El Congreso aprueba la ley de ratios enfermera con la incógnita económica

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer ratios mínimas de enfermeras en el sistema sanitario, con el objetivo de garantizar la seguridad del paciente y mejorar las condiciones laborales de este colectivo. La propuesta, presentada por el expresidente del Sindicato de Enfermería Satse, Manuel Cascos, ha sido aprobada con 316 votos a favor, aunque ha generado ciertas resistencias, especialmente en lo que respecta a los ámbitos competenciales, lo que hace posible que se enfrente en el futuro a enmiendas en este sentido por parte de los actuales socios del gobierno

Esta propuesta, que ha sido respaldada por más de 660.000 firmas, ya había aterrizado en el Congreso en el año 2020. Desde entonces, se ha enfrentado un largo proceso legislativo marcado por la repetida presentación de prórrogas, que han retrasado su avance en el Congreso. En total, la iniciativa ha sido pospuesta hasta en 83 ocasiones. Este martes, el proceso para aprobar la ILP ha vuelto al pleno de esta Cámara, que comparte la opinión de que es necesario mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, aunque con diferencias políticas, en especial respecto a la posible invasión de las competencias autonómicas en materia de sanidad.

A mediados de septiembre esta propuesta ya pasó por la Comisión de Sanidad del Congreso, donde se denfendió que la pretensión de la iniciativa de Satse era la de redactar una ley “flexible” en el marco competencial autonómico. “No tiene que ser exactamente la que está recogida en el texto, pero sí necesitamos garantizar unos mínimos seguros”, defendía la presidenta de este sindicato, Laura Villaseñor.

¿Qué propone la ley de ratios de enfermeras?

La propuesta establece, como objetivo, que las enfermeras tengan asignadas hasta seis pacientes en condiciones normales, con la posibilidad de incrementar el número a ocho en circunstancias excepcionales.  En Atención Primaria, se sugiere que el número de habitantes por enfermera no supere los 1.500.

Estos criterios se basan en estudios que demuestran que la sobrecarga en enfermería y la falta de recursos afectan directamente la seguridad de los pacientes. Además, la iniciativa también busca acabar con la alta precariedad laboral que afecta a las enfermeras, marcada por contratos temporales, una alta rotación y escasez de personal especializado.

Este proyecto no ha estado exento de críticas por diversos motivos. Uno de ellos, fue que la propuesta no ha contado con una memoria económica. Además, los grupos señalaban que más allá de que no están presupuestadas las exigencias de la norma, esta genera injerencias en las competencias autonómicas y en la propia labor gestora del directivo de la salud sobre los centros o áreas sanitarias.

El Congreso opina sobre la Ley de Ratios de Enfermería

El debate parlamentario sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ha mostrado, de nuevo, un consenso respecto a la importancia de reforzar la enfermería como pilar del sistema sanitario, al igual que ocurrió durante la Comisión de Sanidad celebrada en septiembre. Las posiciones, sin embargo, se vieron influenciadas por cuestiones de competencias autonómicas, planificación y enfoques legislativos.

El Grupo Parlamentario Socialista, que ha expresado su respaldo a la ILP, destaca la necesidad de abordar la sobrecarga laboral y garantizar la seguridad de los pacientes. La diputada María Carmen Castilla, quien también es enfermera, ha agradecido a los promotores y ciudadanos que impulsaron la iniciativa y ha subrayado que la propuesta tiene una base sólida en la evidencia científica, indicando que, desde 2001, estudios como el de Niedermann han demostrado que “una hora más de cuidado proporcionado por enfermeras tituladas reduce las infecciones y disminuye la morbimortalidad”.

No obstante, el PSOE aboga por una regulación que considere factores como la complejidad y las necesidades específicas de los pacientes, especialmente en servicios críticos. Además, Castilla ha señalado que será esencial la colaboración con las comunidades autónomas para garantizar una implementación adecuada: “Esto hay que negociarlo porque son las autonomías las responsables de la gestión de los servicios de salud”.

Desde el Partido Popular, la diputada Elvira Velasco ha respaldado la necesidad de reforzar la enfermería, criticando al Gobierno por su falta de acción en los últimos años para abordar los problemas estructurales del sistema sanitario. En su opinión, desde la pasada legislatura, el Ejecutivo “no ha tomado medidas para resolver los déficits en el sistema de salud ni para cubrir adecuadamente las vacantes de enfermería”.

