El Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas fijar
un nivel máximo de los precios públicos para estudiar una carrera universitaria y que estas cifras no superen a las que había establecidas en el
curso 2011/2012. Esto significa que en el caso de
Medicina -una de las titulaciones más caras- cada matrícula costaría, de media,
400 euros menos al año, al pasar de 1.500 de media que cuesta en la actualidad, a los aproximadamente
1.080 euros de media que costaba en el curso 2010/2011, según la estadística de precios públicos universitarios del Ministerio de Educación.
Así lo ha expresado este jueves el ministro de Universidades,
Manuel Castells, en comisión parlamentaria, donde ha informado de la reunión que ha tenido por la mañana con las comunidades en el seno de la
Conferencia General de Política Universitaria. En esta primera cita, Gobierno y consejerías del ramo han anunciado que intentarán llegar a
“una fórmula de consenso” sobre las tasas universitarias en los próximos días, después de que el Ejecutivo eliminara el pasado martes
el sistema de horquillas para fijar los precios y que suponía un aumento del precio de la matrícula universitaria.
El Gobierno propone abaratar 400€ al año el grado de Medicina
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En la comisión del Congreso, el ministro de Universidades ha defendido su propuesta alegando que
la diferencia de precios públicos que existía hasta ahora “generaba una situación de inequidad entre las CCAA”, disparada, especialmente, tras el curso 2011/2012.
“Algunas regiones subieron muchos los precios, otras no”, ha manifestado, “pero este Gobierno lo que quiere evitar es tener un sistema variable de precios. Nuestro objetivo es
homogeneizar el precio de los distintos títulos que se ofrecen en cada comunidad”.
No obstante, Castells ha asegurado que, de momento, solo se ha establecido que existirá un precio máximo que no se podrá superar, pero
no la cifra. “Tanto Gobierno como CCAA estamos negociando el precio máximo y quién lo paga. Hay voluntad por parte de todos de llegar a un sistema equitativo”.
Estatuto del personal docente e investigador
Otro de los proyectos que ha informado Castells en sede parlamentaria ha sido sobre el
Estatuto del Personal Docente e Investigador en el que trabaja el Gobierno. Tal y como ha expuesto el ministro, la idea es “dar alternativas y un plazo para la reconversión de los profesionales que están actualmente en precariedad laboral” pero
sin “funcionalizar” a todo el personal, porque, en su opinión, eso conllevaría más rigidez al sistema.
Por todo ello, proponen una carrera académica, docente e investigadora
dos trayectorias: una funcionarial (guardando los derechos que tiene el trabajador) y otra laboral. En ambos casos, ambos perfiles laborales tendrán “los mismos derechos y obligaciones”.
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