El 23-J pone en jaque el pacto sanitario PSOE-Podemos: qué queda por hacer

La primera experiencia de un Gobierno de coalición en la historia reciente de la democracia española se prepara para su adiós después del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez para el próximo 23 de julio. El cierre anticipado de la legislatura ha impedido materializar buena parte del programa que pactaron el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos en su alianza de investidura. Hasta un 43 por ciento de las grandes promesas sanitarias no han llegado a ver la luz definitivamente, fundamentalmente por la falta de acuerdo en algunas leyes clave que todavía siguen estancadas en el Congreso de los Diputadas. Algunas de las medidas ya estaban encauzadas pero el anuncio sorpresa de las elecciones ha acortado el margen de actuación de ambos grupos. 

El Programa de Gobierno que los dos partidos suscribieron en diciembre de 2019 contemplaba 14 grandes medidas vinculadas a la sanidad para desplegar en la legislatura. Transcurridos casi tres años y medio desde que se sellara la alianza, ocho ya han entrado en vigor. Las otras seis no han llegado a culminarse o se han aplicado solo parcialmente. Con este contexto todavía abierto, la disolución de Las Cortes Generales hace prácticamente imposible que cualquier iniciativa de gran calado se active ya en este periodo.

Entre los compromisos más importantes que sí que se han desarrollado figura el incremento de los recursos económicos destinados al Sistema Nacional de Salud (2.2.4). La propuesta pasaba por elevar la inversión de los servicios públicos hasta alcanzar el 7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023. Esta cifra viene recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este mismo ejercicio en el que se contemplaba un escenario de inversión de entre 7 y el 7,1 por ciento para el conjunto de las administraciones públicas en materia de salud.

Proyecciones de gasto en el Presupuesto General del Estado de 2023.

El Gobierno de coalición también ha dado cumplimiento a otros compromisos como el de introducir la Atención a la Salud Bucodental en la Cartera de Servicios del SNS (2.2.2). El Consejo de Ministros aterrizó esta iniciativa en junio de 2022 gracias a un programa dotado con 44 millones de euros que presentó la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias. El objetivo era cubrir a los menores de 14 años, las embarazadas o las personas con cáncer en la zona cérvico-facial entre los beneficiarios de esta nueva ampliación.

Otro de los grandes hitos de esta hoja de ruta pasaba por impulsar una renovación de la tecnología sanitaria disponible en España (2.2.5), poniendo a disposición mejores instrumentos diagnósticos y de tratamiento para garantizar una atención más “equitativa” de la población. El hito se puede dar por cumplido gracias al Plan Inveat, dotado con 795 millones de euros de los Fondos Europeos y que ya ha permitido renovar 852 equipos en los diferentes servicios de salud. A esta iniciativa se suma también el proyecto para implantar la protonterapia en 10 grandes hospitales del país.

La digitalización sanitaria (2.2.6) también representaba uno de los principales objetivos de calado de la legislatura, especialmente para evitar duplicidades en las pruebas diagnósticas y responder a los retos del envejecimiento o la cronicidad. Su implantación también ha corrido a cargo en varios proyectos vinculados al Plan de Recuperación. E incluso el Gobierno ha sacado ya a concurso público varias licitaciones para el desarrollo de aplicaciones, la unificación de la tarjeta sanitaria o la interoperabilidad de las historias clínicas que están en marcha.

Las reformas clave aprobadas en la legislatura

En materia normativa, había tres grandes actualizaciones que la coalición firmó sacar adelante durante su mandato. El Marco Estratégico de Atención Primaria (2.2.9), la Estrategia de Salud Mental (2.2.12) y el Fondo de Cohesión Sanitaria (2.2.14) se han renovado en estos últimos tres años. Aunque su aprobación no ha estado exenta de algunos roces en el seno de la coalición por los siguientes pasos a dar para mejorar el déficit de profesionales en estos sectores claves de la sanidad.

