Gran parte de las quejas recibidas por el
Defensor del Pueblo en materia de
vacunación Covid-19 han tenido que ver con la
asignación de las dosis y no con el reparto entre las comunidades autónomas. Entre las más de 12.300 solicitudes y actuaciones de oficio realizadas por este organismo hasta este lunes, ninguna ha estado relacionada con
problemas de distribución.
Con estos datos respondía Francisco Miguel Fernández Marugán,
Defensor del Pueblo en funciones a la petición del Grupo Parlamentario Popular para que informara sobre las quejas recibidas en cuanto al reparto de dosis por parte del Ministerio de Sanidad entre los diferentes territorios del país.
El organismo asegura
no haber encontrado motivos para iniciar una actuación de oficio al no tener conocimiento sobre obstáculos en la campaña de vacunación debidos a esta cuestión. Según ha explicado, el
reparto de dosis se ha realizado "equitativamente" según los grupos de vaucnación definidos en la estrategia de vacunación acordada en el Consejo Interterritorial.
Más allá de las irregularidades adminstrativas, la mayoría de actuaciones, de oficio o a petición ciudadana han manifestado "una inquietud por la situación pandémica" y problemas en cuanto a los grupos de vacunación, entre ellos los
mutualistas.
En la fase de vacunación de las personas de más de 80 y 70 años, la Institución recibió quejas de beneficiarios de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y Mutualidad General Judicial (MUGEJU). Estas quejas, en su mayoría procedentes de la Comunidad de Madrid, indicaban que no recibían información sobre si les vacunarían igual que al resto de las personas, ni cuándo. Aunque a día de hoy, el asunto se ha resuelto y los afiliados a las distintitas mutualidades están siendo vacunados por los servicios
públicos de salud, el Defensor asegura n
o haber recibido respuesta por parte del gobierno madrileño en esta materia.
Vacunación de cuerpos de seguridad y no residentes
La Institución se ha ocupado también de las quejas relativas a la falta de vacunación de p
olicías y guardias civiles en Cataluña, que denunciaban una diferencia de trato frente a sus compañeros, los Mossos d'Esquadra y los miembros de la Policía Local. Finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a finales de abril al Departamento de Salud de la Generalitat a la vacunación de los miembros de estos colectivos allí destinados en el
plazo de diez días.
El Defensor también ha interferido en relación a la vacunación de las
personas mayores de 80 años que vivían en una comunidad autónoma distinta a la de su residencia habitual, y aquellos ciudadanos de otros países residentes en España, que no están registrados en los servicios autonómicos de salud.
Fernández Marugán asegura que tanto Sanidad como las autonomías están realizando de forma
"correcta el proceso de vacunación", con un ritmo "muy alto" en estos momentos. Sin embargo, y ante la competencia acusada que existe en muchos países, considera que habría que esforzarse en que las vacunas se extiendan no solo por Europa sino por otros lugares con gran impacto Covid.
Destrucción o pérdida de vacunas
No satisfechos con su discurso, desde el Grupo Parlamentario Popular consideran que la Defensoría debería haber tenido más iniciativas en cuanto a la vacunaición de la población, ante la llegada de lo que consideran una
"nueva gripe aviar" y dado que solo se han realizado 28 actuaciones de oficio, es decir el 0,23 por ciento del total de asuntos tramitados en este organismo.
Su portavoz, José Ignacio Landaluce criticaba el hecho de que no se hayan investigado la
destrucción o pérdida de "un buen montante" de vacunas por parte de las comunidades autónomas. Además consideran que la ciudadanía no dispone de "los suficientes conocimientos científicos" como para poder decidir entre una segunda dosis de Pfizer o AstraZeneca, de acuerdo con las recomendaciones de Sanidad.
En esta misma línea opinaba el Grupo Parlamentario Vox, que afea a Sanidad el hecho de alterar la ficha técnica a la hora de "mezclar vacunas" y cree que la
responsabilidad del Estado "permanece sobre el consentimiento de los pacientes". Respecto a la distribución de dosis, el grupo señalaba que solo hay disponibles 800.000 vacunas de AstraZeneca en estos momentos cuando faltan casi 5 millones de pacientes por inocular la segunda dosis.
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