El 'adiós' a la gestión indirecta del SNS da un paso adelante en el Senado

El Grupo Parlamentario Izquierda Confederal ha presentado una moción por la que insta al Gobierno a derogar la Ley 15/1997, que permite la entrada de empresas privadas en la gestión de servicios sanitarios públicos. La propuesta, presentada ante la Comisión de Sanidad del Senado, busca revertir lo que consideran una “privatización encubierta” de la sanidad y construir un marco legal que garantice la gestión pública del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como una “verdadera universalidad” de la atención sanitaria en España.

En concreto, la Ley 15/1997 habilita nuevas formas de gestión dentro del SNS y abre la puerta a la colaboración con empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios. Esta norma, que en su origen fue concebida como una medida excepcional, ha permitido la entrada de capital privado en el sistema público, lo que, según Izquierda Confederal, ha generado un “deterioro de la calidad asistencial” y ha convertido la sanidad en una “fuente de negocio”.

Según argumenta este grupo parlamentario (que engloba a Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai), “esta privatización no ha demostrado tener mejores resultados en salud ni suponer menores costes en términos económicos”. Por este motivo, considera que mantener esta ley “atenta contra los principios de una sanidad pública y universal”. La propuesta del grupo incluye el desarrollo de una nueva ley integral que impida el lucro en la prestación de servicios sanitarios y priorice la gestión directa y pública de todos los servicios del SNS.

Una "verdadera universalidad" en el SNS

La recuperación de la “universalidad” del SNS es otro de los puntos clave de esta moción. Aunque el Real Decreto-Ley 7/2018, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, restituyó parcialmente el derecho a la atención sanitaria universal, la Izquierda Confederal señala que aún persisten “importantes carencias y lagunas que perpetúan la exclusión sanitaria y sobre todo, permite que perdure un marco de funcionamiento (tanto legal como asistencial) en el cual la salud no es un derecho por el que el Estado se compromete a velar”.

Tal y como argumenta, esta reforma “no recuperó la lógica previa a 2012 de vincular el derecho a la atención sanitaria al hecho de vivir en España para todas las personas”. Por este motivo, demanda al Gobierno que realice todas “las modificaciones legislativas que sean necesarias para garantizar una verdadera universalidad de la atención sanitaria, blindar la gestión pública del Sistema Nacional de Salud y en suma, construir un marco legal que comprenda la salud como un derecho fundamenta”.

Pasos del Gobierno hacia un SNS público y universal

Precisamente en la actualidad, el Gobierno se encuentra trabajando en un proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, que llegó  al Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo. En ese momento, la Cámara dio luz verde a la tramitación de la norma, previamente aprobada por el Consejo de Ministros.

Entre otras novedades, este proyecto amplía la cobertura sanitaria del SNS a nuevos colectivos, clarifica y concreta prestaciones y “evita que puedan introducirse nuevos copagos”. Según recoge el cuerpo de la ley, otro de los objetivos es dar más ‘voz’ a pacientes: “Por ello, además de incluirse en la definición de la cartera, se materializa la participación de la ciudadanía en los órganos de asesoramiento del SNS como paso adelante a la buena gobernanza de nuestro sistema sanitario público”, destaca.

Además el Ministerio de Sanidad lanzó a consulta pública también en mayo la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Con esta busca “establecer, de forma clara, la prioridad absoluta” del ámbito público en la prestación de servicios sanitarios.

Además, la normativa pretende fortalecer la “integridad” del SNS con medidas como la “limitación” de la participación de entes privados, la mejora de la transparencia con “auditorías y rendición de cuentas” de la gestión indirecta y la “facilitación de la reversión” de los entes de salud hacia modelos públicos. “Dará un portazo a la Ley 15/1997 y al lucro de las empresas privadas con la sanidad pública”,tal y como manifestó en ese momento la ministra, Mónica García.

Apuesta por la transición ecológica del sistema sanitario

Otra de las propuestas de la moción se centra en la adaptación del Sistema Nacional de Salud a los retos del cambio climático. El texto insta al Gobierno a impulsar medidas que permitan la descarbonización del sistema sanitario con procesos de transición ecológica.

En este sentido, el Grupo señala que el cambio climático es “una de las principales amenazas a la salud pública mundial” y que se trata de un reto que solo puede abordarse de manera efectiva “desde una concepción de sistemas nacionales de salud que ponga la salud de la población en el centro”.