 625/2014, en el que se determina que la
declaración de baja se formule en el parte expedido por el médico que haya reconocido al trabajador afectado, y en la
Orden ministerial 1187/2015, que dicta que ese
parte se expida “inmediatamente después del reconocimiento médico”. Cada texto quedó ampliado, respectivamente, por el
RD 1060/2022, y la
Orden ISM 2/2023.
“Uno de los principales problemas que tiene la Atención Primaria es la
excesiva burocratización de los profesionales sanitarios”, ha afirmado Castilla, quien ha señalado que, “en no pocos casos”, esa circunstancia está relacionada con el llamado
‘burnout’. “Si queremos profesionales motivados, debemos hacer atractiva dicha especialidad”, ha agregado la socialista, que ha recordado que, en la recientemente concluida convocatoria MIR, se han quedado
vacantes 459 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria.
Alternativas de Sumar a la desburocratización de Primaria
Su homólogo de Sumar, el médico
Rafael Cofiño, ha basado en dos pilares su filosofía de mejora de la Atención Primaria: la mejora de las condiciones laborales -lo cual, según ha dicho, no va ligado directamente con el aumento del número de médicos- y la agilización de los procesos burocráticos. “Esto es una barbaridad porque quita tiempo valioso para
atención domiciliaria, atención a pacientes paliativos y a
trabajo comunitario”, ha indicado.
En cualquier caso, ha advertido que esa agilización del primer nivel asistencial no ha de conllevar que ese peso recaiga en el ámbito hospitalario. “No se trata de desburocratizar la Atención Primaria para burocratizar otro nivel asistencial”, ha dicho, al respecto de lo cual ha puesto sobre la mesa alternativas como la
autojustificación de bajas, ya propuesta por el
Ministerio de Sanidad, “en ciertos casos y con ciertos límites”.
En este sentido, ha indicado que hay que tener “cuidado” con establecer sistemas de
gestión de IT con mutuas “que pueden generar inequidades”: “El acceso a
pruebas diagnósticas y a
procesos terapéuticos tiene que ser el mismo tanto en personas con derecho a IT como en personas que, por su trabajo reproductivo o de cuidados, no tengan ese acceso”.
La derecha lamenta la "deriva" sanitaria y laboral del Gobierno
Los portavoces de los grupos
Popular y
Vox han lamentado los términos en los que se ha propuesto la PNL recordando, en primer lugar, que la iniciativa podría suponer una invasión de las competencias sanitarias de las comunidades autónomas. “La PNL se plantea de forma ambigua, desactualizada y poco precisa”, ha criticado la popular
Irene Garrido, quien ha reconocido que se trata de un asunto para el que es necesario llegar a acuerdos. “El problema es cuando no se sabe, a tenor del contenido, a qué acuerdo se quiere llegar”, ha dicho.
David García Gomis, homólogo de Vox, ha afeado a PSOE y Sumar su “deriva nefasta”. “No tienen un proyecto real para solucionar las decenas de problemas de nuestro tejido laboral”, ha manifestado antes de definir la PNL como una propuesta “para cumplir expediente”. “Este tema debería ir a la mesa de diálogo con todas las autonomías”, ha sentenciado.
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