El grupo parlamentario de Vox en el
Congreso ha enviado al Grupo Socialista un paquete de propuestas que quiere someter a votación este miércoles para que se apliquen durante la prórroga del Estado de alarma que ha solicitado el Gobierno, entre las que destacan que, mientras esta situación se prolongue, se despoje a Cataluña de todas sus competencias autonómicas,
así como que la tramitación de indultos quede suspendida durante este periodo.
En concreto,
Vox defiende que todas las comunidades conserven las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estimen necesarias en el marco de las órdenes directas que dicte la autoridad competente, es decir,
el Gobierno central.
Los de Abascal no cuestionan que mientras dure la alarma, la autoridad competente siga siendo el presidente del Gobierno y los ministros de Defensa, Interior, Sanidad y Transportes, pero sí demandan que se dé cierto margen de maniobra a las comunidades para poner en marcha las medidas que determine el Ejecutivo central.
Lo plantean para todas las comunidades, salvo para Cataluña, donde quieren que todas las competencias queden en manos del Gobierno de Pedro Sánchez, y
se aplique una especie de artículo 155 de la Constitución encubierto.
También apuestan por dejar en suspenso los expedientes de indulto que se hayan empezado a tramitar y por no iniciar ninguno más mientras
no vuelva la normalidad.
Además,
Vox señala que "durante el estado de alarma y mientras el sistema sanitario español permanezca en situación de saturación como consecuencia del COVID19, los extranjeros que no sean titulares de una autorización para residir en territorio español podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial".
Comparecencias semanales
Asimismo, quieren obligar al presidente del Gobierno y los ministros que están al mando a comparecer una vez a la semana ante el Pleno del Congreso para dar informar del desarrollo de los acontecimientos y ofrecer los datos que les demanden los grupos políticos.
Y que, una vez finalice la alarma, el Gobierno "responda en el Congreso" antes de que pase un mes.
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El incumplimiento de no entregar EPIs a las fuerzas de Seguridad debería dar lugar a la correspondiente indemnización
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En otra de sus propuestas, Vox sugiere que "por razones imperiosas de interés general" se amplíe el plazo de permanencia de los internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros y que cuando se acabe la alarma se les expulse "de manera inmediata" de España.
Entre sus demandas incluyen también que los extranjeros que no tengan permiso de residencia puedan obtener la prestación de asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud mediante
el pago de la correspondiente prestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial.
Vox solicita asimismo, que no se concedan ayudas ni se financie de forma extraordinaria por ninguna vía a medios de comunicación públicos ni privados ni siquiera cuando vuelva la normalidad como auxilio si sufren pérdidas económicas.
También quieren que se suspenda el devengo de subvenciones a partidos y sindicatos en este periodo.
Si no hay EPIs, "habrá que indemnizar"
Desde Vox quieren obligar al Estado a proveer de equipos de protección individual adecuados al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, los vigilantes de seguridad privados, las personas que trabajan en las cárceles, los que prestan servicios en centros sanitarios públicos o privados, y
el personal de atención al público de todos los establecimientos abiertos al público.
El incumplimiento de esta obligación debería dar lugar a la correspondiente indemnización, sin perjuicio de que pueda haber también responsabilidades penales. Además, piden considerar a los funcionarios de prisiones agentes de autoridad mientras no se recobre la normalidad.
Por último, los de Abascal plantean un plan específico de seguimiento y protección sanitaria de los centros residenciales de personas mayores y equivalentes.
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