El Gobierno de
Pedro Sánchez afronta ya el último tramo de la legislatura. Lo hace en un contexto marcado por las demandas de elecciones anticipadas por parte de las derechas, también en plena crisis del
PSOE por los casos de corrupción destapados en el partido y ya condenados por la Justicia. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene sobre la mesa buena parte de sus compromisos legislativos, con la intención de sacar adelante las
principales reformas pendientes. Los distintos departamentos trabajan para encarar la recta final del mandato.
En el caso del
Ministerio de Sanidad, las prioridades pasan por la Ley de los Medicamentos, la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud (SNS), la Ley Antitabaco, la Ley de Organizaciones de Pacientes y el
Estatuto Marco. Precisamente esta última norma concentra buena parte de la atención de los grupos parlamentarios. En sus respuestas a
Redacción Médica sobre el cierre de la legislatura, los partidos de ámbito nacional reclaman “el fin de los problemas” y “una estrategia definida”. Por su parte, las formaciones nacionalistas ponen el foco en las
cuestiones competenciales.
¿Cuál es la posición de los grupos sobre el proyecto legislativo de Sanidad?
Respecto a lo que queda por venir en este último tramo de legislatura, era de esperar, y así ha sido, que el PP dirigiera el foco sobre la
polémica relativa al Estatuto Marco. Los conservadores han sido especialmente críticos con el papel del Ministerio de Sanidad en el proceso de redacción de la norma, que ha sido rechazada en bloque por todas las comunidades autónomas que gobiernan. Desde el partido que abandera
Alberto Núñez Feijóo acusan al departamento de Mónica García de “enfrentar a los sanitarios” y “poner problemas” a las consejerías regionales de Salud.
Al margen de ello, fuentes del
Partido Popular avanzan que exigirán a la presidenta del Congreso,
Francina Armengol, que “saque del congelador” leyes como la relativa a la desgravación en el IRPF para celíacos, que lleva en los cajones de la Cámara desde hace más de un año. También deslizan su aspiración de recuperar normas que naufragaron en el pasado tales como el
plan nacional de agresiones a sanitarios. Tal y como avanzó Redacción Médica, su intención es que la estrategia esté lista para otoño.
Tal y como publicó
Redacción Médica,
Sumar ya se ha reunido al menos una vez con el Ministerio de Sanidad (con cuyos dirigentes comparte siglas) para priorizar las negociaciones por determinados proyectos legislativos. No hay aún una estrategia completamente definida al respecto, aunque desde el Grupo Plurinacional consideran "claves" los
proyectos de ley de Organizaciones de Pacientes y de Medicamentos (este último aún no está en tramitación parlamentaria).
Fuentes del partido también resaltan la importancia de
sacar adelante el Estatuto Marco, si bien matizan que aún queda bastante para que el texto, que sigue en fase de audiencia pública, llegue al Congreso. Más allá de los proyectos impulsados por Sanidad, en Sumar quieren seguir empujando por sacar adelante la
Ley de Ratios de Enfermería, cuyo articulado será enmendado al menos por el socio minoritario de Gobierno para establecer que las ratios se fijen por complejidad de cuidados.
Consultado por
Redacción Médica, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza pronunciarse al respecto.
El nacionalismo pide "negociación" y respeto a sus competencias
Por su parte, los grupos nacionalistas del Congreso aguardan con el mismo grado de optimismo que de escepticismo los proyectos legislativos del
Ministerio de Sanidad. De hecho, sus demandas determinarán la postura de Vox, que asegura que no se impondrán a ninguna ley que sea beneficiosa. Sin embargo, fuentes del partido ya adelantan que los problemas aparecerán junto a los reclamos de estos grupos. Desde
EH Bildu ven visos para el acuerdo, pues, afirman, estas leyes incorporarían “avances importantes en materia sanitaria”. “Trabajaremos para que salgan adelante”, avanzan fuentes de la
coalición soberanista, que tratará de “incorporar mejoras durante su tramitación” para “reforzar el sistema público de salud, mejorar las condiciones de sus profesionales y
garantizar derechos para la ciudadanía”.
Eso sí, subrayan que para su partido “será fundamental que cualquier reforma respete las competencias de las instituciones vascas en materia sanitaria y no suponga una invasión competencial”. Un mensaje que trasladan también desde
ERC, formación que advierte de que si el Gobierno sacar adelante su programa legislativo sanitario “lo principal es que se siente a negociar”, garantizar el “respeto” a la autonomía catalana y acompañar las propuestas de “
partidas presupuestarias suficientes para aplicarlas”.
"Porque, por ejemplo, recientemente nosotros le propusimos al Gobierno ampliar la
gratuidad de la cobertura bucodental y la respuesta por parte del PSOE para no abrirse ni a estudiarla, tal como nos trasladó la ministra de sanidad, fue que esta medida tiene impacto presupuestario", añaden estas fuentes.
Finalmente, desde el BNG se limitan a incidir en que e
l Estatuto Marco no ha llegado todavía al Congreso y que el resto de proyectos de Ley habrá que estudiarlos por separado cuando se los traslade el Ministerio.
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