Mientras se está negociando en las Cortes Generales el
traspaso de las competencias sobre Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas, el Grupo Parlamentario Socialista quiere saber cómo se encuentra esta situación actualmente.
Por este motivo,
Jesús María Fernández, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad, ha
presentado una pregunta a la Mesa del Congreso en la que recuerda que el
Real Decreto 190/1996 establece que la Administración Penitenciaria y las Administraciones Sanitarias formalizarán los correspondientes
convenios de colaboración en materia de salud pública
y asistencia sanitaria para definir criterios de coordinación, protocolos, planes y procedimientos, así como la financiación a cargo de la
Administración Penitenciaria de la asistencia precisada.
En este sentido, los socialistas quieren saber con qué Administraciones sanitarias se han firmado convenios, y sobre ellos, cuál es la fecha de vigencia y las prórrogas, la naturaleza de los servicios conveniados, la modalidad de facturación y pago y las cantidades facturadas, desembolsadas y pendientes de pago. Sobre estas últimas, además, el calendario previsto de desembolso.
Además, el PSOE pregunta al Ejecutivo si hay
previsión de suscribir nuevos convenios con las administraciones con las que todavía no se ha hecho. Fernández, en representación de su grupo, también pide información sobre
si existe algún plan por parte de la Administración Penitenciaria para
homogeneizar los convenios con las diferentes autonomías.
Impacto en la salud de las leyes
Pero no solo sobre la
sanidad penitenciaria ha demandado información el Grupo Parlamentario Socialista, que ha
registrado también otras preguntas en la Mesa del Congreso buscando una respuesta del Ejecutivo sobre cuestiones como el impacto en la salud de las leyes aprobadas, el reconocimiento de cualificaciones de las profesiones sanitarias o la situación sobre el tabaquismo.
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El PSOE pregunta cómo se establece qué normas aprobadas requieren el estudio del impacto sobre la salud
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Respecto a la primera de ellas, el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad, ha preguntado sobre el impacto en la salud de las normas, planes, programas y proyectos aprobados, según recoge la
Ley General de Salud Pública 33/2011, de 4 de octubre. En ese sentido, y ante la obligación de realizar evaluaciones, pregunta cuáles se han realizado, de qué manera se han integrado los resultados en el sistema de información de salud pública y dónde están accesibles para que la ciudadanos pueda consultarlos.
Además, quiere que se especifiquen los criterios del Gobierno para seleccionar las normas, planes, programas y proyectos que requieren dicho estudio.
Cualificaciones profesionales
Por otro lado, el PSOE recuerda que el pasado 18 de enero acabó el plazo que la Unión Europea daba a los Estados Miembros para trasponer la
directiva 2013/55/UE, que pedía modificar las anteriores para establecer un nuevo sistema de
reconocimiento de cualificaciones profesionales, una normativa que afecta al reconocimiento mutuo entre los Estados de la Unión de las profesiones sanitarias.
Dado que a fecha de hoy aún no se ha publicado el Real Decreto que aborda este asunto y que la Comisión volvió a pedir explicaciones al Gobierno el pasado mes de septiembre, el PSOE quiere saber en qué situación administrativa se encuentra la norma, cuándo tienen previsto aprobarla, o cuáles son las alegaciones que los profesionales sanitarios han hecho en el trámite de audiencia.
Ley antitabaco
Por último, el Grupo Socialista quiere que el Gobierno conteste sobre las
medidas sanitarias frente al tabaquismo, después de que la
legislación de 2010 estableciera la obligatoriedad de hacer un informe bienal, un trámite que ya cumplió José Luis Rodríguez Zapatero en 2013. A falta del segundo informe, el PSOE quiere saber si se ha hecho, y en caso de que sí, por qué no se ha remitido a las Cortes. En caso contrario, los socialistas quieren saber por qué no se ha hecho.
La pregunta registrada por Jesús María Fernández explica que el propósito es conocer la situación real respecto al cumplimiento de los objetivos de la Ley, así como conocer su impacto en la salud pública 5 años después de la entrada en vigor de la normativa. Por eso solicitan saber de qué datos se dispone sobre el cumplimiento, cuál es la percepción de la ciudadanía y el grado de cumplimiento en lugares como restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, parques infantiles, centros de trabajo y entornos hospitalarios, etc.
Para afrontar lo que llaman "deshabituación", los socialistas preguntan qué datos existen de utilización de estos servicios, qué programas específicos existen en las comunidades autónomas, cuáles son las tendencias de los consumidores y la situación actual de las ventas de productos de tabaco respecto a las ventas de 2012.
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