El Congreso de los Diputados seguirá una vía paralela a la del Senado para indagar sobre la presunta
compra ilegal de material sanitario durante la
pandemia del Covid-19. En este caso, la Comisión de Investigación se ha creado a instancias del
PSOE, aunque la hoja de ruta será permeable a las aportaciones de los grupos parlamentarios.
El PP, que ya definió el plan a seguir en la Cámara Alta, donde ostenta la mayoría absoluta, trata de cercar al gabinete de
Pedro Sánchez con nuevas comparecencias, incluidas las de las
exministras socialistas Nadia Calviño y Reyes Maroto. “En aras a perseguir ese afán de transparencia, el contenido material de la Comisión comprenderá los hechos o conductas concretas realizadas por las personas y administraciones implicadas en esta presunta trama corrupta de la
adjudicación de contratos millonarios sin las mínimas garantías y el cobro de comisiones ilegales o la obtención de fondos públicos con la excusa de la relajación de las normas impuesta por el Gobierno durante la pandemia”, expone el grupo de Alberto Núñez Feijóo.
El esquema que han presentado los populares en el Congreso de los Diputados para
investigar los contratos covid es parejo al del Senado. En su propuesta, el PP aboga por dividir la investigación en tres fases: una inicial de información documental; otra de comparecencias y una más dedicada a la elaboración del dictamen con las
conclusiones.
El PP defiende en su propuesta que el ámbito temporal de la investigación debe adelantarse al
1 de junio de 2018 hasta la actualidad y que debería centrarse exclusivamente en la actuación de la
Administración General del Estado (AGE). “El grupo popular se opondrá a cualquier pretensión de generar una especie de causa general extensiva a todas las administraciones públicas para diluir la responsabilidad política que únicamente corresponde al Gobierno y al PSOE”, expone.
Por el contrario, el PSOE defiende que la fase de información escrita y documentación englobe
“al conjunto de las administraciones públicas, autoridades y funcionarios”, así como a otras organizaciones públicas y privadas necesarias “para investigar, esclarecer y analizar las actuaciones e informaciones que constituyen el objeto de la Comisión”.
“La duración de los trabajos de esta Comisión será de cuatro meses desde su constitución. Este plazo podrá ser prorrogado por decisión del Pleno del Congreso de los Diputados”, recogen los socialistas en su propuesta.
‘Cerco’ sobre Pedro Sánchez y Begoña Gómez
El PP subraya que desde el pasado 21 de febrero, cuando se detuvo a una veintena de personas en el marco de la “Operación Delorme” (que derivó en la dimisión del exministro de Fomento
José Luis Ábalos), se fueron conociendo nuevas informaciones “que evidencian una trama de corrupción sistémica en el marco de la
compraventa de material sanitario durante la pandemia de la Covid-19”.
“Como consecuencia de este asunto están surgiendo nombres de personas y de empresas que están implicadas tanto en esta trama como en la obtención de fondos públicos, préstamos o rescates para sus propias empresas, y lo que es más grave, sus relaciones comerciales con la esposa del presidente del Gobierno,
Begoña Gómez”, señalan.
Añade el PP que esa situación “fue utilizada por el Gobierno para ostentar poderes extraordinarios que como se supo posteriormente utilizó para
extralimitarse en sus atribuciones”. “Conviene recordar aquellos meses, con el Parlamento cerrado, el Portal de Transparencia cerrado, la información dirigida desde la Moncloa y los procesos de contratación pública siguiendo un
mecanismo extraordinario, soslayando alguno de los imprescindibles controles”.
Solicitud de documentación y comparecencias
Más allá de la comparecencia de los implicados, los populares han solicitado además una serie de documentos e información relativa a auditorías y contratos relacionados con los ministerios y organismos afectados. Entre ellos, los
ministerios de Sanidad, Transporte e Interior, así como gobiernos autonómicos como los de Baleares y Canarias.
Formaciones como
ERC, Coalición Canaria y Sumar han registrado también una batería de solicitudes de documentación de contratos del Covid-19 y comparecencias. Entre ellas se encuentran las de los exministros de Sanidad
Carolina Darias, José Miñones y Salvador Illa, que han sido ‘convocados’ por los soberanistas catalanes.
Dictamen de conclusiones
Finalmente, el PP aboga por abrir un espacio de tiempo durante el cual los grupos parlamentarios podrán presentar sus propuestas para incorporar al dictamen de conclusiones de la Comisión, que habrá de ser debatido y ratificado.
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