El
Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de nuevo el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones para el bienio 2024-26, proyecto que fue devuelto a la Cámara Baja por el Senado. Dicho plan establece un objetivo de del 0,1 por ciento para las autonomías este ejercicio, lo que, según Moncloa, “permitirá que puedan destinar más recursos a servicios públicos claves como la
sanidad, la educación o la dependencia”.
La votación del objetivo de estabilidad se ha saldado con 176 votos a favor de
PSOE, Sumar, PNV, ERC, EH Bildu, Junts, Coalición Canaria, BNG y Podemos; y 171 en contra, de
PP, Vox y UPN. Con el mismo resultado se ha aprobado el plan de reequilibrio que acompaña a los objetivos, una hoja de ruta presupuestaria para el próximo trienio.
Los objetivos fijan un
déficit del 3 por ciento en 2024 para el conjunto de las Administraciones Públicas, del 2,7 por ciento en 2025 y del 2,5 en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1 por ciento para 2024. Para 2025 y para 2026, las comunidades buscarán el
equilibrio presupuestario (0 por ciento).
Según el Gobierno, esta senda “permitirá que puedan destinar
más recursos a servicios públicos claves como la sanidad, la educación o la dependencia”.
Para las entidades locales también se acordó el
equilibrio presupuestario del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2 por ciento para 2024, un 0,1 en 2025 y al 0 en 2026. El techo de gasto, por su parte, se eleva a 199.120 millones de euros en 2024, un 0,5 por ciento más con respecto al ejercicio anterior incluyendo los fondos procedentes de la
Unión Europea.
En lo que respecta al
objetivo de deuda pública, el Gobierno prevé un
106,3 por ciento del PIB en 2024, del 105,4 por ciento en 2025 y del 104,4 por ciento en 2026. Por último, la regla de gasto se sitúa en un 2,6 por ciento para este año, un 2,7 por ciento en 2025 y un 2,8 por ciento en 2026.
Rechazo del Senado al plan de estabilidad presupuestaria
Tras superar su trámite en el Congreso, la historia se repite y será el Senado quien tenga la última palabra sobre estos objetivos, que son un primer paso que abre el camino a la presentación de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.
Pero si se consuma un segundo veto a la senda de déficit, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado que los objetivos fijados serán los remitidos a la Comisión Europea en abril dentro del
Programa de Estabilidad, lo que se traduciría en una menor capacidad de gasto para comunidades y ayuntamientos.
En los planes del Gobierno no está ese segundo veto a los objetivos, pues nunca ha sucedido, pero sí ocurre Hacienda tiene un 'plan B', que es un informe de la
Abogacía del Estado sustentado en el artículo 135 de la Constitución que permitiría la tramitación presupuestaria con la senda remitida a Bruselas.
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