El cierre al capítulo de iniciativas aprobadas lo comprende la propuesta para mejorar las condiciones del personal sanitario (2.2.13). La redacción del Programa de Gobierno se circunscribía fundamentalmente a agilizar el cumplimiento del II Acuerdo en Materia de Sanidad e impulsar programas de retornos de sanitarios. En este capítulo, destacan medidas como el aumento de un 9,5 por ciento en el sueldo de los funcionarios públicos, el plan de estabilización de 2023 o la eliminación del término ‘eventual’ en la sanidad pública. Aunque también han quedado varios asuntos complementarios en el tintero en la segunda parte de la reforma del Estatuto Marco que sigue en el aire. 

Aunque no forme parte directa del programa sanitario, el Gobierno de coalición también ha implantado otra serie de compromisos vinculados con la salud, pero desarrollados en el capítulo de feminismo. Garantizar los tratamientos de reproducción asistida, prohibir las terapias de reversión para el colectivo LGTBIQ+ o facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos son promesas materializadas por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Las propuestas no cumplidas de la coalición

La gestión de las promesas también ha dejado algunos huecos vacíos. Buena parte de los incumplimientos están vinculados a la tramitación de la Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad del SNS que diseñó el equipo de Carolina Darias. En su contenido se recogían varios de los asuntos pendientes, pero las diferencias con Unidas Podemos por el papel de los conciertos de la sanidad privada ha impedido que avance el debate en el Congreso de los Diputados.

Uno de los puntos que se han quedado por el camino es el compromiso de blindar el sistema público de salud, apostando por un modelo de “gestión pública directa” (2.2.3). Esta medida comprendía una revisión de la Ley 15/1997 sobre la habilitación de nuevas formas de gestión en el SNS que aprobó el Gobierno de José María Aznar o el impulso de una comisión de expertos en el ámbito sanitario para analizar la norma. Unas condiciones que se estaban negociando en el marco de la Ley de Equidad pero que no han llegado a poder aplicarse.

En la misma línea, el Programa de Gobierno incorporaba otro punto para garantizar el “acceso universal” al SNS (2.2.8) La eliminación de periodos de carencia para que un ciudadano no pueda quedarse sin asistencia por problemas burocráticos, la ampliación del derecho a personas ascendientes de países extracomunitarios o la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita a personas que residen fuera de España eran algunas de las claves. El capitulo de la universalidad también viene recogido en la norma de Carolina Darias que se ha quedado en el tintero.

Las reformas farmacéuticas no llegan a tiempo

Entre los asuntos que no han llegado a materializarse esta legislatura también figura la de la orientación de las políticas de la industria farmacéutica hacia el cuidado de la salud, la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios (2.2.7). Aunque el Gobierno ha trabajado en cambios como el establecimiento de precios flexibles o una guía de evaluación económica, uno de los objetivos pasaba por aprobar antes de que acabara el año una reforma de la Ley de Garantías de los Medicamentos que abordara este asunto. El propio director general de La Cartera Común de Servicios y Farmacia del SNS, César Hernández, ha reconocido a Redacción Médica que cambiar el sistema de precios de referencia sigue siendo la “prioridad número uno” para su departamento. 

Otro de los asuntos en los que se ha avanzado pero que no se ha cumplido con totalidad es la eliminación progresiva de los copagos farmacéuticos introducidos en 2012 (2.2.1), especialmente los de pensionistas y hogares en vulnerabilidad. Aunque sí que se han suspendido algunos para proteger a colectivos como los menores con discapacidad o las personas con rentas más bajas, el Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que mantendría, por ejemplo, el copago del 30 por ciento para los jubilados adscritos a Muface. Mientras que si se trata de un fármaco de ‘aportación reducida’ el porcentaje cae hasta el 10 por ciento, con un máximo de 4,24 euros.

También se han quedado por el momento en ‘stand by’ las iniciativas para desarrollar un sistema de atención temprana universal, gratuito y público (2.2.10), a pesar de que la exministra María Luisa Carcedo ya impulsó un grupo de trabajo para abordarlo, o la integración de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal (2.2.11), que no se ha traducido en ninguna gran reforma hasta el momento.

Aunque no forma parte directa de la sección de sanidad sino del de la cohesión autonómica, otro de los compromisos no cumplidos es el de ceder la gestión de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) a Cataluña (9.4). Las posibilidades de que el MIR lo gestione la comunidad autónoma se han ido enfriando con el transcurso de la legislatura, e incluso Carolina Darias manifestó públicamente su rechazo, a preguntas de Redacción Médica.