La imputación de
José Luis Rodríguez Zapatero no ha trastocado los planes de
Pedro Sánchez para culminar en tiempo y forma la legislatura. En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados después de que se haya dado a conocer la investigación judicial, el presidente del Gobierno ha anunciado que
no convocará elecciones antes de la fecha prevista en 2027. Ese margen de tiempo le permitirá culminar su agenda legislativa, donde ya tiene como una de las prioridades la aprobación de la ansiada
Ley de los Medicamentos.
Sánchez ha citado expresamente este compromiso sanitario dentro de un
amplio paquete de leyes que hará llegar a la cámara en el año que resta de ciclo electoral, pese a que ha reconocido abiertamente las dificultades para sacarlas adelante en “minoría” parlamentaria. “Lo que va después de ocho años de Gobierno de coalición progresista es el
crecimiento, la creación de empleo y los avances sociales”, ha apuntado en la sesión de control.
La Ley de los Medicamentos es una de las promesas estrella del Gobierno. En las últimas semanas, figuras del Ministerio de Sanidad como el secretario de Estado,
Javier Padilla, anunciaron que su aprobación en el Consejo de Ministros en segunda vuelta sería inminente, aunque todavía no se ha llegado ese paso, necesario para que comience la tramitación parlamentaria como proyecto legislativo. Con la norma se busca reformar por completo el actual modelo de dispensación de fármacos con grandes novedades como la
habilitación de enfermeras y fisioterapeutas para dispensar, las medidas para enfrentar el
desabastecimiento, el cambio en el
sistema de precios de referencia o los mecanismos para un acceso temprano a los tratamientos.
La difícil mayoría parlamentaria
Sin embargo, la ley del medicamento se enfrenta a un
complicado escenario parlamentario una vez que supere el cauce del Consejo de Ministros. Tras la ruptura de relaciones entre los grupos que conforman el Gobierno y Junts, las cuentas son casi imposibles para sacar adelante cualquier tipo de iniciativa legislativa. Un momento fragilidad que ahora se ha acrecentado por las
críticas de los partidos de la oposición tras la imputación de Zapatero.
Sánchez ha tenido que defenderse de las acusaciones no solo de
l Partido Popular y de Vox, sino también de
Esquerra Republicana, que le han pedido que aclare su postura tras la investigación abierta por corrupción contra el exmandatario socialista. En ese sentido, Sánchez ha mandado un mensaje de
“apoyo” a Zapatero y ha defendido el derecho a la “presunción de inocencia”.
Queda por ver si los grupos de la oposición pasan factura al Gobierno por el escándalo de Zapatero, imputado por
organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el seno de la investigación abierta por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
El plan normativo del Gobierno
De momento, y como respuesta a la vorágine política, Sánchez ha defendido que mantendrá el cronograma de
su Plan Anual Normativo (PAN) para 2026, que incluye 179 iniciativas, entre ellas 10 grandes leyes. Además de la del medicamento, también pretende culminar este año las reformas sobre integridad pública, democracia de la empresa, protección de la infancia, servicios públicos y asistencia jurídica gratuita o protección al derecho al honor.
“Lo que más hace rabiar a la derecha y la ultraderecha y más reconforta al electorado progresista es un Gobierno que es capaz incluso con una minoría parlamentaria de
sacar iniciativas legislativas que son importantes para el beneficio de la mayoría de la gente. Eso es lo que vamos seguir haciendo hasta 2027 que habrá de nuevo elecciones. Esperamos reeditar una mayoría que nos permita seguir gobernando”, ha enfatizado.
Ese es su “plan” de cara al futuro, según ha reiterado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tomando como referencia el PAN 2026. Aunque se ha referido de forma expresa a la Ley de los Medicamentos, el documento también incluye el
Estatuto Marco, la Ley de Gestión Pública, la Ley Antitabaco y la
Ley de Organizaciones de Pacientes, a las que se suman 10 reales decretos, todos
impulsados por el Ministerio de Sanidad.
Sánchez, contra la "prioridad nacional"
Al margen de ello, Sánchez ha afeado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, los acuerdos de su partido “con la ultraderecha” en Extremadura y Aragón. Uno de los aspectos impuestos por Vox en esos pactos es la llamada
prioridad nacional en el acceso a servicios públicos, a lo cual se ha referido el líder de Vox, Santiago Abascal: “Los españoles humildes son saqueados fiscalmente y muchas veces no se pueden independizar, formar una familia y tener una vivienda porque
tienen que pagar las plazas de guardería, la sanidad, las ayudas sociales y las ayudas al alquiler de los que acaban de llegar”.
El presidente del Gobierno lo ha acusado de votar en el Congreso en contra de “todos los avances sociales”, entre otros, la
reforma constitucional para blindar el derecho al aborto. “
Su prioridad nacional no es la gente de a pie, es ponerse al servicio de las élites internacionales que le financian, su prioridad es su cuenta corriente”, ha sentenciado.
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