El
Pleno del Congreso ha aprobado hoy la convalidación del
Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, con
196 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones.
La norma,
duramente criticada por los profesionales sanitarios, introduce una serie de modalidades en las que se autoriza con carácter excepcional y transitorio la
contratación por las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de aquellas personas con grado, licenciatura o diplomatura que carecen aún del título de Especialista reconocido en España, para la realización de funciones propias de una especialidad. Además, indica que el contrato que se suscriba permitirá el desempeño de la actividad asistencial y podrá prolongarse hasta
doce meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses.
Finalmente, este real decreto-ley recoge en su artículo 3 una serie de medidas relacionadas con la prestación excepcional de servicios del personal médico y de enfermería estatutario, laboral y funcionario. Una de ellas alude a que cada Comunidad Autónoma podrá destinar al personal enfermero o médico laboral que preste servicios en centros o instituciones sanitarias de carácter público, de forma excepcional y transitoria, a causa de la
insuficiencia de personal médico provocada por la pandemia del Covid-19, a cualquier dispositivo asistencial del Sistema Nacional de Salud, dentro de su provincia de destino.
Esterilización forzada
Además, el Pleno del Congreso ha aprobado hoy por unanimidad, el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la propuesta de reforma del Código Penal contra la
esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, que no modifica el informe de la ponencia.
Esta iniciativa continúa su tramitación en el
Senado que, dado el carácter orgánico de la propuesta, deberá realizar una votación de conjunto en la que el texto necesita la mayoría absoluta de la Cámara Alta para su aprobación definitiva y entrada en vigor.
Esta proposición de ley orgánica procedente del Senado, que aprobó su toma en consideración el pasado mes de marzo, tiene como objeto aplicar lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establece que los estados partes deberán modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra esas personas, como leyes de tutela y otras normas que vulneran el derecho a la capacidad jurídica;
leyes de salud mental que legitiman la institucionalización forzada y la administración forzada de tratamientos, que son discriminatorias y deben abolirse; la esterilización de mujeres y niñas con discapacidad sin su consentimiento.
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