El área de trabajo de sanidad y servicios sociales de la
Comisión para la Reconstrucción social y económica de España tras la epidemia del
Covid-19 ha debatido este miércoles, 1 de julio, el redactado final del que será el gran pacto sanitario para reformular la sanidad española tras la epidemia del coronavirus. Como ya se adelantó la pasada semana, el texto se ha configurado bajo el
redactado de los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos.
Y es que, el texto original del
PSOE y Unidas Podemos había recibido un total de 326 enmiendas por parte de los grupos políticos Ciudadanos, Canarias, ERC, PP, Bloque Nacionalista Gallego, Teruel Existe, JuntsxCat, PNV, EHBildu y Más País. Cada una de las enmiendas se ha votado de manera individual,
por petición del Partido Popular, y no en bloque de partido como se coordinó en un primer momento. Entre las ideas principales los grupos han mostrado un gran consenso en aumentar el
poder de la Salud Pública, potenciar la inversión y reorganizar los
RRHH.
Así, el redactado final conjugará opiniones de gran parte de la Cámara Baja en un proyecto unificado que convierte en realidad la
demanda política de un gran P
acto de Estado por la Sanidad. Petición reiterada no solo entre los muros del Congreso de los Diputados sino también por
colectivos profesionales y voces relevantes del sector.
La
portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad, Ana Prieto, ha sido la encargada de defender el texto base ha asegurado que “la sanidad pública es una inversión rentable e imprescindible para la gestión”. Abogando por que su proyecto es una cambio total en la forma de gestionar “que nos gustaría haber efectuado en un contexto diferente”, Prieto ha abogado por una sanidad actualizada a los avances científicos que se van produciendo.
El documento nace con la idea de cambiar la actual forma de gestionar la sanidad adaptándolo a la realidad social, económica y científica
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Por su parte, la también portavoz de
Unidas Podemos ha expresado que su proyecto defiende un sistema de salud público y una coordinación entre comunidades autónomas y Estado pese a las críticas de varios grupos que han acusado al texto de querer quitar competencias autonómicas. En este punto ha defendido uno de los puntos del borrador en el que se planea impulsar un nuevo pacto social “en pro de la sanidad pública” que “se basará en los valores y principios de la sanidad pública, de modo que sean posibles los acuerdos necesarios para gestionar el
SNS con base en ellos, gobierne quien gobierne”.
326 enmiendas por "la Sanidad y los profesionales sanitarios"
Ana Pastor, portavoz del PP en el este grupo de trabajo, ha insistido en la necesidad de impulsar el pacto por la Sanidad, conocido como
Pacto Cajal en su proyecto político. Además, Pastor ha demandado la necesita de una mejor Atención Primaria, hospitalización domiciliaria, una red de laboratorios de microbiología unificado por el Centro Nacional, una oficina de atención a las víctimas de la Covid-19, una ley de ordenación de profesiones sanitarias, y un
plan de recursos humanos del conjunto del sistema (medida que incluye una dotación económica).
En materia de salud pública el PP plantea en sus enmiendas reforzar la autorización autonómica y estatal de la salud pública para que “todas las CCAA participen en su toma de decisiones”. “Tenemos que contar con los veterinarios, incorporar una cartera básica de salud pública”, ha añadido. Sobre la
reserva estratégica, Pastor ha recordado que sería necesario que no solo fuera de material sanitario sino también de
profesionales, petición con la que ha coincidido con Ciudadanos, y de medicamentos.
Los grupos destacan la importancia de la gestión sanitaria
PP y Ciudadanos coinciden en exigir un fondo de reserva no solo de material sanitario sino también de profesionales
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El
grupo parlamentario Ciudadanos con sus 12 enmiendas ha destacado el buen hacer del documento de base que fue aprobado “excepto algunos puntos” que han tachado de tener una visión “antigua” de la gestión sanitaria. En este sentido, han presentado una enmienda para que los
directivos sean contratados “siempre y cuando cuenten con capacitación profesional basándose en los principios de mérito y capacidad”. En sus enmiendas, Ciudadanos también exige que haya una reserva de profesionales sanitarios que puedan actuar en momento de epidemia como la que se ha vivido en el país.
El diputado de Teruel Existe, por su parte, ha presentado sus cinco enmiendas en un reconocimiento de un borrador “que plantea un gran trabajo de la Comisión”. Uno de sus textos, tal vez el más llamativo, es en el que insiste en la creación de un MIR de gestión. “Siguiendo el modelo de formación del MIR proponemos una formación para gestores sanitarios”, ha explicado de este proyecto que no exige que estos
gestores sean necesariamente formados en Ciencias de la Salud. Además, Teruel Existe ha remarcado la necesidad de la creación de una historia clínica digital y una tarjeta sanitaria única que varios grupos políticos, como el PP o Ciudadanos, ya han demandado durante los últimos años.
Medidas especiales para las islas y Ceuta y Melilla
Desde Coalición Canarias, además de la puesta en marcha de medidas concretas para las islas, por su carácter insular y, por ejemplo, la gran cantidad de puertos aéreos y marítimos de entrada; Ana Oramas, diputada del partido, ha exigido la necesidad de aumentar ratios. “Aunque las islas tengan una población pequeña tienen derecho a no morir de un ataque al corazón”. Sus enmiendas, aceptadas por el PP y el PSOE, se han debatido como transaccional para que las peculiaridades insulares no solo se apliquen a las Islas Canarias sino también a
Baleares y Ceuta y Melilla.
Por parte de EHBildu se ha denunciado que no se ha tenido en cuenta la distribución de competencias y la historia del
sistema sanitarios en el País Vasco y en Navarra. Al igual que ha ocurrido durante los debates de las prórrogas del estado de alarma, el partido ha continuado una línea en la que ha denunciado la falta de “tacto” a la hora de tener en cuenta las diferencias entre comunidades autónomas.
Para profesionales sanitarios: eliminar la tasa de reposición
Los grupos de corte nacionalista insisten que el borrador presentado por PSOE y Unidas Podemos ataca las competencias
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El PNV, por su parte, ha afirmado que sigue en el “no” al documento base cómo ya manifestaron cuando se aprobó el borrador. Mediante 49 enmiendas, el
PNV ha pedido que se corrijan conceptos de ámbito competencial. “En todo el texto debe quedar claro el respeto competencial y el esquema por el cual al Estado le corresponde únicamente la Sanidad exterior y temas de medicamentos que no estén traspasados”, han exigido con especial atención en que no se establezcan topes en las Ofertas Públicas de Empleo y la tasa de reposición.
En esta línea de EHBildu y PNV, también ha coincidido el
grupo nacionalista gallego quién ha demandado que se elimine la tasa de reposición asegurando que es necesario que exista una mayor inversión en recursos humanos para hacer frente a nuevos brotes. Tema con el que ha coincidido MásPaís añadiendo que el Sistema Nacional de Salud está “mal financiado y escaso de recursos
infravalorando la Salud Pública y la Atención Primaria”.
JuntsXCat, además de insistir en el concepto competencial y pedir también la gestión de los edificios del área sanitaria, “no solo de los recursos humanos”, ha solicitado ayudas para la ciencia. Siendo uno de los grupos que más insistencia ha puesto en este aspecto y señalando que es necesario una mayor inversión.
ERC, en este aspecto, ha acusado a los diputados de no hacer la profunda reflexión para algo “tan serio” como el cambio del sistema sanitario “que estamos debatiendo aquí”.
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