El Congreso avala la reforma del copago con abstenciones de PP, Junts y ERC

El Gobierno salva el RD pese a los votos en contra de Vox y las críticas de ERC y PNV por haber optado por el decretazo

La ministra de Sanidad, Mónica García, en el pleno del Congreso.


28 may 2026. 12.50H
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El Congreso ha convalidado finalmente la reforma del copago farmacéutico con las abstenciones de PP, Junts y ERC, tras las dudas suscitadas en las últimas horas entre los principales partidos de la oposición por los dos últimos casos judiciales que han salpicado al PSOE, el del expresidente Zapatero y el de la supuesta fontanera Leire Díez, aun no tocando directamente el fondo del Real Decreto-ley. Vox, de hecho, ha terminado por votar en contra de la norma. El Gobierno ha logrado esquivar las críticas no sólo de los populares, que han definido el texto normativo como una “chapuza”, sino también de partidos nacionalistas como PNV y ERC, que han lamentado que el Ejecutivo haya optado por la vía del decretazo sin negociar la reforma con los grupos parlamentarios.

El Real Decreto-ley (que ya había entrado en vigor el 14 de mayo, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) previa aprobación en el Consejo de Ministros) establece un modelo de aportación a la prestación farmacéutica ambulatoria “más progresivo”, es decir, introduciendo más tramos de copago que benefician a las rentas medias y bajas. La ministra de Sanidad, Mónica García, lo ha resumido en el pleno como “una iniciativa para que los pacientes paguen menos por sus medicamentos”, que favorece la “adherencia terapéutica” evitando que los pacientes polimedicados o crónicos abandonen sus tratamientos por meras cuestiones económicas y que, por tanto, “conecta con la vida real” en un contexto de “polémicas, conflictos y ruido”.

El Real Decreto-ley se sostiene sobre “tres patas”, según García: reforzar la “equidad” del sistema al pasar de tres tramos de copago a seis en el caso de las personas activas, mejorar la “protección” de los pensionistas corriendo algunas “distorsiones que había generado el sistema a lo largo del tiempo” añadiendo un nuevo tramo de copago, y adaptar el modelo “a la realidad social y económica del país” en un contexto de “pérdida generalizada del poder adquisitivo”, que ha afectado de manera “muy particular” a las rentas medias y bajas, ha resaltado la ministra.

Pero el nuevo copago, según ha resaltado, no es sólo una medida de “protección social”, sino, además, de “sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” en tanto en cuanto “ahorra dinero a los pacientes, pero también a las administraciones y a las instituciones sanitarias” porque “favorece la capacidad preventiva y asistencial del sistema”.

PP y Vox cargan contra el fondo de la reforma


Sin embargo, para la diputada del PP Elvira Velasco, el Real Decreto-ley es “una auténtica chapuza” con una aplicación efectiva “inviable” en la medida en la que requiere coordinar a los ministerios de Sanidad y Hacienda, al Instituto Nacional de Seguridad Social, a las comunidades autónomas y a las oficinas de farmacia. Redacción Médica ya había avanzado esta mañana a primera hora las reticencias del PP al hecho de que la norma no incluya un esquema de implantación progresiva. Velasco también ha desmentido que el Real Decreto-ley vaya a suponer un ahorro para el sistema, como ha destacado la ministra. “Va a suponer reintegros de gastos a las personas afectadas”, ha advertido.

Vox ha vuelto a defender el concepto de “prioridad nacional” para criticar la reforma. Según su diputado Pablo Sáez, el Real Decreto-ley es “injusto” porque “trata desfavorablemente a los españoles e inmigrantes legales” frente a “los inmigrantes ilegales”: “A un fajador español se le trata peor que a quien no ha contribuido previamente sosteniendo el sistema”.

ERC y PNV lamentan que el Gobierno no haya dialogado


PNV y ERC han cargado contra el Gobierno por no haber contado con los grupos parlamentarios para elaborar el Real Decreto-ley, sobre todo por el impacto económico que, han afirmado, tendrá la medida en las comunidades autónomas. La catalana Etna Estrems ha lamentado que no haya habido “un debate político de fondo” al respecto y ha advertido al Ejecutivo de que gobernar en minoría “exige mucho más”.

En la misma línea, el vasco Joseba Agirretxea, quien ha recordado que Euskadi ya impulsó medidas para proteger a las rentas bajas cuando fue “obligado” por “sentencia” a aplicar el copago, ha dicho que lo ideal hubiera sido incluir la reforma en el futuro proyecto de la Ley de los Medicamentos para asegurar, así, un debate parlamentario al respecto. Cabe recordar que, en un primer momento, Sanidad apostó por ello, pero finalmente en el Gobierno se decidió optar por otra vía “por motivos estratégicos”.

Así es la reforma del copago farmacéutico aprobada por el Congreso


En lo que se refiere a las personas activas y sus beneficiarios, los porcentajes de aportación plasmados en el Real Decreto-ley son los siguientes:

  • En las rentas anuales inferiores a 9.000 euros, 40 por ciento de copago con límite mensual de 8,23 euros.
  • En rentas de entre 9.000 y 17.999 euros, 40 por ciento con tope mensual de 18,52 euros.
  • Entre 18.000 y 34.599 euros, 45 por ciento con límite mensual de 61,75 euros.
  • Entre 35.000 y 59.999 euros, 45 por ciento de copago sin tope mensual.
  • Entre 60.000 a 99.999 euros, 50 por ciento de copago sin tope mensual.
  • En las rentas superiores a los 100.000 euros, el copago se eleva al 60 por ciento sin límite mensual.

En el caso de los pensionistas, los tramos de aportación también se han revisado incorporando uno nuevo intermedio:

  • Para las rentas anuales de menos de 18.000 euros, la aportación queda en el 10 por ciento con un tope al mes de 8,23 euros.
  • De 18.000 a 59.599 euros al año, el copago es del 10 por ciento con límite mensual de 13,37 euros.
  • Entre 60.000 y 99.999 euros, un 10 por ciento de aportación con 18,52 euros de tope al mes.
  • En las rentas de más de 100.000 euros, el copago es del 60 por ciento de copago con límite mensual de 61,75 euros.

El impacto presupuestario estimado de estas medidas será de 265,63 millones de euros, según los cálculos del Gobierno.
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