A primeros de diciembre, el pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer
ratios mínimas de enfermeras en el sistema sanitario, una antigua reivindicación que comenzó a gestarse en 2018. La tramitación como ley de la propuesta fue aplaudida de forma mayoritaria por la Cámara, aunque no estuvo exenta de debate, especialmente en lo referente a los límites de las competencias respecto a otras categorías sanitarias, como la
médica. Los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, y las fuerzas de la oposición, PP y Vox, respaldan, en esencia, la norma, pero abren la puerta a que se estudie ampliarla a otros colectivos sanitarios.
Según el reciente
informe del Ministerio de Sanidad sobre la situación de la Enfermería, la ratio de España es de 6,3 profesionales por cada 1.000 habitantes, algo más de dos puntos menos que la media de la
Unión Europea. Ni en el departamento dirigido por
Mónica García ni en el Congreso se duda, por ende, de la necesidad de que la
ley de ratios enfermeras siga tramitándose en las Cortes, más allá de que parece claro que los grupos registrarán sus propias enmiendas para ‘afinar’ el texto.
Debate para actualizar la propuesta de ratios enfermeras
Aunque voces de
Sumar consultadas por
Redacción Médica defienden públicamente la ley, en petit comité se permiten reconocer sus dudas en torno a la idoneidad de que una iniciativa como esta se centre en una única categoría profesional sanitaria. En cualquier caso, insisten en que seguirán reuniéndose con colectivos de Enfermería para que la tramitación de la normativa siga su curso con los cambios necesarios.
Durante el debate de la propuesta en el pleno del Congreso fue ese, la necesidad de actualizar los términos de una ILP que data de 2018, uno de los aspectos que se pusieron sobre la mesa. En ello insisten las fuentes del
Grupo Parlamentario Popular con las que ha contactado este medio, que ven acertado centrarse en la mejora de las ratios en Enfermería, independientemente de que se estudie lo propio en otros colectivos: “La situación sanitaria no es la misma de entonces y es necesario establecer un diálogo con los diferentes actores para contemplar la situación actual y la del futuro”.
Para el
PP, ese debate ha de llevarse a cabo en el seno de la
Comisión Nacional de Recursos Humanos, “estableciendo un grupo de trabajo que elabore un informe con las medidas a llevar a cabo respecto al desempeño profesional de las enfermeras”. Cabe recordar que en Sanidad siguen trabajando para culminar un borrador del prometido
Marco Estratégico de Cuidados en Salud que, en principio, se debatirá en el
Consejo Interterritorial que se celebre en febrero.
La valoración de los populares va en sintonía con la de
Vox, grupo que pone el énfasis sobre la necesidad de “reconocer” a una profesión
“vital” para el sector sanitario como es la de Enfermería. En este sentido, fuentes de la formación defienden que la adecuación de ratios se lleve a cabo de forma individualizada a fin de garantizar
“condiciones laborales dignas” independientemente de la necesidad de extender esta premisa al resto de colectivos de salud.
En el
PSOE van más allá en ese sentido. “Hay una reivindicación importante con el colectivo enfermero”, señalan fuentes del núcleo duro socialista, que incluyen el diálogo en torno a la ley de ratios de
Enfermería en el marco de la renovación de las competencias no sólo de esta categoría sanitaria, sino del resto.
Es cierto que no se muestran abiertamente reacios a impulsar una normativa de esa índole que abarque a
médicos y
TCAES, entre otros profesionales, pero sí que lo supeditan a la resolución de otra norma que se halla en pleno debate: “Tenemos que esperar al
Estatuto Marco”.
En cualquier caso, los socialistas tienen previsto preguntar sobre los avances en torno a la ley de ratios de Enfermería al secretario de Estado de Sanidad,
Javier Padilla, en su próxima
comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, programada para el 12 de febrero.
Prioridad para otros tres proyectos normativos sanitarios
Más allá del actual punto de cocción de la norma, fuentes de la Mesa sanitaria de la Cámara Baja dejan claro que su debate no es prioritario, en tanto en cuanto ya hay en las Cortes otros
tres proyectos normativos sanitarios que llevan meses en el horno. El que está más cerca del informe de ponencia previo a su debate en el pleno del Congreso es el de la
Agencia Estatal de Salud Pública.
El plazo de presentación de enmiendas al articulado se cerró a finales del pasado verano, y desde entonces está a la espera de que se designe a los ponentes para negociar qué enmiendas se incorporan al texto y cuáles no. Desde el
Ministerio de Sanidad siempre se ha defendido que la intención es que, antes de ello, se llegue al mayor nivel de acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que la tramitación final sea desde el consenso pleno.
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