DOCUMENTO| El pacto sanitario de la Comisión de Reconstrucción, completo

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados ya tiene su dictamen de conclusiones en materia de sanidad y salud pública. Según el documento al que ha tenido acceso Redacción Médica, hay un total de 71 propuestas políticas en sanidad, frente a las 68 que recogía el documento de PSOE y Unidas Podemos aprobado por el grupo de trabajo como ‘base’ para elaborar el texto de consenso. En el redactado final, que ha visto cómo se han eliminado propuestas que contenía del documento anterior e incluidas nuevas enmiendas, contiene una veintena de ideas nuevas con respecto al anterior texto.

No hay que olvidar que este dictamen nace del grupo de trabajo (uno de los cuatros) impulsados por la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de España tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 en España. Este documento, y tal y como informó este medio el pasado 3 de julio, obtuvo el apoyo de 166 diputados (de PSOE, UP y Ciudadanos), frente a las 94 abstenciones (de PP y Navarra Suma) y 33 votos en contra (de Coalición Canaria, Compromis o Vox, entre otros). No obstante, el redactado tiene que pasar una última ‘prueba’ final antes de saber si el gran Pacto político por la Sanidad llega a buen puerto: será el próximo 22 de julio a través de una votación en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Eliminar la tasa de reposición y un nuevo plan retributivo

En concreto, los diez bloques temáticos en los que se distribuyen las conclusiones en sanidad (gobernanza, RRHH, Primaria, Salud Pública, investigación, transformación digital, coordinación, política farmacéutica, financiación y modelo sanitario) ha sufrido una serie de cambios tras las diversas negociaciones de los grupos parlamentarios. Por ejemplo, en materia de gobernanza, se recoge explícitamente el derecho a la protección a la salud en colectivos como los menores, las mujeres embarazadas y los solicitantes de protección internacional. Asimismo, se añade el abordaje, junto con las CCAA, de un proceso de transformación de la salud y para un horizonte a 20 años; además de fortalecer el posicionamiento del Estado ante los programas EU4Health y Horizonte Europe. Y, además, se pide la participación ciudadana para promover la transparencia del sistema, entre otros puntos modificados

El documento recoge explícitamente el derecho a la protección a la salud

En RRHH, por su parte, los cambios se aprecian porque se pide explícitamente eliminar la tasa de reposición de efectivos para “así terminar con la precariedad laboral”, así como poner en marcha un plan de política retributiva para mejorar los niveles actuales y teniendo en cuenta, en concreto, los incentivos para el personal sanitario en el ámbito rural. 

En materia de Atención Primaria, se añade la necesidad de recalcar que España necesita una AP “estable, firme y robusta” para afrontar los futuros retos en salud pública. Aunque, por otro lado, se suprime la idea que sí remarcaba el documento de PSOE y UP sobre tiempos mínimos de atención, indicadores de cobertura de atención domiciliaria o indicadores de satisfacción. También la de organizar la cobertura de vacantes por un sistema que permita cubrir los puestos con antelación, favoreciendo al menos un día entre el médico que se va y su sustituto). 

Coordinación autonómica en tecnología sanitaria

En Salud Pública, se incluye la necesidad de una coordinación autonómica sobre los límites en el uso de la tecnología en cuestiones referentes a los derechos básicos, así como mejorar la respuesta de los organismos internacionales (como la OMS o el ECDC) ante futuras epidemias.

Sobre investigación, fármacos y vacunas, se mantiene la idea de incrementar gradualmente la inversión en I+D+i en los próximos 5 años de hasta el 2% del PIB y extender la categoría estatutaria de ‘Facultativo Especialista Investigador’ (que actualmente solo aplica el País Vasco) al resto de comunidades. En materia de coordinación, se elimina del redactado final el “reconocer que la atención sanitaria a las personas mayores que viven en centros residenciales depende del servicio de salud correspondiente”. 

Se aprueba impulsar un Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 2022-2025

Por su parte, en cuanto a política farmacéutica, se mantiene la eliminación de los copagos (uno de los puntos en los que hubo dificultad para llegar cerrar un acuerdo pleno con el PP), y se añade la elaboración de un nuevo Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 2022-2025 que tenga expresamente en cuenta la incidencia causada por la mayor exposición a los antibióticos por el Covid-19. Asimismo, se incluye establecer líneas de colaboración con la industria farmacéutica de medicamentos genéricos y biosimilares, así como el sector de empresas biotecnológicas, para garantizar el stock de estos productos; y contar con una ‘Reserva Estratégica de Productos Sanitarios Críticos’ de cara a nuevas olas de la epidemia. 

Sobre financiación, se propone habilitar programas presupuestarios para acelerar los proyectos que obtengan el respaldo de la UE en materia de productos sanitarios; incrementar la financiación a través de los correspondientes mecanismos de financiación autonómica; y redistribuir equilibradamente los recursos estatales y/o europeos a las CCAA.

Finalmente, sobre el modelo de atención sanitaria, se suprime la idea de “repensar los hospitales con base en criterios de autonomía de gestión, trabajo en red e instrumentos de buena gobernanza”, así como los de “promover alianzas o integraciones en red de hospitales próximos para el servicio a poblaciones delimitadas”, “evaluar cómo han funcionado las Áreas o Unidades de Gestión Clínica” y “abrir los hospitales a los centros de salud y coordinar su cartera de servicios con la de la Atención Primaria en cronicidad”. Mientras que se añade un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio, propuestas en materia de TEA y TDAH, o culminar el proceso de transferencia de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las CCAA.