A su vez, ha destacado el impacto negativo que esta situación tiene en la Atención Primaria, que califica como “desatendida” y sin planificación efectiva. Además, también ha señalado que el Gobierno no ha avanzado en la actualización del Estatuto Marco del personal sanitario, algo que considera crucial para mejorar las condiciones laborales y la estabilidad de tanto de las enfermeras como del resto del colectivo.

Necesidad de aumentar los recursos para Enfermería

Desde Sumar, Alda Recas ha tratado de respaldar la ILP con datos y estudios que demuestran su impacto positivo. Según ha explicado, una realizada por el Ministerio de Sanidad a más de 55.000 enfermeras ha demostrado que el 64,3 por ciento de estas profesionales considera que no hay suficientes recursos para garantizar calidad y seguridad en los servicios.

En este sentido, Recas ha aprovechado su intervención para señalar la necesidad de legislar teniendo en cuenta estos datos. Junto a esto, ha calificado como “fracaso colectivo” que la iniciativa haya sufrido 83 prórrogas hasta la fecha.

Por su parte, David Gomis, desde Vox, ha adoptado un enfoque crítico hacia el proceso legislativo, y ha cuestionado tanto la eficiencia del Gobierno como el encaje competencial de la propuesta. Según el portavoz, la iniciativa no aborda de manera integral las necesidades financieras y organizativas para cubrir los déficits actuales del sistema sanitario.

Tensiones competenciales por las competencias sanitarias

Tanto Esquerra Republicana como Junts han expresado su apoyo a los objetivos de la ILP, a pesar de insistir que la sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas. La diputada de ERC, Etna Estrems ha recordado que en Cataluña ya se han implementado medidas como el Plan de Acción de Enfermería 2024-2025 y que “es necesario que el Estado dote de recursos a las autonomías sin invadir sus competencias”. Por su parte, Pilar Calvo, de Junts ha comentado que si la iniciativa respeta las competencias catalanas, podrá ser implementada sin problemas.

Desde el BNG, Néstor Rego, también a favor de la ILP, ha subrayado la necesidad de avanzar hacia una mejora integral de todo el personal sanitario. “Hay que eliminar la limitación de la tasa de reposición y evitar más precariedad”, ha añadido. Por su parte, Iñaki Ruiz de Pinedo, de Bildu ha coincido en la necesidad de reforzar la enfermería, pero ha mostrado reservas sobre el enfoque centralizado de la propuesta, destacando que las competencias autonómicas deben respetarse.

Podemos, por su parte, también ha respaldado la iniciativa destacando su origen ciudadano y la necesidad de garantizar la seguridad del paciente mediante una ratio mínima de enfermeras. Sin embargo, ha criticado que la propuesta haya sido bloqueada durante años en el Congreso. “¿De qué sirve votar a favor si luego la bloquean en la Mesa con prórrogas semana tras semana?”, ha expresado Javier Sánchez.

Por último, el PNV ha sido uno de los pocos grupos que se ha manifestado abiertamente en contra de la ILP. Entre sus argumentos, Maribel Vaquero ha explicado que la propuesta constituye “una invasión competencial de libro” al pretender que el Estado legisle sobre ratios que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

La proposición de instrucciones previas del PSOE se rechaza

Durante la sesión, también se aprovechó para votar la toma en consideración de la proposición de ley del grupo parlamentario socialista sobre el derecho a otorgar instrucciones previas, que fue rechazada con 180 votos en contra.

Esta ley pretendía establecer una nueva regulación sobre las instrucciones con diferentes finalidades, como la incorporación de la solicitud de la prestación de ayuda para morir entre las situaciones que son motivo para realizar esa manifestación anticipada o eliminando el "Lex artis", para aportar mayor seguridad jurídica.

Entre otros asuntos, también pedía que se reforzase la voluntad de la persona, haciendo especial hincapié en el derecho a las personas de mayor edad a manifestar anticipadamente los cuidados que deseaba tener, así como el tratamiento asistencial que deseaba recibir en el final de su vida.